Nada nuevo hay bajo el sol en el fondo. Lo que ha cambiado sustancialmente en ese tema es la forma.
Me refiero al escándalo desatado por el uso del gobierno mexicano del programa de espionaje “Pegassus”, en el cual de acuerdo a un periódico estadounidense que se basó en reportes de diversos organismos privados, la administración peñista ha tratado de robar información por diversos medios digitales y telefónicos, de varios periodistas y activistas de derechos humanos.
Desde luego que es inmoral y punible esa vigilancia y hurto de datos personales si es que existe, pero al lado de esa certeza también es risible que haya quienes se desgarren las vestiduras y se arranquen las cabelleras a tirones ante esas circunstancias, cuando hasta los niños saben en México que el espionaje telefónico y ahora la intervención de correos electrónicos y redes sociales es prácticamente la normalidad.
Por Dios, no ha existido gobierno, sin excepción de rangos, ni partido político y hasta muchas empresas privadas, que no practiquen esa aberrante actividad. La diferencia es el papel que les toca desempeñar, porque cuando ellos son los “pájaros en el alambre” al espionaje se le llama “herramienta de apoyo”, pero cuando los verdugos resultan ser las víctimas del mismo entonces pegan el grito en el cielo y denuncian el delito como si les arrancaran la piel. Todo es, como asienta la voz popular, según el color del cristal con que se mira. A mí, en lo particular, me parece preocupante otra cosa, que se puede leer entre líneas en la explicación que ofreció el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre los motivos para aplicar ese, para decirlo en forma elegante, seguimiento.
En una frase, Osorio afirmó que ese sistema se utiliza para descubrir criminales y desde luego, para detenerlos y castigarlos. Y la pregunta podría ser:
Si el gobierno federal tiene ese objetivo como fundamental en ese sentido, ¿significa que algunos periodistas y “ombudsman” podrían tener nexos con el crimen?
En lugar de llorar y persignarse ante la Virgen de Guadalupe por el supuesto acoso de “Pegassus”, los aparentes involucrados en este sainete deberían de cerciorarse de si el gobierno no les tiene en la mira por probables vinculaciones, directas o indirectas, ciertas o falsas, con la delincuencia. Porque como reza el dicho: Caras vemos, corazones no sabemos…
Abusivos…. ¿y necesarios?
Ayer, en la sesión de Cabildo en Victoria, el regidor Fernando Arizpe le echó gasolina a una hoguera que de vez en cuando surge en esta localidad: el tema de los parquímetros.
Al hacer uso de la palabra, Arizpe lanzó una catilinaria contra la empresa que maneja esos medidores de tiempo para estacionar automóviles, al calificarla de voraz, violadora de la ley municipal, usurpadora de funciones, abusadora, beneficiaria de privilegios “en lo oscurito” o concretados en una mesa de cantina y otras lindezas por el estilo que la hicieron ver como una sucursal de la Cueva de Ali Babá.
La voz de Fernando sin duda refleja una molestia generalizada por la forma punitiva con que se maneja la empresa al aplicar las llamadas “arañas” en los vehículos para inmovilizarlos y obligar a los propietarios de las unidades a pagar de inmediato la multa, que es el verdadero negocio de la operadora, pero creando mil problemas, muchas veces reflejados en llegadas tarde al trabajo, a la escuela y hasta a una emergencia. En mi percepción, es un atentado que raya en lo criminal.
¿Tienen algo de bueno los parquímetros?
También en mi opinión, sí. Han sido una solución al drama que era encontrar un sitio para estacionar en el primer cuadro de la ciudad, por el uso -también abusivo- de los dueños o trabajadores de negocios cercanos que usaban las calles como propiedad privada. Por lo menos, hoy es posible en una o dos “vueltas” hallar un espacio para ese fin.
En fin, creo que lo único que le faltó a Arizpe fue decir lo que costaría revocar el contrato a la empresa. De acuerdo a un periodista amigo y gran conocedor del quehacer gubernamental, el Ayuntamiento tendría que pagar ¡60 millones de pesos! como penalización por invalidar el contrato antes de tiempo.
Con esa cifra, ¿habrá quién le atore a ese asunto?…
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