CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- A pesar de que Tamaulipas contaba con más de 65 instalaciones acuícolas de peces y crustáceos, los problemas de inseguridad que se registran en el campo y la falta de apoyos, originaron que muchos de ellos cerraran, originando una caída en la producción, principalmente en las zonas productoras que se ubican en las cercanías de la presa Vicente Guerrero.
Esta misma situación originó que instituciones de investigación y transferencia de tecnología, suspendiera sus programas de apoyo a las comunidades rurales, donde se capacitaba a los ejidatarios en la producción de peces.
Uno de ellos fue la cancelación del proyecto de cultivo de peces del Centro de Estudios Tecnológicos del mar en Tampico, el cual desde el año 2007 lo suspendió por el problema de la inseguridad.
Ese programa existía desde el año 2000, y entre sus primeros logros fue el visitar 8 comunidades rurales, para capacitar a las familias en la producción de peces como la tilapia y el bagre, sin embargo se tuvo que suspender al no estar garantizada la seguridad para los alumnos.
Asimismo, el año pasado más de mil 500 productores de la ribera del río Tamesí, del municipio de Altamira, hicieron público un presunto fraude por parte Antonio Pérez y Arturo Loide, a quienes señalaron de haber utilizado documentos oficiales y firmas de ellos para bajar proyectos de granjas acuícolas para su beneficio.
José Guadalupe Amado, uno de los representantes de los grupos de pescadores, fue el que denunció esta irregularidad, la cual se cometió con el apoyo de la subsecretaría de pesca del Gobierno del Estado en el año del 2015.
El afectado explicó que en ese año Antonio Pérez, con engaños de bajarles apoyos, recogió papelería oficial de los pescadores, como copias de credencial de elector y firmas, para anticipar los proyectos acuícolas que servirían para contar con un ingreso económico de los pescadores durante la época de veda, los cuales nunca llegaron.
Sin embargo, descubrieron que sólo la cooperativa pesquera de Antonio Pérez y Arturo Loide, sería la única que recibiría el recurso para instalar las granjas acuícolas y los laboratorios.
Dijo que con esto se afectó a más de mil 500 pescadores de comunidades rurales como Mata del Abra, El Fuerte, Esteros, el Repecho, entre otras del municipio de Altamira.
Agrega que a pesar de que se exigió una investigación con protestas y marchas, el Gobierno del Estado, en la administración anterior, nunca atendió su demanda.
Inseguridad acabó con las granjas en la presa Vicente Guerrero
A partir del año 2000 por parte del Gobierno del Estado se impulsó diversos proyectos para la producción de peces en granjas, por lo que anualmente se otorgaban apoyos de entre los 7 y los 14 millones de pesos, lo que permitió la creación de por lo menos 20 granjas en la presa Vicente Guerrero, de grupos de pescadores de Casas, Padilla, Güémez y Abasolo.
Sin embargo, los problemas de inseguridad y la falta de apoyo gubernamental, originaron que este tipo de agronegocios se vieran obligados a cerrar, por lo difícil que era trasladarse de sus comunidades a la zona de la presa donde se ubican.
Uno de los productores del municipio de Abasolo, que pidió el anonimato, explica que sufrió el robo de toda la producción en el año del 2012, así como del equipo que contaba en su granja.
«Se llevaron todo, más de 10 toneladas de bagre y tilapia, pero dos meses más tarde volvieron por todo el equipo, el cual se llevaron impunemente, ya que no se contaba en la región con ningún tipo de seguridad policial a donde denunciar».
Agrega que a pesar de ser un apasionado de este tipo de negocios, no volverá a invertir, debido a que la situación continúa siendo difícil en la zona.
