Eran los primeros días de julio de 2006. La elección presidencial se llevó a cabo el día dos y por un mínimo margen de 100 mil votos, el candidato del PAN Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se ungía como el ganador entre escándalos y señalamientos de guerra sucia.
Al abanderado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador lo había vencido el sistema y pese al desgastante conflicto post electoral que emprendió desde la capital del país, todas las fuerzas económicas y políticas del país decidieron respaldar a Calderón, quien daba un salto espectacular, desde la dirección de Banobras, un puesto de segundo nivel, a la misma Presidencia de la República.
En el clímax del conflicto poselectoral, el priismo nacional agonizaba como una bestia moribunda luego de llegar a la penosa tercera posición. Un hecho jamás registrado en su historia como Partido Político en el poder desde su fundación.
Pero la desgracia sólo era parcial. Desde la alternancia política en 2000 que acabó con 70 años de régimen, el PRI mantuvo y retuvo con recelo las gubernaturas en la mayoría de los estados de la República.
Desde ese entonces, el poder absoluto que emanaba de Los Pinos, fue diezmado por pequeños virreinatos que ocuparon con los más terribles excesos los gobernadores, especialmente los emanados del priismo. Su punto máximo llegó con la formación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, formada desde 2002 como una vía alterna al diálogo y como contrapeso al gobierno de la alternancia.
Como uno de sus más importantes representantes, el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, recibió dos llamadas con una misma petición: reunir a sus homólogos y dar el total respaldo a Felipe Calderón.
La primera llamada fue de Pedro Cerisola, entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes y de la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo (hoy presa por delincuencia organizada y lavado de dinero).
Tras las llamadas que después fueron difundidas en algunos medios, “Geño” convocó a sus compañeros para cerrar filas.
Fue esa misma reunión de la Conago la que decidió en 2006 dar su apoyo total al entonces presidente electo Felipe Calderón Hinojosa y hacer caso omiso a las
querellas del obradorismo que en ese entonces emprendió un plantón frente al Congreso de la Unión, en plena Avenida Reforma.
Con el respaldo del priismo y desgastado por el conflicto poselectoral, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no tuvo otra alternativa que doblar las manos ante los abusos y excesos de los gobernadores que disfrutaron de un poder ilimitado y casi absoluto.
Lo que pedían, era lo mismo que les daban. Inversiones federales que nunca se transparentaron principalmente en programas sociales y obra pública. Que no se transparentaban a pesar de que el gobierno de su antecesor, Vicente Fox llevó a cabo junto al Congreso de esa época la Ley de Transparencia.
Ante las presiones que enfrentaba en una Ciudad de México dominada por la izquierda obradorista y desde los estados bajo el control del PRI, su decisión para legitimarse y consolidar su gobierno fue sacar al ejército de sus cuarteles y emprender una de las campañas más costosas en vidas humanas en la historia contemporánea del país.
Pero fue también el instrumento ideal para debilitar a ese PRI que desde los ochenta era relacionado con los líderes del narcotráfico. Su laboratorio predilecto lo fue en un principio el perredismo empoderado en Michoacán, su tierra natal, pero en el orden de prioridades vendría después Tamaulipas.
Y fue así que el estado sufrió a partir de 2010 una de sus historias más violentas. Tal vez jamás vivida.
Enfrentamientos entre grupos armados, secuestros, desapariciones, asesinatos de inmigrantes, y un magnicidio. Fue la escalada de violencia que aumentó con efervescencia en todo el territorio tamaulipeco, y mientras los gobiernos de Eugenio Hernández y de Egidio Torre decidían si reaccionaban y hacían algo, el gobierno de Calderón limpiaba el camino para aplicar lo mismo que hizo en Michoacán pero ahora en Tamaulipas, y claro, sin cometer los mismos errores.
Los señalamientos que iniciaron con una serie de mensajes en mantas entre delincuentes, terminaron en una carpeta de investigación por parte de la PGR de Marisela Morales y el gobierno estadounidense.
Se Inició el proceso contra el ex gobernador Tomás Yarrington, que culminó este año con su captura en Europa. Sin embargo, el caso de Eugenio, se apreciaba lejano e imposible de suceder por la historia de por medio y por su fuerte relación con el priismo en el poder.
A la distancia y para el análisis hay sin embargo un hecho que marcará definitivamente esta época: los personajes figuras que apoyaron el regreso del PRI a la presidencia prácticamente han caído de uno por uno. Todos los ex gobernadores que influyeron en el proceso de 2012, el “nuevo PRI” de Enrique Peña Nieto, se ha desmoronado y no sólo en las figuras recientes, pues Eugenio Hernández forma parte de esa generación de gobernadores que ejercieron un poder casi absoluto.
Todos estos antecedentes explican lo que sucede ahora en Tamaulipas, Estado que se vuelve a cimbrar nuevamente por el escándalo político. La detención de Eugenio
tiene un profundo significado: es una muestra que en este país y sus estados, el absolutismo está en crisis y que los contrapesos cada vez se acentúan más.
La alternancia dio como resultado la caída de figuras que parecían predestinadas a perpetuarse en el poder con todo y sus defectos.
Es también una señal de un Gobierno Federal que para salvarse permite la inmolación de figuras que jugaron un papel estratégico en la etapa actual.
Es el sistema mismo que se purga, que busca tomar aire luego de respirar por muchos años bocanadas de humo tóxico.
Es una purga natural de la clase política nacional que se da ahora con el poder de la Ley y no como se dio con el de las balas en 1994.
Una bocanada de aire puro para un sistema que enfrenta una de sus crisis más complicadas.
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