Detractores de Anaya que exigen su renuncia, adolecen de calidad moral
Un entreguismo de FeCal es lo que ve, lee y desprecia, la opinión pública
Hernández Flores sería recluido en una prisión federal y de ahí en los EU
Un mal funcionario de la Secretaría de Salud atenta contra su misma jefa
Almaraz involucra a la sociedad civil para transformar el rostro de Victoria
La sedición de cinco senadores albicelestes en contra de su líder partidista, Ricardo Anaya Cortés alias ‘El cerillo’, es una sucia estrategia fraguada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (el verdadero jefe del grupo), en su loco afán de vengar la renuncia de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, y, por anticipado, la de él mismo, como militantes de Acción Nacional (PAN).
Esta insurrección, además, podría conllevar la peculiaridad de haberse pactado con funcionarios cercanos al señor de Los Pinos, a fin de agudizar, todavía más, el divisionismo albiceleste, pues ello: 1) obligaría al queretano a dimitir como dirigente partidista; 2) evitaría que fuera postulado candidato presidencial del Frente Ciudadano por México; 3) le abriría a Margarita más opciones en su proyecto; y 4) le allanaría el camino al candidato de Enrique Peña Nieto, aunque, según se prevé, no milite en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Así lo advierte la clase política panista ajena al ex mandatario.
Y eso lo ha plasmado en las redes sociales en respuesta al llamado de los insurrectos que, por cierto, adolecen de calidad moral para encabezar y encauzar una empresa de tal envergadura.
Se lo comento porque, en el caso de Ernesto Javier Cordero Arroyo, la opinión pública lo recuerda por su agrio comentario vertido el 20 febrero del 2012, cuando aún despachaba como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
Dijo el entonces colaborador de FeCal: “Hay familias mexicanas que con ingresos de seis mil pesos al mes tienen crédito para una vivienda, crédito para un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiatura”.
Incluso espetó que “en México la gente es muy exigente y siempre por alguna razón, los mexicanos somos más exigentes, respecto a lo que nos gustaría; y eso hace que siempre tengamos una perspectiva más negativa de lo que los datos duros muestran”.
Roberto Gil Zuarth, quien fue secretario particular del presidente Fecal, en su natal Chiapas fue acusado de extorsionar a constructores a través de los alcaldes de Suchiate, Villa Hidalgo y Copainalá allá en 2011 –durante la campaña presidencial de Josefina Eugenia Vázquez Mota-, por lo que evita pisar aquellos terrenos.
En Querétaro fue acusado de tráfico de de influencias y corrupción por recibir 800 mil dólares para tramitar un permiso de casino a la empresaria Talía Vázquez Alatorre, vinculada al crimen organizado.
La denuncia establece que el representante legal de Gil, es Germán Martínez Cázares, quien presidió el PAN de diciembre de 2007 a julio de 2009, cuando renunció por la debacle en las elecciones federales.
Salvador Vega Casillas, durante el régimen presidencial de FeCal, fue secretario de la Función Pública, y señalado siendo todavía funcionario, de extorsión en contra de empresarios de gasolineras, por lo que el pleno de la Cámara de Diputados, en diciembre de 2011 –un año antes de concluir el mandato de Calderón Hinojosa–, pidió separarlo de su cargo.
Un año antes, quien fungiera como subdirector de sanciones en esa misma dependencia, Fernando Menéndez Romero, denunció que con la presencia de Vega Casillas se recrudecieron la corrupción y el tráfico de influencias, así como la violación de procedimientos y leyes para eludir la aplicación de sanciones a empresas ligadas con funcionarios públicos.
Javier Lozano Alarcón tampoco canta malas rancheras. Fue vocero de Calderón Hinojosa, pero vinculado a varios chantajes (desde Zhenli Ye Go hasta Joaquín Vargas Guajardo), y considerado un funcionario harto rudo en el ejercicio del poder.
El 1 de diciembre de 2006 asumió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), aun cuando ni siquiera pertenecía al PAN; en julio de 2007 fue protagonista del escándalo con el empresario Zhenli Ye Gon –un narcotraficante de origen chino–, quien acusó a Lozano Alarcón de haberlo amenazado con la famosa frase ‘coopelas o cuello.
También fue el responsable de los conflictos con el sindicato minero y de la requisa de Luz y Fuerza del Centro (LFC); y se enfrascó en una guerra de declaraciones y cartas con el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, a quien le exigió aplicar la ley a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantenían un plantón en el Zócalo capitalino.
Con Vicente Fox Quesada quiso entrar en controversia, pero éste no le vio espolones para gallo e ignoró sus habladurías.
Jorge Luis Lavalle Maury, por su parte ha estado involucrado en varios escándalos por tráfico de influencias, desvíos de recursos e inclusive hasta fraudes a la Lotería Nacional.
En Campeche se le conoce como ‘El Pashita’ y no sólo ha gozado de las mieles en los cargos públicos, a los que ha arribado por la cercanía que dice haber tenido con el extinto Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.
Los primeros escándalos del panista campechano surgieron en 2009, cuando el Grupo Megamedia denunció públicamente el intento de soborno que pretendía Lavalle Maury, al ofrecer 3 millones de pesos por propaganda para el PAN, que sería pagada con fondos federales de la Lotería Nacional.
Ante el escándalo, Acción Nacional destituyó a Jorge Luis Lavalle Maury como coordinador del equipo de campaña de Mario Ávila Lizárraga, aspirante panista a la gubernatura, pero siguió dándole jugada, hasta el grado de que hoy ocupa un escaño en la Cámara alta.
Corolario
En fin, estos cinco son los senadores que dan la cara tratando de aniquilar a su guía ideológico, Ricardo Anaya Cortés, sin entender la sentencia que, sabiamente, reza que los matanceros de hoy, serán las reses del mañana.
Y todo por seguir atendiendo las directrices de FeCal.
Traslado inminente
La solicitud para trasladar del penal victorense a una prisión federal al ex mandatario Eugenio Hernández Flores, para que allá enfrente el proceso por peculado y uso indebido de recursos públicos, podría ocurrir esta misma semana, si acaso la autoridad federal es convencida de que acá en Tamaulipas no existen condiciones para garantizar la seguridad del reo.
Incluso, como lo prevé la defensa del ex mandatario, si en puerta está la promoción de más/menos otras 14 denuncias penales en su contra y hay la solicitud de extraditarlo a la Unión Americana para que responda por sus presuntos vínculos con la delincuencia.
Hasta hoy, en su celda, Eugenio trata de explicarse por qué antes sus abogados, amigos, parientes y socios no le advirtieron sobre la posibilidad de ser aprehendido, siendo que muchos de ellos guardan relación cercana con quienes actualmente administran la justicia en Tamaulipas.
Igual podría preguntarse por qué lo han dejado solo, siendo que en su época dorada también sus abogados, amigos, parientes y socios harto se beneficiaron.
Y eso se llama traición, aquí y en China.
Más no por evadir a la prensa deben darse por salvados, ya que los procesos en puerta involucrarían a todos, sin descartar que unos tengan más méritos que otros para ser enjuiciados.
Un rosario de nombres ha surgido en las redes sociales, involucrados en supuestos ilícitos, por lo que en esta capital se multiplican los rumores acerca de su paradero. Y la constante es que ya huyeron de la ciudad.
¿Usted lo cree?
Yo también, pues si hace días en la rutina se les veía ejercitarse allá en el Polideportivo, el Parque Siglo XXI, el libramiento, las instalaciones del Ipsset y otras áreas recreativas, hoy lucen por su ausencia.
Inclusive en los mentideros políticos, donde hasta hace días llegaban a ofrecer sus puntos de vista sobre el actual Gobierno.
Entonces, ¿qué ha pasado con tantos próceres?
Insisto: son traicioneros y por lo que supongo estarían dispuestos para salvar el pellejo a testificar en contra de Eugenio.
Caterva de corruptos
En tan sólo 18 años, 21 ex mandatarios estatales han sido investigados por corrupción, peculado, desvío de fondos, asociación delictuosa y ‘lavado’ de dinero entre otros ilícitos, por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Drug Enforcement Administration (DEA).
Ellos son:
1) Mario Ernesto Villanueva Madrid (Quintana Roo), acusado de narcotráfico y lavado de dinero; en 2010 fue extraditado a Estados Unidos, donde purga una condena de 30 años en Lexington, Kentucky. Al finalizar su sexenio, no se presentó a entregar el cargo a su sucesor Joaquín Hendricks Díaz y permaneció prófugo de la justicia desde ese momento hasta ser capturado posteriormente en Cancún y encarcelado en el Penal de Alta Seguridad de El Altiplano.
2) Andrés Granier Melo (Tabasco), recibió formal prisión por lavado de dinero y defraudación fiscal por 2 millones 552 mil pesos. Dejó endeudado al estado con 23 mil millones de pesos. Y se le acusa de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Busca la prisión domiciliaria.
3) José Jesús Reyna García (Michoacán), por asociación delictuosa, narcotráfico y extorsión, en mayo de 2014 fue encarcelado. Lo acusó el Consejo de la Judicatura Federal de tener vínculos con los Caballeros Templarios. Lo aprehendieron en abril de 2014.
4) Flavino Ríos Alvarado (Veracruz), tiene arresto domiciliario, porque quiso cubrir las corruptelas de sus antecesor.
5) Guillermo Padrés Elías (Sonora), fue demandado por la Asociación Civil Sonora Transparente. Las autoridades lo acusaran por defraudar al fisco por 8.8 millones de dólares y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juzgado duodécimo de Distrito en Procesos Penales federales le dictó auto de formal prisión y quedó formalmente recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México.
6) Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), lo detuvieron el 15 de abril en Guatemala, según dijo la PGR, que ofrecía una recompensa de 15 millones por información. Es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío 645 millones de pesos del erario; el SAT presentó 32 denuncias ante la PGR por el caso de empresas fantasmas y Miguel Ángel Yunes Linares, su sucesor, dos;
7) Tomás de Jesús Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas) fue capturado el 9 de abril en Florencia, Italia. La PGR ofrecía 15 millones de pesos a quien proporcionara información útil y veraz para su captura. Está acusado de corrupción institucional, tráfico de influencias y lavar dinero para los Zetas y el Cartel del Golfo; en 2012 la Unión Americana solicitó su detención con fines de extradición.
8) Roberto Borge Angulo (Quintana Roo). Lo acusó la organización ‘Somos tus ojos Transparencia por Quintana Roo’. El 4 de junio fue capturado en Panamá cuando intentaba tomar un vuelo a París. Lo acusan de peculado y la enajenación irregular de más de 9 mil 500 hectáreas del estado en beneficio suyo y de su familia.
9) Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas), detenido el 6 de octubre de este año. acusado de peculado, pero será investigado, también, según su defensa, de enriquecimiento ilícito y defraudación bancaria… y en EU por lavado de dinero y asociación delictuosa, entre otros.
10) Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes), sentenciado a dos años de prisión por peculado. Generó un daño al erario por 16 millones de pesos, debido a que autorizó la venta de un predio por 3 millones de pesos, cuando su valor real era de 19 millones. Está en libertad bajo caución, por segunda vez, aunque ahora es acusado de defraudación fiscal.
11) Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), ingresó al Penal de Topo Chico, en enero del 2017, acusado de peculado.
12) César Duarte Jáquez (Chihuahua), lo acusó Javier Corral Jurado, el actual gobernador, por malversación de fondos. La Fiscalía ha integrado entre 10 y 15 denuncias penales en su contra. Está prófugo en EU, según advierten fuentes dignas de todo crédito. Depositó millones a proveedores fantasmas por adjudicación directa.
13) Fidel Herrera Beltrán (Veracruz), lo acusa el diputado federal del PAN Jorge Sotomayor, de malversación de fondos, pero no ha sido requerido por la justicia.
14) Gabino Cué Monteagudo (Oaxaca), es investigado por la PGR por presuntos vínculos con el narcotráfico y por la Procuraduría Estatal por desvío de recursos.
15) Humberto Moreira Valdez (Coahuila), estuvo preso en España por lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos, es investigado por la Corte Federal de Texas. Fue detenido en enero de 2016 en España, pero liberado posteriormente, acusado de lavado de dinero y malversación de fondos de su gobierno.
16) Marcelo Ebrard Casaubón (Ciudad de México), investigado por la SHyCP.
17) Jorge Juan Torres (Coahuila), es investigado por peculado y desvío de recursos estatales.
18) Mario Anguiano Moreno (Colima), acusado por irregularidades presupuestarias por 1 mil 800 millones de pesos.
19) Jorge Herrera Caldera (Durango), inculpado por un desfalco y un endeudamiento de 15 mil millones de pesos.
20) Juan Sabines Guerrero (Chiapas), lo acusó el procurador estatal Horacio Culebro, pero fue absuelto.
21) Narciso Agúndez Montaño (Baja California Sur), fue encarcelado en mayo de 2012, y tras dos años de prisión, fue absuelto por peculado. Lo acusó la Procuraduría estatal.
22) Pablo Salazar Mendiguchía (Chiapas), preso entre junio de 2011 y noviembre de 2012, por desviar 104 millones de pesos. Lo acusó Juan Sabines Guerrero. Estuvo detenido 17 meses y después fue absuelto.
23) Óscar Espinosa Villarreal (Ciudad de México), fue detenido en Nicaragua por desviar 420 millones de pesos; lo absolvió la SCJN, de la acusación promovida por Rosario Robles Berlanga.
Este recuento nos da una idea del comportamiento que los políticos en el poder asumen cuando a su disposición tienen miles de millones de pesos y los utilizan como propios, aun cuando están conscientes de que son ajenos.
En fin, en todos lados se cuecen habas.
¿O no?
E-m@il
jusam_gg@hotmail.com
