CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El relleno de lagunas en el sur de Tamaulipas, principalmente en Altamira, ha sido posible por las redes de corrupción e impunidad entre políticos y empresarios constructores, quienes se repartieron el territorio para edificar fraccionamientos o acrecentar su patrimonio personal.
A partir de 1998 la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las Secretarías y Direcciones de Obra Pública de los gobiernos estatales y municipales, respectivamente, expidieron permisos a diestra y siniestra. A los funcionarios no les importó poner en riesgo a las personas que vivirían en los desarrollos inmobiliarios a la orilla de lagunas o entre vasos reguladores de cuencas.
De acuerdo con el plan de desarrollo municipal de 2011, en Altamira convergen 11 subcuencas y 12 áreas de escurrimiento. El sistema lagunario está partido en dos franjas paralelas al Golfo de México. Al este se ubican las lagunas el Conejo, el Chango, el Cañón, el Sauz, el Gringo y Aguada Grande; en el oeste se encuentra la laguna del Champayán.
La explosión demográfica y la instalación de nuevas industrias detonó la construcción de fraccionamientos en territorio altamirense. A finales de la década de los noventa, en pleno trienio de la entonces perredista Romana Flores Rivera, comenzó el interés por el municipio. El gobierno delimitó un gran territorio no inundable para las industrias y las zonas periféricas fueron ofertadas a las constructoras.
En el 2000, a la llegada del alcalde Sergio Carrillo Estrada, los asentamientos se multiplicaron. Los análisis de desarrollo urbano y ordenamiento territorial no impidieron que se asignaran predios aledaños a las zonas bajas. La primera compañía en recibir el aval para construir fue GEO Tampico.
El sector La Pedrera empezó a rellenarse aproximadamente en 1999. Al año siguiente la compañía Geo Tampico edificó cientos de viviendas de interés social bajo el amparo de las administraciones del presidente de México, Vicente Fox; el gobernador Tomás Yarrington y el alcalde Sergio Carrillo Estrada.
En 2001 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgó créditos a las personas que buscaban un hogar cerca de sus centros de trabajo en la zona industrial altamirense. Durante el primer lustro del siglo 21 obreros y profesionistas adquirieron las más de 7 mil casas de los fraccionamientos Villas de Altamira y Villas Las Flores.
Inauguradas las primeras zonas habitacionales la demanda aumentó, situación que fue aprovechada por las empresas.
Ya echado a andar el segundo trienio de Juan Genaro de la Portilla Nárvaez, l Casas GEO recibió más permisos para edificar en terrenos a la margen de las lagunas del Champayán y Aguada Grande.
La ubicación de los complejos habitacionales y su cercanía con las avenidas hizo que los condominios y casas se agotaran.
De 2005 a la fecha, las desarrolladoras inmobiliarias no han dejado de solicitar permisos en Altamira. El alcalde Javier Gil Ortiz -bajo la supervisión del entonces mandatario tamaulipeco Eugenio Hernández Flores- y Pedro Carrillo Estrada -ya en la época de Egidio Torre Cantú- dieron facilidades a las empresas para extenderse hacia el este de la localidad.
La Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de Altamira contabilizó 74 fraccionamientos en territorio altamirense hasta septiembre de 2016. Los habitantes de treinta complejos sufren de carencias en servicios básicos, pero el mayor problema son las inundaciones de los complejos habitacionales que colindan con la laguna del Champayán.
Políticos rellenadores
Javier Gil Ortiz y Pedro Carrillo Estrada han sido acusados de permitir la alteración de los cuerpos de agua. Ambos, durante su mandato como alcaldes, se aprovecharon del poder para negociar trámites y aumentar su patrimonio.
Ente 2009 y 2010, cuando él ya había abandonado la alcaldía para irse de diputado federal a San Lázaro, Gil Ortiz rellenó una parte de la laguna, cercana a la carretera Tampico-Mante, a la altura de agencias de automotrices y una maderera.
En el pasado trienio, el regidor panista Cristian David Pérez Ramos acusó al expresidente municipal Pedro Carrillo Estrada, de ordenar el presunto relleno de la laguna El Champayán para aumentar la superficie de su rancho, localizado a un costado de la estación barométrica de la Conagua.
El terreno que corresponde al fraccionamiento El Edén.
Prometen investigar
A raíz de la inundación que se registró en fraccionamientos de Altamira, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, prometió que investigará el posible relleno de vasos de captación para edificar fraccionamientos.
Al respecto, el enlace del mandatario en el sur de Tamaulipas, Miguel Gómez Orta, reveló que se integra una carpeta de investigación para definir cuáles funcionarios dieron permisos para rellenar.
“Es instrucción del señor gobernador (Francisco García Cabeza de Vaca) revisar aquello que alguna forma se brincaron la ley y seguramente se castigará a quien tenga que ver con negocios ilícitos o donde estén involucradas vidas humanas”, dijo.
El subsecretario de Desarrollo Urbano en la entidad, Gerardo Villaseñor, anticipó que se revisará el riesgo de inundación en los complejos de interés social en Tamaulipas. La autoridad estatal elaborará un padrón de estos complejos puesto que puede existir algunos que se instalaron de forma irregular.
La CNDH ya lo había advertido
Hace 6 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el ayuntamiento de Altamira no solicitó a la empresa Casas GEO estudios topográficos para edificar el fraccionamiento Villas de Altamira en el sector La Pedrera.
“De la documentación proporcionada por la autoridad municipal se advierte que, para autorizar la construcción del fraccionamiento Villas de Altamira, no se realizaron estudios de la ubicación en zona baja y las características topográficas del suelo en que se iban a asentar, a fin de que el derecho a la vivienda de los habitantes de la comunidad no fuera violentado con motivo de fenómenos de la naturaleza como las lluvias, que al caer buscan su cauce natural por gravedad, lo que sucedió en el caso particular motivo de esta queja.”, resolvió en la recomendación 24/2009.
La indagatoria se produjo debido a la queja interpuesta por el señor Francisco Maldonado Nieto el 17 de septiembre de 2007. En el texto el ciudadano acusó a la empresa Casas GEO de entregar una vivienda en mal estado. El Infonavit también fue llamado a colaborar como parte de la indagatoria de la CNDH.
Dos años duró la investigación donde se confirmó que la zona es inundable. La Comisión afirmó que las autoridades no cumplieron con la ley de desarrollo urbano al aprobar los complejos habitacionales ubicados en La Pedrera. El documento fue enviado a la LX Legislatura del H. Congreso del estado de Tamaulipas y al ayuntamiento de Altamira, ninguno de los dos acató los comentarios a pesar de llevar la firma del entonces ombudsman José Luis Soberanes Fernández.
“Dicha empresa recibió los permisos de las autoridades del Ayuntamiento para la construcción respectiva desde octubre de 2000, sin que se formularan previsiones sobre las consecuencias y la afectación al desarrollo humano y social por la edificación inmobiliaria en ese lugar, apreciándose en el caso la falta de supervisión legal y técnica del proyecto ejecutivo, lo que afectó la protección del derecho a la vivienda de la población que habita las zonas bajas de ese municipio.”, apunta la dependencia.
La recomendación 24/2009 incluyó un punto para la Procuraduría General de Justicia (PGJ). El Ombudsman solicitó al Ministerio Público que investigará la actuación de la constructora y de las autoridades involucradas en los presentes hechos por los hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos en la construcción del fraccionamiento “Villas de Altamira”.
Los dos primeros puntos de la resolución ordenaban un convenio para que Casas Geo diera una casa en un mejor sitio al señor Maldonado Nieto y, en el segundo, que el Órgano Interno de Control municipal investigará al personal encargado de emitir los permisos de construcciones y de uso de suelo.
