CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Ley contra la Desaparición Forzada aprobada por la Cámara de Diputados, no cuenta con recursos para ser aplicada.
Después de tres años de discusiones y de una fuerte presión de las organizaciones de víctimas, el Congreso aprobó la legislación, pero el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, no contempla gasto específico para esta tarea, que tan solo en Tamaulipas implica la búsqueda de más de 7 mil personas desaparecidas.
Hay otro problema: si el presidente Enrique Peña Nieto no la promulga antes del 15 de noviembre -la fecha límite para que los diputados aprueben el Presupuesto de Egresos 2018- no habrá manera de etiquetar los recursos necesarios.
El diputado federal César Rendón, quien destaca las bondades de la nueva legislación y su trascendencia para Tamaulipas, reconoce también que su implementación se trata de un reto.
“El jueves pasado aprobamos la Ley de Ingresos que ahora está en el Senado. De no haber modificaciones se aprobará en Senado en próximos días. De ahí nos toca exclusivamente a Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos. Eso será el 15 de noviembre vamos a trabajar para conseguir que esté fondeada esa partida una vez que el Presidente la promulgue, si no la ha promulgado no se puede presupuestar”, señala.
De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la aplicación de la ley requiere por lo menos de 440 millones de pesos, la mayor parte de esa cifra para la creación y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que a su vez incluye la formación de 32 comisiones estatales. Esto significaría un gasto de 362.7 millones de pesos en su primer año.
Además, se formarán grupos de búsqueda, integrados por tres investigadores para cada estado, con un presupuesto anual de 82 millones de pesos.
El problema -señalan las ong’s involucradas- es que en algunos estados como Tamaulipas, la tarea es titánica, y sin gasto etiquetado, no pasará de un carta de buenas intenciones.
Un ejemplo: la recién creada Fiscalía de Especializada en Personas No Localizadas (FEPNL) cuenta actualmente con nueve agentes que buscan el paradero de 7 mil personas, y la identificación de 2 mil cuerpos que han sido inhumados en fosas comunes como “no identificados”.
Esta misión se complica aún más porque en el pasado no se tomaron muestras genéticas de los cadáveres enterrados, algo que ha sido señalado una y otra vez por la Procuraduría General de Justicia y por los familiares de las víctimas.
Los hallazgos son mínimos y los expedientes se acumulan porque las cifras son abrumadoras.
Tamaulipas, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Secretaría de Gobernación, es la entidad con más casos de desaparecidos (5,943), luego le siguen el Estado de México (3,832) y Sinaloa (2,852). Sin embargo, de acuerdo a un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la entidad hay reportes de 7,486 hombres y mujeres desaparecidos, casi 2 mil casos más de los registrados por la Segob.
Y el presupuesto no alcanza.
Tan solo los programas de denuncia que propone la nueva ley para ayudar a que la población brinde información sobre el paradero de las víctimas, costarían
en un año 39.5 millones de pesos, más otros 31 millones de pesos para las campañas de difusión.
A nivel local, la PGJ ya cuenta con un programa de recompensas para obtener información sobre el paradero de 35 personas desaparecidas del 2012 a la fecha.
El monto ofrecido es de hasta un millón de pesos, lo que en conjunto significaría un gasto de 35 millones de pesos, sólo por conocer información de ese pequeño grupo de víctimas.
También se propone la creación de un Registro Nacional de Fosas (comunes y clandestinas) que requeriría un monto mínimo de 3.8 millones de pesos.
La autoridad local también ha comenzado a invertir en este campo, y no es para menos, en ninguna otra entidad como Tamaulipas se han encontrado tantas fosas clandestinas.
Actualmente en Miguel Alemán se invierten 5,5 millones de pesos en el primer panteón forense que tendrá espacio para 500 cadáveres, que serán ocupados en una primera etapa por 324 cuerpos depositados actualmente en el cementerio “Unidos por el recuerdo”, de esa misma población.
Llaman a promulgarla
Algunas de las organizaciones ciudadanas que impulsaron su aprobación, reconocieron el hecho de que se haya votado, pero coincidieron en que no servirá de
nada si las autoridades no procuran su correcta implementación y sobre todo, destinan recursos públicos para que funcione.
Amnistía Internacional insistió en que “falta mucho, incluyendo el aseguramiento de que la Ley y las instituciones de búsqueda que creó cuenten con recursos suficientes para su implementación”.
Mientras que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que ha estado presente en Tamaulipas para conocer de cerca la lucha de los familiares de desaparecidos, destacó que a partir de ahora, “la voluntad del Estado mexicano para enfrentar el flagelo de la desaparición sí contará con referentes medibles, uno de los cuales será los recursos que se asignen para la implementación de la Ley en los próximos presupuestos de egresos de la federación y de las entidades federativas”.
Así se busca…
El diagrama de rastreo de personas sin vida de la PGJ establece búsquedas en fosas clandestinas, comunes, bancos de ADN y el sistema informático de confrontas de la Dirección de Servicios Periciales.
Las labores en campo se implementarán con la unidad élite y en zonas establecidas entre Procuraduría General de la República (PGR) y la Coordinación Estatal Antisecuestros.
Las acciones se dividen en búsquedas de personas con vida y sin vida. La primer contempla indagatorias en centros penitenciarios, bases de datos del Instituto Nacional Electoral, centro de rehabilitación, zonas de tolerancia, refugios para indigentes, entre otras.
Las exhumaciones de las fosas comunes, análisis de cadáveres-restos y las posteriores exhumaciones se realizarán con la colaboración de la Agencia de Cooperación Alemana y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
Autoridades y organizaciones y colectivos acordaron supervisar la construcción y el tratamiento de los cuerpos.
Aumentan las penas
La nueva ley también sirve para definir mayores penas para quienes incurran en el delito de desaparición forzada: de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días de multa, la cual se puede aumentar hasta en un 50% cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.
A la desaparición forzada cometida por particulares se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.
