CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Mientras la violencia escala, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2018, Tamaulipas recibirá menos dinero en términos reales para la Seguridad Pública que en 2017, y continuará como una de las entidades con alta incidencia de delitos de alto impacto, con menor apoyo presupuestal federal.
Desde que en 2001 se definieron los porcentajes del Fondos de Aportaciones a la Seguridad Pública, la Ciudad de México capta el 20 por ciento o un peso de cada cinco que destina este Fondo y Tamaulipas solamente el 3.74 por ciento,.
Tampoco existe en el proyecto del PEF 2018 una partida pensada para reiniciar y terminar obras de infraestructura de Seguridad Pública urgente, como el Penal de media seguridad de Ciudad Victoria, en abandono desde 2012.
De continuar Tamaulipas con las reformas y las mejoras para certificar los penales bajo los estándares de la Iniciativa Mérida, lo tendrá que hacer con fondos fiscales propios del estado de Tamaulipas y no con apoyo federal.
En términos de poder adquisitivo, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública solamente ministrará a la entidad el 3.74 por ciento del total de siete mil millones de pesos que aparecen como total en proyecto del PEF 2018, lo que significarían los mismos 262.1 millones de pesos de 2016.
Esos 262.1 millones de pesos, una vez descontada una inflación anualizada mínima de 6.3 por ciento para 2017, serían 16 millones de pesos menos en poder adquisitivo para el gasto en seguridad pública, y hasta 65 millones de pesos menos que lo que se repartió en 2015, cuando el FASP ministró a Tamaulipas, 295 millones de pesos.
Además, para poderse cobrar el gasto total del FASP, el estado debe pagar un 25 por ciento como aportación estatal, es decir 65.5 Mdp en este caso, debido a las reglas de este Fondo del Ramo 33, por lo que si la federación no aumenta el FASP, Tamaulipas solamente lo puede aumentar con recursos propios o con
deuda.
Cuestionado sobre si el monto del FASP para Tamaulipas incrementará en 2018 o seguirá en el mismo nivel en términos nominales que en 2017, el diputado federal tamaulipeco, Miguel González Salum, dijo que precisamente en estos días al interior de las comisiones de seguridad pública y presupuesto, este tema está a discusión.
Desde 2011 el gasto en seguridad pública de Tamaulipas, además del FASP y del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) ahora convertido el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (Fortaseg) ha tenido que duplicarse o triplicarse con dinero estatal, que frecuentemente ha salido de financiamientos.
Además, debido al excesos de controles que tiene este gasto y los retrasos en las ministraciones, el dinero no se logra gastar en el mismo ejercicio y se llega a subejercer más de la mitad de este fondo.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se determina en el PEF de acuerdo con convenios preestablecidos, los cuales no toman en cuenta los niveles reales de violencia que viven las entidades y mientras a la Ciudad de México, la entidad con más policías en total y por habitante, se le ministrarán 157 del FASP 2018, Tamaulipas solamente recibirá 76 pesos por habitantes, menos de la mitad.
Para dar una idea del desajuste en la repartición del FASP, se podría mencionar que este año los tres delitos de más alto impacto: Homicidio doloso, secuestro y extorsión, llevaba al 30 de septiembre mil 308 en CDMX y mil 98 en Tamaulipas, lo que significan 1.4 delitos por cada 10, mil habitantes en la capital del país y 3.2 en Tamaulipas.
Si a lo anterior se agrega que en CDMX hay 62 mil policías estatales y en Tamaulipas solamente dos mil 300, resulta claro que la aportación no está dirigida a resolver un problema sino a cumplir con una formalidad burocrática.
Con el FASP presuntamente se debe pagar el reclutamiento, la formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; deben pagarse las percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes
También este fondo debe atender el equipamiento de las policías ministeriales, el funcionamiento de red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública, el servicio telefónico nacional de emergencia; la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; el mantenimiento de los penales y el seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.
