CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Parte de la infraestructura para seguridad y justicia que se proyectó al final de la administración pasada se construyó mal y a destiempo.
Por ello, la Secretaría de Obras Públicas ya rescindió algunos contratos con las empresas incumplidas.
El más reciente fue el del Centro Integral de Justicia de Río Bravo, Tamaulipas, a cargo de la constructora Proveedora y Servicios MR, S.A. DE C.V. La empresa que ganó el contrato por 34 millones 799 mil pesos presentó serios retrasos en los trabajos que originalmente estaban pactados para llevarse nueves meses on fecha de entrega para el 26 de marzo de 2017.
Sin embargo, de acuerdo a un oficio firmado por la Subsecretaría de Infraestructura Social, para el 18 de abril de este año el avance físico de la obra era apenas del 19.1%, mientras que ya se había pagado más del 30% de lo presupuestado.
La resolución para quitarle el proyecto a la empresa Proveedora y Servicios MR, S.A. DE C.V fue ratificada el 19 de septiembre.
Este caso se suma al del Centro Integral de Justicia de San Fernando, Tamaulipas, cuya obra también naufragó entre fallas y retrasos, por lo que también fue cancelada por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Obras Públicas del estado.
La empresa responsable era Construcciones KDH, que obtuvo el contrato por 15 millones 885 mil pesos el 13 de noviembre de 2015, pero dejó a medias los trabajos.
Construcciones KDH pertenece a Hugo de la Garza Tamez, hermano de Hernán de la Garza Tamez quien en ese momento era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas.
Actualmente el inmueble está en el abandono y cada día sufre más deterioro.
El inmueble que alojaría diversas oficinas judiciales para atender a la población del Valle de San Fernando, debió haberse entregado el 19 de junio de 2016.
Otro caso emblemático es el del Centro de Justicia de Tula, Tamaulipas, construido también en el 2015 y que presenta severas fallas en su estructura.
Incluso la sala de control del Nuevo Sistema de Justicia Penal tuvo que ser desalojada por el riesgo que corrían sus empleados.
Aunque no se ha emitido oficialmente la rescisión del contrato, se sabe que la Secretaría de Obras Públicas investiga lo ocurrido, pues el inmueble incluso se ha agrietado.
También hubo inconsistencias en la creación de infraestructura para seguridad.
La misma empresa, Construcciones KDH, incumplió con el contrato SOP-IF-EEP-121-15-I que consistía en la Construcción de un Centro Comunitario en el Polígono de Pajaritos, en Victoria, Tamaulipas.
Esta obra forma parte del Programa de Prevención del Delito. El importe del contrato era de 3 millones 577 mil pesos y la Secretaría de Obras Públicas también lo rescindió.
