CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El sueño de tener una casa propia se ha convertido en una pesadilla para miles de familias tamaulipecas.
La intención gubernamental que originalmente apuntaba a brindar a las clases populares la oportunidad de contar con una vivienda digna, derivó en un territorio inundado de fraccionamientos mal hechos y abandonados.
Un mar de quejas y denuncias que no prosperan, donde los únicos grandes ganadores han sido los desarrolladores inmobiliarios.
La historia es así: a partir del año 2000, el gobierno federal echó a andar programas sociales para que se construyeran miles de casas en todo el país, casi siempre en las periferias de las ciudades, con la promesa de que el desarrollo urbano pronto llegaría a las nuevas colonias.
Abrió la llave para que el acceso a los créditos de Infonavit fuera más sencillo, otorgó subsidios a la vivienda y estrechó la mano de decenas de empresas constructoras que se enriquecieron de manera súbita.
Tamaulipas no fue la excepción. En el año 2000 se ejercieron en la entidad 15,420 créditos de Infonavit, cuando una década antes, en 1990, la cifra fue de 3,969.
A partir de entonces, los números no han dejado de crecer: para el 2006, ya se superaban los 30 mil créditos anuales, y en el 2015 se alcanzó un pico de 39,647 trabajadores tamaulipecos que ejercieron un crédito hipotecario de Infonavit.
En total: en 16 años el Instituto otorgó 426,278 préstamos, casi medio millón de casas de interés social.
Pero los proyectos de desarrollo social diseñados en oficinas gubernamentales se toparon muy pronto con la realidad.
Las empresas construyeron mal, las ciudades crecieron de manera desordenada y -quizás lo más importante- los salarios de la clase obrera no dieron para pagar las mensualidades y los intereses que cobra el Infonavit.
El resultado: miles de casas abandonadas y también miles de tamaulipecos que tuvieron su debut y despedida en los récords crediticios.
De hecho, Tamaulipas es la entidad del país con mayor porcentaje de cartera vencida en el Instituto, con un 9.49%, el segundo sitio es Tabasco con 8.88% y después Sonora con 8.25%.
El porcentaje ha ido en aumento, el año pasado era de 8.95%.
Historias de horror
César vive en el fraccionamiento Haciendas del Santuario, de la capital del estado. Igual que otras 120 familias adquirió su vivienda de interés social, por la que el Infonavit le descuenta cerca de 5 mil pesos mensuales.
Tenía un mes habitando el sector junto a su familia cuando la primer lluvia de la temporada 2014 sacó a relucir la realidad de ese desarrollo inmobiliario.
El acceso se bloqueó y lo peor: las paredes de las casas comenzaron a cuartearse y el piso se levantó. Del techo caían goteras como si vivieran bajo un árbol.
La desarrolladora Plan Casa (originaria de San Luis Potosí), de la cual se desprenden las empresas Caletto y Alvator, nunca hizo válida la garantía.
César y sus vecinos quedaron condenados a pagar por 20 años sus elevadas mensualidades y vivir en una casa que se mantiene en pie por milagro.
Desde hace al menos seis años, han llovido denuncias de todo tipo para Plan Casa, pero hasta la fecha sigue ofreciendo casas en diferentes sectores de la ciudad.
Patrimonio perdido
Altamira es uno de los municipios tamaulipecos donde más fraccionamientos se han construido en los últimos 16 años.
El desarrollo industrial y sus extensas reservas territoriales atrajeron a empresas que, auspiciadas por el poder público, construyeron miles de viviendas que hoy
son el vivo ejemplo del desorden urbano y de los abusos hacia la clase trabajadora.
De entre las desarrolladoras que hicieron de Altamira una mina de oro, destaca Casas Geo.
La primera que en el año 2000 recibió permisos para construir sobre lagunas rellenadas; en ese entonces se activó una bomba de tiempo que cada tanto explota, afectando a miles de familias.
La más reciente fue en octubre del año pasado.
Más de 8 mil casas del sector de La Pedrera se vieron afectadas; los daños mayores ocurrieron en los fraccionamientos Villas Altamira y Villas Las Flores, dos de los primeros que se construyeron con el boom inmobiliario del siglo XXI.
En el 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había advertido que la empresa Casas Geo había incurrido en abusos al construir sobre terrenos inundables, y había solicitado a la Procuraduría General de Justicia que investigara los hechos y determinara posibles responsabilidades penales.
Pero en 2017 la historia se repitió y con más gravedad; en esta ocasión cientos de familias lo perdieron todo.
Fraccionamientos fantasma
Tamaulipas está entre las entidades con más viviendas abandonadas. La cifra oficial que arrojan los censos del Infonavit ronda las 10 mil, pero el mismo instituto
reconoce que la cifra podría ser mayor.
Cámaras empresariales calculan que podrían ser más de 40 mil.
Y aquí, Reynosa lleva la delantera.
Ahí, fraccionamientos como Balcones de Alcalá o Rincón de las Flores sobresalen por la gran cantidad de viviendas que se encuentran deshabitadas.
Inseguridad y desempleo son los factores principales. Miles de inmigrantes de otras entidades de la República han perdido su trabajo en la industria maquiladora y se ven obligados a dejar de pagar su crédito primero, y a los pocos meses abandonar su vivienda.
Si a eso se suman los altos niveles de migración hacia los Estados Unidos, el resultado es el nacimiento de un nuevo y grave problema social.
Miles de casas desocupadas que se vuelven escenario idóneo para prácticas ilegales y que son muestra del estrepitoso fracaso de los programas de vivienda en México.
La promesa de dar mayor calidad de vida a millones de familias no pasó de eso.
En Tamaulipas todavía se ofrecen casas que no superan los 40 metros cuadrados de construcción, muy por debajo de lo que consideran las distintas organizaciones civiles como estándares mínimos para el desarrollo humano.
Incluso por debajo de la norma establecida por la Conavi, según la cual las casas de interés social deberían contar con por lo menos 55 metros cuadrados.
A pesar de eso, los precios siguen siendo un dolor de cabeza para un trabajador tamaulipeco.
El precio de una vivienda de interés social media supera los 500 mil pesos. Para comprarla, un acreditado terminaría pagando casi 1.2 millones de pesos al Infonavit.
Es, a final de cuentas, un muy mal trato para la clase obrera.
La gran favorecida
Con grandes desarrollos inmobiliarios en el sur de Tamaulipas y en la frontera, la empresa Casas Geo es la principal competidora en el mercado de la construcción de vivienda en el estado.
Geo inició operaciones en 1973. Con los años se convirtió en la desarrolladora de vivienda de bajos ingresos líder en México y América Latina.
A la fecha, ha producido y comercializado 655 mil casas en las que habitan dos millones 400 mil mexicanos.
Al 31 de diciembre de 2015, el 79.9 por ciento de las viviendas que vendió Geo fue a través de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
De hecho, Geo es una de las empresas que en la última década más ha absorbido el dinero de ese organismo.
El año pasado le dio el 97.7 por ciento de sus ventas totales.
Geo se enfocó a ser contratista de Infonavit.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habló de 10 mil clientes afectados a nivel nacional, a consecuencia de atrasos en la entrega de casas, escrituras, pago de garantía y reparaciones.
