Los datos sobre el ascenso de las muertes violentas en el 2017 deben cruzarse con las ofensivas políticas, sociales y opositoras para frenar la participación de las fuerzas armadas en acciones de seguridad interior.
La escalada de muertes violentas está mandando un mensaje claro: no se trata sólo de los enfrentamientos entre bandas por el control de territorios, sino que hay otras acciones adicionales: mayor corrupción de policías estatales y municipales, agresiones contra la población civil y asesinatos de políticos locales.
Lo que queda claro es el hecho de que los instrumentos, herramientas y aparatos institucionales de la seguridad pública ya no son suficiente para enfrentar la violencia criminal.
Si se revisa con frialdad el momento, se verá que la Ley de Seguridad Interior impugnada contiene las formas de combatir la criminalidad más allá de la delincuencia común.
Las bandas criminales que se han metido de lleno en la violencia no están formadas por carteristas o extorsionadores, sino que revelan cárteles bien organizados y mejor armados que se están asentando de nueva cuenta en territorios que pertenecen a la soberanía del Estado. En entidades como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y otras y en ciudades como Ciudad Juárez, Los Cabos, Cancún, Chilpancingo y otras hay una disputa por el control territorial que requiere de medidas de inteligencia de seguridad.
Ahora que más se requiere de un aparato legal para combatir el reflujo criminal es cuando se notan mayores oposiciones a la modernización de la seguridad. Las bandas criminales han aumentado sus acciones porque parecen darse cuenta que las fuerzas de seguridad del Estado ya no cuentan con el apoyo institucional y social y han bajado sus acciones hasta que no haya una regulación del marco jurídico.
En los hechos parece haber una desmilitarización de la seguridad en la república, lo que explicaría el aumento de la presencia criminal; se trata de un mecanismo de suma cero: lo que pierden las fuerzas de seguridad lo ganan los criminales. Las bandas criminales, aún reaccionado por instinto, ya se percataron que están ganando la batalla contra las fuerzas del Estado, gracias al apoyo de la sociedad que busca disminuir la presencia de las fuerzas armadas sin que existan fuerzas policiacas capaces de enfrentar a los cárteles.
Lo contradictorio del caso radica en el hecho de que el PAN es uno de los partidos que más se ha comprometido en bloquear la nueva Ley de Seguridad Interior, cuando fue el gobierno panista de Calderón en 2007 quien lanzó a las fuerzas armadas contra los cárteles sin contar con un marco jurídico adecuado ni redefinir las acciones, alcances y funciones de la seguridad interior.
PAN, PRD y organismos civiles quieren parar la Ley de Seguridad Interior sin ofrecer una alternativa.
El saldo de 2107 como el más violento en quince años es producto de las condenas sociales contra las fuerzas federales de seguridad. Sin embargo, la lucha contra el crimen organizado ya no cabe en los supuestos de la seguridad pública tradicional: policías, arrestos, vigilancia en las calles. Las bandas criminales han rebasado a las policías, aterrorizan ciudades y controlan partes territoriales del Estado.
Detrás de la numeralia de la violencia criminal se localiza el fracaso social y político para dotar al Estado de funciones contra el crimen organizado. Sin Ley de Seguridad Interior, la violencia criminal seguirá creciendo.
Política para dummies: en política hay que saber leer el fondo, el trasfondo y los fantasmas.
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