CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los delitos del fuero común se han concentrado en la zona sur de Tamaulipas de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mientras que los crímenes de alto impacto se han concentrado en municipios como Reynosa y Ciudad Victoria.
La Coordinación Tampico, una de las seis zonas en las que la PGJE dividió al estado para combatir la delincuencia, está integrada por los municipios de Tampico, Madero, Altamira, Aldama y González, los cuales superaron en nueve de los 10 delitos del fuero común de mayor incidencia al resto del territorio tamaulipeco, durante enero de este año.
En esa región, la Procuraduría Estatal inició en enero un total de 526 carpetas de investigación por delitos como daño en propiedad, 115; violencia familiar, 114; lesiones, 88; robo domiciliario, 61; robo a comercio, 39; amenazas, 38; fraude, 29; abandono de obligaciones, 21; sustracción y retención de menores, 21.
Las 526 carpetas de investigación que se abrieron en la Coordinación Tampico superan las cifras de las coordinaciones de Reynosa, que tiene 398, y ocupa el segundo lugar; Matamoros registró 320; Ciudad Victoria, 314; Nuevo Laredo, 141 y El Mante, 84.
Desde el 2011, los 43 municipios de Tamaulipas no cuentan con policías preventivos, por lo que expertos en el tema advirtieron de un repunte de los delitos del orden común en la entidad.
La seguridad en la zona sur de Tamaulipas está a cargo de las fuerzas federales como el Ejército, la Marina y la Gendarmería, además de la Policía Estatal.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tampico, José Luis Del Ángel Sosa, urgió al gobierno estatal a reforzar las estrategias para inhibir los delitos del fuero común.
Añadió que es necesario aumentar la vigilancia en las zonas comerciales y de mayor concentración.
Del Ángel recordó que, desde el año pasado, los empresarios manifestaron interés en adquirir e instalar cámaras de videovigilancia que se conecten a la central de monitoreo del C-4, pero no pueden buscar cotizaciones hasta que el Estado entregue las especificaciones del equipo, en el que estiman invertir menos de 100 mil pesos por comercio.
