Cuando el partido político MORENA dio a conocer que entre la lista de los candidatos plurinominales al Senado de la República figuraba el nombre de Napoleón Gómez Urrutia, muchos pusieron el grito en el cielo y echaron pestes contra la designación del ex dirigente nacional del sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana.
El motivo, que para la mayoría de los mexicanos los dirigentes sindicales de México son o fueron dirigentes corruptos, empezando por algunos de los más conocidos, algunos desaparecidos como Fidel Velázquez Sánchez, Venustiano Reyes Carranza y Leonardo Rodríguez Alcaine, otros aún vigentes, como Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo, entre otros integrantes de una larga relación que dedicaron su vida a servir a los gobiernos del PRI, en vez de defender los intereses de los trabajadores a los que representan o representaron.
Esa era y es aún la imagen negativa que tiene la gente en la calle de los dirigentes sindicales, incluido, por supuesto, Gómez Urrutia, apreciación que se acentuó a causa de la intensa campaña mediática que se emprendió en contra del regiomontano cuando se opuso a la privatización de las minas.
Sin embargo, a raíz de que el aludido apareció entre los aspirantes del Movimiento Regeneración Nacional a uno de los escaños de la llamada Cámara Alta se ha empezado a conocer la otra cara de la moneda, no solamente la de los adversarios y detractores del controvertido jerarca sindical.
La candidatura, como era de esperarse, reavivó la campaña de descrédito desatada contra el líder, al mismo tiempo, sin embargo, ya con la protección política y el cobijo brindado por el partido de Andrés Manuel López Obrador, se han hecho públicos, asimismo, detalles que muchos ignoraban o habían olvidado, como que el 28 de agosto de 2014 la suprema Corte de Justicia de la Nación absolvió al exiliado en Canadá de todas las acusaciones que se le imputaban.
Esta resolución del más alto tribunal judicial del país demostró que, a diferencia de lo que se propagaba en los medios de comunicación, Gómez Urrutia no es un delincuente, tampoco un prófugo de la justicia, como era a menudo calificado ante la opinión pública.
El ahora candidato a senador declaró ayer que la SCJN lo absolvió de todas las falsas acusaciones promovidas por empresarios y políticos mezquinos y corruptos. “La Corte, expresó el aspirante a legislador, no me perdonó, me exoneró, fue un fallo definitivo e inapelable, total y de fondo, que dejó sin efecto las órdenes de aprehensión que las autoridades judiciales habían girado en mi contra”.
Personalmente no metería las manos al fuego por ningún político, tampoco por un representante obrero, pero me parece que es un acto de justicia que, cuando alguien es señalado como presunto autor de diversos delitos, caso concreto del ex dirigente de los trabajadores metalúrgicos, que el público conozca las versiones, tanto de los acusadores como de los acusados, para que, con base en la información de las dos partes, los ciudadanos con los elementos necesarios para sacar conclusiones más apegadas a la verdad.
Otro asunto que, como el de Napoleón Gómez, acapara la atención pública pero en el ámbito local es que el ayuntamiento de Ciudad Madero tiene hasta este lunes 26 de febrero para resolver si otorga o no la carta de residencia solicitada por el candidato morenista a la alcaldía de aquel municipio, Adrián Oseguera Kernion.
Como se dio a conocer oportunamente, el Tribunal Electoral de Tamaulipas notificó el 16 de febrero a la autoridad de la urbe petrolera del resolutivo y lo emplazó a que en lapso de diez días, que vence hoy, para que decida, advertido de que, en caso de incumplimiento, se haría acreedor a una amonestación o hasta un arresto administrativo de 36 horas, por desacato a la autoridad.
Es necesario recordar que, además del fallo del TRIELTAM, con fecha 21 de diciembre de 2017, el Noveno Tribunal de Distrito otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a Oseguera Kernion contra actos reclamados, es decir la negativa a extenderle la carta de residencia, que el municipio incumplió.
En el caso del tribunal electoral, la autoridad municipal se expone a una amonestación o arresto, en el del juzgado federal, en cambio, la sanción puede llegar hasta la remoción del funcionario que haya desobedecido la disposición, en esta ocasión el Secretario del Ayuntamiento, Jonathan Ruiz Álvarez.
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