CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En la presente administración estatal, dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública han sido destituidos y uno de ellos inhabilitado hasta por tres años, de acuerdo con información de la Contraloría Gubernamental.
Las sanciones aplicadas por el órgano de control interno de la dependencia estatal a cargo de la Seguridad Pública del Estado, se determinan dependiendo de la gravedad de la causa.
En esos casos, sin especificar los motivos, se determinó que dos funcionarios de Seguridad Pública recibieran como sanción la destitución del puesto y la inhabilitación para ocupar un cargo en la administración estatal hasta por tres años.
La institución ocupa el tercer lugar en quejas ante el Instituto Estatal de los Derechos Humanos en Tamaulipas, acumulando al mes de marzo 38 presuntas violaciones a derechos humanos.
Las principales quejas son por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y detención arbitraria, de acuerdo con el reporte de la Comisión de Derechos Humanos del estado.
El año pasado, los policías estatales encabezaron las quejas ante el órgano garante de Derechos Humanos con 131, de acuerdo al informe emitido, seguido del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores que cumuló 106 en el año y las escuelas primarias con 71 quejas.
Dentro de las violaciones al derecho de la libertad personal, destacan la detención arbitraria, retención ilegal y la desaparición forzada o involuntaria de personas, los principales motivos que originaron el inicio de procedimientos de queja.
En el periodo se solicitaron 39 medidas cautelares, con las que se buscó evitar la consumación irreparable de las violaciones a los derechos humanos denunciados y en 10 casos se propuso la conciliación con el quejoso.
Entre las medidas cautelares se logró que en 15 de ellas se giraran instrucciones al personal de la dependencia para que se abstuvieran de algún acto de molestia injustificada en la persona, bienes o familia de los peticionarios.
En 12 medidas más se logró que se llevaran acciones de salvaguarda de la vida, integridad física, emocional, psicológica y se brindara atención médica a la población penitenciaria y apoyo e información a los familiares.
Del total de quejas, sólo en cinco se emitieron acuerdos de no responsabilidad al haberse demostrado que la actuación del funcionario no fue violatoria de los derechos humanos.
El año pasado también se emitieron seis recomendaciones.