CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En Tamaulipas los partidos políticos han comenzado a comprar y coaccionar el voto. El precio del sufragio en Reynosa, Ciudad Victoria y Matamoros es de 500 pesos, aseguró la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en denuncias de habitantes.
De acuerdo con el primera entrega del informe Democracia sin pobreza, hay tres reportes de personas ligadas a institutos políticos que ofrecían despensas, materiales para la construcción o dinero en efectivo a cambio de beneficiar a un candidato en específico.
En territorio tamaulipeco, los candidatos presidenciales, Ricardo Anaya Cortés (Por México al Frente), Andrés Manuel López Obrador (Juntos haremos historia) y José Antonio Meade Kuribreña – (Todos por México) luchan por obtener la mayoría de los 2 millones 628 mil 745 votos en el listado nominal.
Democracia sin pobreza es un proyecto respaldado por el Fondo de Observación Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electoral (Fepade). En la plataforma participan 60 organizaciones civiles.
En rueda de prensa para presentar el primer corte de caja de denuncias, el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Alberto Serdán, afirmó que todos los partidos están involucrados en la compra y coacción del voto. Empero, añadió, en la mayoría de los casos el partido inmiscuido es el que gobierna.
El primero caso reportado en Tamaulipas corresponde a la calle Caracol en la colonia Acuario 2001 en Matamoros. El reporte ciudadano avalado por la organización civil señala que el 28 de marzo de 2018 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) repartían dinero a cambio del voto.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2018, a Democracia sin pobreza llegó una denuncia por reparto de materiales para la construcción, electrodomésticos o despensas en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo en Ciudad Victoria. Las personas que distribuían las cosas solicitaban, refiere el reporte, pedían el sufragio para el PAN.
El denunciante de este caso aportó al expediente una fotografía de un formulario que debían responder quienes aceptaban la repartición de objetos. Cabe mencionar que en la hoja no hay ningún logo del partido político, solamente preguntas referentes a propuestas del instituto blanquiazul. La última cuestión es: “¿Sabías que López Obrador propone
perdonar a los delincuentes y que sigan en las calles?”.
El tercer reporte se interpuso el 3 de mayo de 2018. La persona señaló que repartían diversas cosas útiles para el hogar o construcción en una casa ubicada en la esquina de las calles San Juanita con San José en Lomas del Real Jarachina Sur en Reynosa. De acuerdo con la información de Democracia sin pobreza, las personas buscaban votos para el gobierno local.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas abrió 6 carpetas de investigación de denuncias presentadas desde que comenzó el proceso electoral local hasta el 13 de mayo. Éstas se investigan con el Sistema de Justicia Penal.
El titular de la Fiscalía, Rodolfo Jáuregui Rosas, informó que el delito principal denunciado es la compra de votos. Además, agregó, el personal a su cargo atiende las quejas y, por ahora, han asesorado a ciudadanos que solicitan información por hechos de candidatos que, a sus ojos, presumen como delitos.
Los aspirantes más observados son quienes participan en las elecciones de los 43 ayuntamientos tamaulipecos.
Los presuntos delitos que involucren a candidatos para el Senado, Cámara de Diputados o Presidencia del país deben denunciarse ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electoral (Fepade), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). Hasta ahora la dependencia no ha publicado los informes mensuales de las denuncias recibidas durante el proceso federal.
Al respecto, la organización Acción Ciudadana ha documentado que el precio del voto llega hasta 5 mil pesos. Dicha aseveración se sustenta en las primeras 151 denuncias provenientes de 13 entidades; el ofrecimiento de dinero en el Estado de México oscila de 250 a 5 mil pesos.
En la Ciudad de México hubo pagos de entre 200 y 2 mil 500 pesos. En promedio, en Guanajuato se entregan de 500 a mil 200 pesos; en Puebla, mil 500 pesos; en Jalisco y Chihuahua, mil pesos; en Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León, 500 pesos; en Quintana Roo, 350 pesos, y en Morelos, 150 pesos.
Coacción en persona y por redes
Expreso ha reportado del ofrecimiento y compra del voto a través de redes sociales y en persona en las elecciones de 2014 y 2016. En el proceso actual, la Misión Internacional de Observación Preelectoral en Tamaulipas informó de múltiples reportes de compra y coacción del voto mediante despensas y programas sociales como Prospera.
Mecanismos de coacción del voto a través de la entrega de despensas y programas sociales fue uno de los hallazgos de la observación encabezada por Ted Lewis, codirector de la organización civil Global Exchange, que realizó del 9 al 14 de mayo en Tampico, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo.
El Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C., en voz de su directora Atala Chávez, declaró que escucharon el uso de los programas alimentarios para beneficiar a los candidatos a presidente, diputados, senadores y alcaldes. “(Hay) grupos de conversación definidos para programas como Prospera que hacían invitaciones expresas para hacer actos de proselitismo, repartir calcomanía o asistir a eventos como desayunos con camisetas de cierto color”, mencionó.
Los integrantes de la Misión expresaron su preocupación por la baja participación de ciudadanos registrados como observadores. Además, advirtieron de la posibilidad de que los 83 mil ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casilla declinen o no se presenten para cubrir los 41 mil 699 puestos el día de la elección. Los hallazgos de la primera visita fueron presentados al INE.
Las redes sociales también han sido sitio de subasta del sufragio. En 2015, a cinco días de la jornada de votación, ciudadanos ofertaron su voto en la página de Facebook “Ventam”. El perfil de nombre Monse Joselyn Moreno Chávez publicó: “También vendo mi voto. Porque al fin de cuentas ai que sakarle un pokito de provecho al fin que ellos roban más”. El mensaje sólo provocó un comentario.
“Dónde tengo que llevar mi voto a venta? Denme info”, escribió la usuario Kari Romero el domingo 26 de mayo, las 11:09 horas. Minutos después colocó su comentario con la etiqueta “(VENDIDO) Mi voto $500 – miramapolis”. Tres días después, por la tarde, Juana Puente publicó: “DONDE PUEDO VENDER MI VOTO KIEN DA MAS OFRESCAN”. No obtuvo ninguna respuesta.
En 2014 también se consignaron publicaciones de usuarios de las redes sociales que ofrecieron su voto a cambio de dinero en la misma página. Un caso fue el del perfil de nombre Guty Rdz que publicó: “Alguien que compre botos para las elecciones del próximo fin?? $$”. El mensaje provocó réplica en más de 20 personas como Vlak Hollow, Gerardo Escobar que ofrecieron dinero por el sufragio.
Ante tales hechos que constituyen un delito, la dirección de “Ventam” cerró la página de Facebook durante el domingo 7 de junio de 2015 para evitar conflictos legales por presuntos ofrecimientos de venta de sufragios, para beneficiar a los candidatos a diputados federales de los partidos políticos.
Democracia sin pobreza
La plataforma digital facilita la denuncia sobre el uso electoral del gasto social con las siguientes condicionantes:
– Los reportes ciudadanos se deben hacer sobre conductas que hayan sido observadas en persona
Mostrar fotografía o video de la irregularidad
En el caso de tarjetas, presentar número y fotografía
Ilegalidades
Condicionamiento de programas a cambio de votar por un partido o candidato
Entrega de tarjetas
Dinero o dádivas
Sospechan de Prospera
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza observó que previo al blindaje electoral iniciado el 30 de marzo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) incrementó el gasto e intensificó la afiliación masiva de beneficiarios así como el nombramiento de vocales de Prospera.
“No pasa desapercibido que, en enero y febrero, se han intensificado las reuniones del titular de Sedesol con beneficiarias y promotoras del programa Prospera, Liconsa, Diconsa y Comedores Comunitarios”, alertó el coordinador de la red de 60 organizaciones civiles, Alberto Serdán.
Las vocales del programa Prospera son elegidas por los beneficiarios como sus representantes ante la contraloría social y también son el primer enlace con la Sedesol, con el objetivo de transmitir quejas o denuncias en periodo electoral.
“Se trata de un modelo de criminalización de la pobreza. Ya no son los servidores quienes pueden tener una sanción, sino los servidores instigan a las beneficiarias y vocales de Prospera para que ellas generen la conducta delictiva”, acusó el ex fiscal electoral, Santiago Nieto, al presentar la plataforma Democracia Sin Pobreza.
Señaló que en el proceso electoral de 2017, el 57 por ciento de las denuncias por condicionamiento de programas estuvo enfocado a las vocales o beneficiarias de Prospera.
En el primer bimestre de 2018 el gasto de Sedesol fue 21 por ciento más alto que el año anterior. Prospera creció 78 por ciento más que el febrero pasado, Diconsa aumentó 31 por ciento. La asignación a Protección Social, que incluye programas como la Pensión para Adultos Mayores, incrementó 492 por ciento. En el presupuesto de la Federación se disparó 141 por ciento el gasto en el rubro de materiales y suministros.