Es cierto: El comité directivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas arrastra una serie de deudas que han comprometido su situación financiera para afrontar dos procesos electorales consecutivos, en 2018 y, cuando se renueve el Congreso del Estado, en 2019.
Lo que poco o nada se dice es que algunas de esos problemas económicos fueron generados no sólo por multas establecidas por las autoridades electorales, sino por demandas laborales con pretensiones excesivas.
Peor aún: Esas demandas laborales no fueron atendidas en su momento en las instancias jurídicas correspondientes. ¿Negligencia? ¿Falta de capacidad para ganar los casos? ¿Intento de unos cuantos por hacer negocio?
Un caso que sirve de ejemplo: un velador que fue despedido en los tiempos en que Ramiro Ramos Salinas fue presidente estatal del Revolucionario Institucional. El trabajador fue dado de baja por incumplir con un aspecto de su chamba.
El velador reclamó sus derechos laborales, presentó una demanda y se fue a un litigio que, finalmente, con el paso de los años, ganó.
Tras ganar el juicio, el velador obtuvo la cantidad de cuatro millones de pesos. Nadie en el comité estatal tricolor lo podía creer.
Esto sucedió el año pasado, en el periodo en que Aída Zulema Flores Peña ocupó la dirigencia priista tamaulipeca. Para fortuna de los directivos priistas de la entidad, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) fue el que desembolsó el pago.
Otro caso, aún más insólito: el ex secretario jurídico del comité estatal del PRI, Gustavo Peña Martínez, el que atendía los asuntos legales… ¡demandó a su partido!
Si el velador se llevó cuatro millones de pesos, las exigencias del ex responsable del área jurídica del priismo tamaulipeco fue una cantidad mayor: ¡9 millones de pesos!
En primera instancia, el demandante logró que las cuentas bancarias de la dirigencia estatal priista fueran ‘congeladas’. La noticia, por supuesto, dejó ‘fríos’ a los funcionarios tricolores, quienes, tras analizar el expediente a detalle, lograron quitarse la decisión jurídica de encima… por el momento. El caso sigue en litigio.
Gustavo Peña Martínez llegó a la secretaría jurídica del comité directivo estatal del Revolucionario Institucional en 2014, tras una designación hecha por el entonces presidente Rafael González Benavides, actual diputado local (quien ni siquiera se asoma a la tribuna).
Peña Martínez llegó acompañado de Héctor Villegas Gamundi, designado secretario de elecciones; y Oscar Almaraz, que recibió el nombramiento de secretario de organización. La encomienda era trabajar para alcanzar el triunfo en la elección federal intermedia de 2015. Así sucedió.
Lo que nadie se esperaba es que cuando el PRI perdió la gubernatura de Tamaulipas, el ex secretario jurídico presentara una denuncia laboral en contra del partido para el que trabajó en un área de confianza y con una exigencia económica que parece desproporcionada.
En los tiempos en que el priismo de la entidad vive su peor situación política y económica, algunos ex directivos, en una actitud ‘gandalla’, tratan de sacar un millonario provecho, una ganancia de millones de pesos. Comportamiento de cuervos y zopilotes. ¿Qué tal?
TRIFE VALIDA TRIUNFO DE CHUCHO NADER
Tal como se esperaba, sin sorpresa alguna, anoche la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en Monterrey, validó la victoria de Jesús Nader Nasrallah en la contienda por la presidencia municipal de Tampico.
La realidad es que el triunfo electoral de Chucho Nader nunca estuvo en duda. Los resultados electorales fueron muy contundentes en la jornada del primero de julio. El candidato de la alianza PAN, PRD y MC se impuso en buena lid, con una campaña bien articulada.
Como es común hoy en día, el PRI interpuso una impugnación, la que fue desechada en las dos instancias: el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Tras el dictamen de las instancias jurídicas, concluye el proceso electoral en tierras jaibas. Ahora, apegado a lo que dicta el reglamento, debe iniciar la etapa de entrega-recepción en el Ayuntamiento de Tampico.
La democracia electoral ya definió un ganador. Corresponde a partir de hoy una transición administrativa en base a la legalidad y la formalidad política. Es tiempo de actuar conforme a lo que exigen las instituciones.
Y PARA CERRAR…
La tampiqueña Olga Sosa Ruiz, diputada federal electa, aspira a la presidencia de una Comisión legislativa. Así se la prometieron sus directivos del Partido Encuentro Social (PES). ¿La conseguirá?
