CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Más de ocho años después de su desaparición, las policías municipales podrían revivir en los municipios grandes de Tamaulipas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca propuso a los 43 alcaldes electos analizar la creación de los cuerpos de seguridad dedicados a combatir a los ilícitos del fuero común.
“Las policías municipales deben regresar, no para que le entren a los problemas delicados que tienen que ver con delincuencia organizada, pero sí para los delitos comunes que hoy en día se tienen en muchos municipios”, expuso el reynosense la semana pasada en Ciudad Victoria.
En el 2011, los municipios tamaulipecos comenzaron a liquidar a sus grupos policiales. La guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón y la posterior implementación de una nueva política seguridad nacional, con Mando Único policial, fueron las acciones que evidenciaron las malas condiciones laborales de los policías y, a su vez, pusieron al descubierto la corrupción y cooptación por el crimen organizado.
Las policías municipales operaron y desarrollaron sus capacidades durante los tres sexenios pasados. Los directores municipales policiacos siempre estuvieron al mando de los entonces titulares de la Secretaría de Seguridad lo tenía Pública (SSP) estatal.
En 18 años, los secretarios de seguridad estatal, José Ives Soberón Tijerina, General Luis Roberto Gutiérrez Flores, Antonio Garza García, General brigadier Ubaldo Ayala Tinoco y Rafael Lomelí Martínez no expresaron públicamente lo que sucedía al interior de las corporaciones municipales y la estatal: una honda corrupción promovida desde las cabezas empezaba a hacer mella contra la población.
Un año después de 2010, cuando inició la época violenta en Tamaulipas, las fuerzas federales iniciaron un proceso de desarme de los policías municipales. El grupo de San Fernando fue uno de los primeros en ser analizados, debido a la masacre de abril de 2011. El resultado de la evaluación e investigación federal fue la detención de 16 agentes por presuntos vínculos con la banda delincuencial que operaba en la zona.
En agosto del mismo año, la Policía Municipal de Ciudad Victoria empezó a desarticularse. A cuarenta y siete de 190 elementos que estaban a la espera de ser evaluados por las pruebas de control de confianza les liquidaron sus contratos.
Los elementos de la zona metropolitana de Tampico, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria fueron los siguientes en quedar sin armas y puestos a disposición de los
exámenes de control y confianza. Este proceso duró dos años para comenzar a “limpiar” las corporaciones que, en el tiempo referido, trabajaban en recorridos a proximidad.
Sin embargo, el cambio más drástico se consolidó en 2013, cuando por orden nacional se implementó el Mando Único. A los policías que aprobaron los exámenes les ofrecieron integrarse a la Policía Estatal. Los que aún no presentaban la evaluación de control esperaron, los que no aprobaron comenzaron a ser liquidados por los ayuntamientos.
El 24 de enero de 2013, los alcaldes del sur de la entidad anunciaron la liquidación de los 580 elementos que integran la corporación metropolitana. La acción fue pactada por la presidenta de Tampico, Magdalena Peraza Guerra y sus homólogos de Ciudad Madero, Jaime Turrubiates Solís; y de Altamira, Pedro Carrillo Estrada.
Para abril, en Nuevo Laredo el Primer Batallón de Policía Militar se hizo cargo de la vigilancia de esta frontera. Dado el paso unificador, más de 600 elementos
municipales se presentaron para obtener el certificado.
Ninguno de los 43 municipios han informado en qué estado legal quedaron las liquidaciones de las corporaciones.
En cambio, de acuerdo con el informe de observaciones del gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las administraciones estatales del periodo 2000 a 2010 cometieron irregularidades estimadas en más de 2 mil millones de pesos con los fondos de seguridad.
Dentro de las auditorías se encontró que la actuación de los municipios en el rubro de seguridad fue similar a la estatal. El hallazgo mayor señalado por la
Auditoría Superior son las diversas irregularidades en la implantación y operación de la Plataforma México, un comportamiento que se agudizó en los ayuntamientos de Matamoros y Reynosa.
El proceso de fiscalización del Subsemun en el periodo 2008 a 2010 arrojó evidencias claras del mal uso de 488 millones 500 mil pesos dados a las dos localidades fronterizas. Ese dinero fue ejercido en la víspera a la cruenta guerra desatada a partir de febrero de 2010 en la frontera, que se propagó al centro y sur de la entidad.
En 2009, el entonces alcalde de Matamoros, Erick Silva Santos, permitió que el subsidio se gastara en obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines establecidos en el convenio federal. En Reynosa, el presidente Oscar Luebbert Gutiérrez, incumplió en pagos que no reportó e impidió la puesta en marcha del sistema de inteligencia policial.
Para el año siguiente, se descubrió que artículos del kit de video vigilancia, vestuarios del grupo táctico y cámaras digitales se perdieron. El daño al erario fue de 5 millones de pesos, por otros conceptos que no comprobaron. Los auditores consideraron que las licitaciones de uniformes, camisetas, patrullas, equipo de cómputo y cámaras de seguridad fueron irregulares.
Se necesita dinero
Los alcaldes electos coincidieron en que revivir las corporaciones municipales policiacas requiere de un ajuste económico. A partir de 2013, en el aspecto presupuestal, el Poder Ejecutivo estatal ha concentrado y ejecutado el dinero anual del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), ahora llamado Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que antes se repartía a los municipios. Antes este dinero servía para solventar necesidades como sueldos y equipamiento.
El presidente municipal reelecto, Óscar Enrique Rivas Cuéllar, comentó que en la experiencia del primer periodo de su administración existe una área en materia de violencia intrafamiliar que debe ser atendida.
“No contamos con elementos que puedan atender esos casos y haga presencia la autoridad y de esta manera, una policía preventiva o de proximidad, como se le asigne, vendría a cubrir esa tarea que hoy necesitamos en los municipios”, dijo.
El alcalde de Padilla electo por segunda ocasión, Eduardo Alvarado, se sumó a la propuesta de crear una policía local que atienda los delitos menores. Aunque, puntualizó, que se debe analizar el costo y los alcances del presupuesto estatal y municipal.
“Yo creo que ahorita los municipios grandes estarían un poquito más interesados en la cuestión de la policía municipal. Obviamente todos los municipios nos pronunciamos a favor de más policías, el problema sería lo económico, no sé si estaríamos en condiciones de poder cubrir los salarios, los insumos, que conlleva tener nuevamente policía municipal”, argumentó.
Igualmente, el próximo jefe edilicio de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, dio todo su respaldo a la propuesta de seguridad de Francisco García. “Lo que el gobernador nos vaya dictando para nuestros municipios creo que es lo más corrector en este momento y nosotros seguiremos en la estructura de la formación de buenos ciudadanos como la mejor manera de mejorar la seguridad”.
Para Jesús Nader, presidente electo de Tampico, la creación de una policía municipal es complicada por la necesidad de recursos económicos y la selección de aspirantes. Sin embargo, añadió, el siguiente paso en la política de seguridad del actual gobierno, la cual consideró ha rendido frutos, es atacar los delitos menores con agrupaciones locales.
García Cabeza de Vaca reconoció que no todos los ayuntamientos tienen capacidad para poder contar con su propio cuerpo policiaco, pero esos, dijo, sí pueden coadyuvar con la denuncia de hechos delictivos en su comunidad.
Quien no quiso opinar sobre el llamado del gobernador fue el alcalde electo de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión. El político de Morena dijo que en materia de seguridad esperará la decisión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y su gabinete federal.
Faltan 7,500 elementos para vigilar el estado
En Tamaulipas desde 2006 han sido cesados de sus cargos más de cinco mil policías y al menos 700 mandos medios y altos, debido a que no reunían el perfil para la nueva policía, no tenían la capacitación necesaria o porque reprobaron los filtros de control de confianza o el entrenamiento que les dio el Ejército Mexicano.
Debido a la falta de reclutamiento de policías estatales durante la anterior administración, actualmente el estado tiene un déficit de 7,500 policías estatales. Se estima que la entidad debería contar con al menos 10,000 agentes preventivos.
Porque Tamaulipas cuenta actualmente con 81 policías por cada 100 mil habitantes, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Dos de cada tres policías preventivos o policías investigadores que presentaron y aprobaron la evaluación de confianza ya no están en activo por diversas situaciones.
De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública o SNSP, desde 2011 reprobaron más dos mil 36 policías, solamente en lo referido a los filtros de control de confianza, y otro tanto fue despedido debido a que carecían de estudios de educación básica, tenían más de 50 años de edad o condiciones de salud que no los hacían aptos.
En cuanto a mandos medios, el SNSP vía Transparencia aceptó que de 770 los que se evaluaron, 658 fueron los que aprobaron y 112 los reprobados, sin embargo, solamente están activos 17 mandos y 157 como administrativos, lo que significa que solamente el 23 por ciento de los que pasaron los filtros de confianza se
quedaron en la policía.
Según una solicitud de información al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, mediante oficio número SESNSP/CNCA/0002394/2016, manifestó que de enero a al 31 de octubre de 2016 fueron evaluados 80 mandos policiacos estatales y, de estos, 59 aprobaron y 21 reprobaron.
A escala nacional el porcentaje de mandos reprobados en los exámenes de confianza durante 2016 fue del ocho por ciento, pero en esta entidad la cifra sobrepasa el 26 por ciento.