CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Procuraduría General de la República (PGR) liberó las mil 600 hectáreas distribuidas en dos predios ubicados a un costado del Puerto Industrial de Altamira, que están ligadas con el proceso penal que enfrenta el ex gobernador, Eugenio Hernández.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, informó en el comunicado número FEC/005/2018, que los terrenos recuperados supera el valor de los mil 500 millones de pesos.
Detalló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), solicitó al Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tamaulipas, la cancelación del gravamen sobre estos predios propiedad del Gobierno del Estado y que fueron vendidas de manera irregular a una empresa particular.
“La PGR mantenía estos terrenos en calidad de asegurados como medida cautelar en una indagatoria de la Seido, sin embargo, las acciones que inició el gobierno estatal permitieron que los terrenos fueran liberados del aseguramiento y hoy se encuentren libres de gravamen”, afirmó el documento.
La autoridad anunció que el Gobierno del Estado inició en octubre de 2017 el proceso legal de recuperación de los terrenos localizados en el Puerto de Altamira, cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas logró que se librara orden de aprehensión en contra de personas implicadas en la averiguación previa penal 14/2017.
“Las 1,600 hectáreas habían sido vendidas en 2007 a un particular en 16 millones de pesos”, detalló el comunicado.
La Fiscalía agregó que continuará con las acciones legales que permitan la recuperación de terrenos u otras propiedades que pertenezcan al patrimonio del estado y que particulares a través de actos de corrupción, se hayan apropiado de ellas.
De acuerdo con información anteriormente proporcionada por este organismo, el ex gobernador se hizo de mil 600 hectáreas que adquirió a través de prestanombres a 1.5 por ciento de su valor real.
A Detalle
Estos terrenos fueron expropiados por el Gobierno Federal en 1981 y transferidos a Tamaulipas en 1998, cuando gobernaba Manuel Cavazos Lerma, como parte de un proyecto para fomentar el desarrollo industrial en el puerto de Altamira.
El 19 de junio de 2002, el Fideicomiso Nuevo Santander, que administraba desde 2001 por parte del Gobierno tamaulipeco dichas propiedades, vendió las extensiones de tierra a Materiales y Construcción Villa de Aguayo.
La inmobiliaria vendió en 2007 los terrenos en 16 millones de pesos a GMC Desarrollo Industrial de Altamira.