Como sucede después de cada proceso electoral, en el que los contendientes se reúnen con sus adversarios para limar asperezas y al mismo tiempo curar los raspones y heridas sufridas durante el fragor de la competencia, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión privada con los contratistas del cancelado nuevo aeropuerto de Texcoco.
El objetivo, garantizarles a los constructores lo que les ofreció durante el debate sobre la nueva terminal aérea, que, como se sabe, se construirá en la base
militar de Santa Lucía, que respetaría los contratos, en la medida en la que esto sea legalmente sea posible, para que ni el futuro gobierno ni ellos salgan perdiendo.
Y aunque a ciencia cierta no se tiene idea precisa ni detallada de si se llegó a o no a algún acuerdo, por los comentarios de algunos de los 16 empresarios que asistieron al conciliábulo escenificado en conocido restaurante de Polanco, de la Capital del país, que representan el 92 por ciento de los participantes en la obra, parece que pactaron finiquitar los convenios de Texcoco y apoyar la construcción de Zumpango, así como al régimen entrante. ¿Un final feliz?
Trascendió, a propósito de curar heridas y raspones políticos, por otra parte, que el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, se habría reunido en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto para hacer las paces y sanar los daños que uno y otro se infringieron en la pasada contienda electoral.
Como se sabe, el ex joven maravilla advirtió en los spots de campaña que el presidente quería sacarlo de la lucha presidencial porque sabía que si ganaba las elecciones lo metería a la cárcel. De acuerdo con algunas versiones, al término del supuesto encuentro, la PGR habría retirado la acción penal ejercida contra el panista y todo habría queda en santa paz, ya que de mantenerse abierta la querella de acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilegal enderezadas contra el ex jerarca de Acción Nacional, el juicio podría ser aprovechado por el gobierno de AMLO.
No obstante, el ex candidato al gobierno de la República, quien reapareció a través de las redes sociales después de más de un mes de mantenerse alejado de los medios de comunicación, rechazó que haya tenido alguna conversación con el primer mandatario.
La verdad es que, aunque en política suelen ocurrir las cosas más increíbles, si las imputaciones formuladas por el gobierno contra el queretano fueron fundadas y no una artimaña política para impedir la llegada del albiazul a la Presidencia, se antoja complicado el perdón y a que después de un saludo, una conversación y una palmadita, todo quedará olvidado.
Hablando de acusaciones, pero locales, el que no quita el dedo de la investigación que se lleva a cabo a la administración del ex alcalde de Tampico, Gustavo Torre Salinas, al que se acusa de desvío de recursos, es el diputado de ciudad Madero, Joaquín Hernández Correa.
Ayer, por ejemplo, el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, afirmó que las pesquisas siguen adelante, pero que a causa de la carga de trabajo del Congreso del Estado, no se ha podido concretar el caso pero que se hará en su momento.
Como es del dominio público, Torres Salinas cometió el delito de peculado al prestar dinero a los regidores porque el ayuntamiento no puede utilizar fondos del erario municipal para ayudar económicamente a los miembros del cuerpo edilicio.
Se había comentado que el apoyo que el aludido ex munícipe tampiqueño ofreció a Chucho Nader durante la pasada campaña electoral del hoy presidente municipal, había sido a cambio de impunidad y que por ese motivo se le va a seguir dándole largas al asunto hasta que la gente lo olvide y el caso sea archivado, como es habitual en México con este tipo de procesos.
La nota positiva del día estuvo a cargo de la diputada Olga Sosa Ruiz.
La legisladora del PES se reunió con autoridades del IEST para dar a conocer que está haciendo gestiones ante el gobierno federal para bajar apoyo financiero que ayude a que los proyectos de los estudiantes de la institución se concreten en beneficio de la comunidad de Tampico, Madero y Altamira.
Además de la legislación, la gestión social es, sin duda, una de las funciones más apreciadas de los representantes populares.
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