Los primeros 15 días de gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos señalan el rumbo de que su mandato será inflexible y confirman los actos de “cuasi gobierno” que vino ejerciendo durante el largo periodo de la transición.
Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil J. de La Fontaine
Lo anterior, aunado al caudal de reformas legislativas que se han dado a partir del 1º de septiembre pasado, que han minado la confianza de los gobernados y han generado incertidumbre y confusión en varios ámbitos de la vida pública, particularmente en lo que hace a los temas de seguridad, justicia y financieros. Baste señalar las declaraciones sobre la cancelación de las obras del NAIM, cuyos efectos han vulnerado de manera sustantiva la economía nacional y la imagen de solidez financiera que México ha conquistado en el exterior. Efectos que no han podido
ser contrarrestados a pesar de que la construcción del aeropuerto continúa y de que el enfrentamiento con los tenedores de los bonos del NAIM aún no llega a las cortes internacionales.
Las declaraciones recientes de Jiménez Espriú, que establecen la decisión de construir el aeropuerto en Santa Lucía y, de una nueva recompra de bonos a un precio mayor, con la “esperanza” de que los bonistas acepten con una espera hasta el 4 de enero para suspender la obra. Segunda oferta que no fue aceptada y que el día jueves retomó el Presidente para escuchar y atender las consideraciones que al respeto haga el secretario de Hacienda, a quien le concedió autonomía para dichas decisiones. Las discrepancias y diferendos con el Poder Judicial han llevado a un desgaste innecesario y a admitir la supremacía de los artículos 94 y 14 constitucionales (“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna…”). Bajo esta perspectiva, es de considerarse que el último reducto para preservar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y la legalidad de los actos de gobierno está en manos del Poder Judicial Federal, único poder de la Unión que tiene la obligación de mantener el Estado de derecho a través de una clara interpretación del espíritu de la ley, evitando que
normas jurídicas o actos de gobierno contraríen la ley suprema.
La jurisprudencia de los tribunales mexicanos ha sido fuente innegable del derecho positivo y salvaguarda de los derechos humanos para todos los habitantes de nuestro país.
Particular atención deben merecernos ahora más que nunca las reformas a la Constitución que exige al constituyente permanente la aprobación del Congreso de la Unión por el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes y por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la CDMX; la reforma a la ley suprema ni puede ni debe contrariar principios establecidos en tratados internacionales aprobados por el Senado que sumados a nuestra Constitución constituyen la ley suprema de nuestro país y que, cuando son “debidamente” aprobados, no admiten recurso de impugnación. La función legislativa que se destina sin reparos para allanar el ejercicio del mandato del Ejecutivo carece de los principios de legalidad y equilibrio; es el mandato del Ejecutivo el que debe ceñirse al orden jurídico y no el orden jurídico a las exigencias del primero. Lo anterior viene a colación porque, con un Poder Legislativo tan obsequioso al Ejecutivo, el único equilibrio surge de la autonomía, independencia y respeto al Poder Judicial de la Federación, que hoy se encuentra en medio de una disputa claramente desventajosa y abusiva, en concreto con el análisis constitucional que sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos le corresponde a este poder. No solamente para los miembros del Poder Judicial, sino para todos aquellos que ejercen funciones públicas es deseable que la austeridad con que se conduzcan en el ejercicio de tales funciones sea ejemplar, lo cual no es contrario a la capacidad, la capacitación, la especialización, la antigüedad y la entrega, que son elementos fundamentales para la meritocracia, concurrentemente con la
aspiración a mejores condiciones laborales.
Un caso más para señalar es el de los representantes diplomático y consulares de nuestro país en el extranjero, que ya alzaron la voz para señalar que, de reducirse sus salarios, no sólo no les alcanza para vivir dignamente, sino que tampoco podrán ejercer una representación decorosa de nuestra nación, exponen puntualmente los gastos básicos para acreditar su petición a lo cual la SRE se ha comprometido a analizar las inconformidades.
Qué decir de las instituciones u órganos autónomos diversos como el INE, el INAI, el INEE, etcétera, que han sido objeto también de ataques, lo que se observa como la pavimentación de un
camino hacia su aniquilación. Mucho se ha pugnado en varias administraciones para que estas mejoras incentiven a erradicar la corrupción: salarios dignos, suficientes y atractivos para mejores desempeños como método útil para cooptar las tentaciones de los corruptores. Muchas asignaturas están pendientes y precisan que los poderes de la Unión estén unidos en la legalidad con armonía y respeto y, cuyo fin sea alcanzar el bien común de México.
