López Obrador ante ministros, perdiendo gana y ellos ganando perderían
Por congelamiento de una ley el Congreso reduciría presupuesto a SCJN
La desaparición del Seguro Popular ¿es buena o mala para Tamaulipas?
Arturo Soto Alemán inquieta a priistas y ‘morenazos’, por abrirse de capa
Los deportistas tamaulipecos tienen posibilidades de apoyo para competir
El mal llamado ‘congelamiento’ a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dispuesto por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán ante la impugnación promovida por un grupo de senadores, ha generado la solicitud de otros seis mil amparos (+/-) en contra de dicha reglamentación.
Y entre ellas las más corresponden a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues, su jerarquía –encabezada todavía y hasta el día 31 del mes que cursamos por Luis María Aguilar Morales–, rehúsa reducir sus estipendios, por lo que el jefe del Ejecutivo federal está obligado a acatar la suspensión.
Es decir, debe mantener inalterables los emolumentos que se pagan a los burócratas privilegiados de los tres Poderes de la Unión, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si procede o no el nuevo ordenamiento, que, por cierto, pone en entredicho el marco legal y da pie suspicacias.
O sea, si está o no apegado a derecho, aun cuando la nueva ley dicta que son servidores públicos federales todos los representantes de elección popular (senadores y diputados), así como los miembros del Poder Judicial de la Federación; los funcionarios de las dependencias del Ejecutivo y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración oficial, así como los trabajadores de las instituciones y organismos dotados de autonomía y de las empresas productivas del Estado.
Pero estimo que la Corte fallará en contra, al menos en los casos del Congreso y del Poder Judicial cuya autonomía la determina la propia Carta Magna en su contenido.
Como sea, Andrés Manuel López Obrador tiene otros dos ases bajo la manga para contrarrestar a sus opositores, como son:
1) Reducir el presupuesto de los poderes Judicial y Legislativo (para el ejercicio 2019) a fin de obligarlos a realizar ajustes en distintos rubros, pero principalmente en cuestiones
salariales; y
2) En caso de que las remuneraciones se mantuvieran elevadas (pese a la disminución presupuestaria), promover una reforma constitucional (así lo permite el artículo 71), para que todos los servidores públicos –electos o no–, sin excepción, queden sujetos al nuevo ordenamiento.
Los rebeldes
Sin embargo, como aquí mismo se lo comenté hace más de un mes, la alta jerarquía del Poder Judicial de la Federación –cuya responsabilidad es vigilar el cabal cumplimiento del orden legal–, paradójicamente encabeza la promoción de amparos contra la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues no está dispuesta a reducir sus ingresos.
Cierto es que el artículo 94 constitucional establece que la retribución que perciban por sus servicios los ministros de la SCJN, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la judicatura federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Pero también es cierto que nuestra Carta Magna, en la fracción II del precepto 127, determina que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor que el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
Y eso mismo ha generado tal controversia que hasta los altos mandos del Instituto Nacional Electoral (INE), Banco de México, de universidades autónomas y entidades paraestatales –Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), etcétera–, se han sumado a la insurrección, aunque estos bajo la argucia de que ninguna reglamentación de reciente cuño puede ser retroactiva.
Obviamente rechazan la nueva ley porque en la actualidad mantienen salarios muy superiores a los 108 mil 248 pesos que Andrés Manuel López Obrador propuso recibir mensualmente, en por lo menos su primer año de ejercicio presidencial.
Esta controversia tiende a crecer.
Y podría marcar el desprendimiento momentáneo del Poder Judicial de la ubre presidencial, aunque el maridaje del Ejecutivo con el Legislativo, al final de cuentas, impondría su voluntad a través de otra reforma constitucional, sin descartar que hasta pudiera fincar responsabilidades a los rebeldes que, por cierto, durante años harto se han beneficiado con los recursos públicos.
Prueba de ello es que el magistrado presidente STJN, Luis María Aguilar Morales, cobra mensualmente 388 mil 291 pesos libres de impuestos, más prestaciones –incluidos vehículos de lujo, telefonía celular, escoltas, viáticos, gastos de representación y otros–, sin considerar las entradas por probables enjuagues.
Y en la misma tesitura aparecen los otros diez ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán.
Así que no le extrañe que sean doblegados a la fuerza, pese a que en el pasado se enfrentaron también al jefe del Ejecutivo Federal, pero gracias a un artículo transitorio lograron que en 2018 se les permitiera ganar más que el señor de Los Pinos, aun cuando los emolumentos de Enrique Peña Nieto hasta el último mes de su mandato, fueron de 259 mil 628 pesos.
Igual les ocurriría a los mandones del INE, comandados por Lorenzo Córdova Vialleno, quienes perciben mensualmente 178 mil 448 pesos con 41 centavos –más prestaciones como prima vacacional, prima quincenal, aguinaldo, gastos funerarios, indemnización por fallecimiento, seguro de vida, colectivo de retiro y otros–, cuando su ejercicio ha resultado harto cuestionado.
Ya ve usted el cúmulo de impugnaciones que se presentan en su contra cada que hay elecciones.
Los senadores y diputados federales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y grupos parlamentarios afines, contemplados en la nueva ley reglamentaria, por su parte, se adelantaron a la determinación reduciendo el monto de las dietas legislativas hasta en un 70 por cierto, que puntos +/- sería la reducción propuesta por el tabasqueño al sueldo presidencial.
Impacto
Hay analistas que suponen que la nueva Ley Federal de Remuneraciones causaría desinterés de los talentos para trabajar en el gobierno, por lo que optarían prestar sus servicios especializados a la iniciativa privada, cuando el panorama se advierte incierto para los mismos inversionistas.
Esto quiere decir que la presencia de 8 mil 094 servidores públicos de base y confianza, que hasta hoy perciben más de 108 mil 248 pesos cada mes, reduciría drásticamente por rehusarse a ganar menos; pero las plazas que pudieran abandonar por su misma soberbia, ya las buscan ejércitos de técnicos desempleados, quienes sí están dispuestos a jugársela con el tabasqueño sin sangrar tanto las arcas públicas.
Por cierto los nuevos tabuladores ya están listos y en la víspera fueron discutidos en la Cámara baja, al iniciar los trabajos para analizar el paquete económico del 2019, enviado al Congreso por el mentado ‘Peje’.
De ahí dependerá el comportamiento futuro de los alzados, porque si algo caracteriza a Andrés Manuel, es su voluntad para hacer valer la ley y, hasta eso, teniendo los pelos de la burra en mano.
Fin al Seguro Popular
En el régimen presidencial de Vicente Fox Quesada, el entonces secretario de Salud, Julio Frenk Mora, creó el Seguro Popular para garantizar servicio médico gratuito a los entonces ¡50 millones de mexicanos carentes de todo acceso a las clínicas y hospitales!
A la fecha hay una cifra incuantificable de afiliados.
Pero han sido pocos los beneficiados pues en las instituciones como el IMSS, ISSSTE y nosocomios generales, o de alta especialidad, se le ponen trabas a los pacientes que reclaman su servicio, pese a que el programa en su esencia contemplaba: a) equidad para abatir los rezagos y desigualdad; b) calidad para solucionar la heterogeneidad del servicio; y c) la protección financiera para los de mexicanos que cuentan con seguridad social.
No obstante, este programa presentó: 1) Inequidades regionales en la cobertura y la calidad de los servicios; 2) una mala evaluación para dotarle presupuesto suficiente; y 3) la inexistencia de mecanismos confiables para la rendición de cuentas.
De ésta anomalía Andrés Manuel siempre estuvo enterado –aunque la esencia del proyecto es digno de todo reconocimiento–, por lo que dispuso, hace un par de días, desaparecer el Seguro Popular, para sustituirlo con un programa que garantice atención facultativa de calidad y medicamentos sin costo, “porque no se puede hablar de derechos humanos si no se garantiza el derecho a la salud, a la vida”, dijo.
Y eso nos anima a los desposeídos, aunque su estrategia contemple a otras entidades del sur, en principio…
Mano levantada
Públicamente hasta ahora sólo hay un aspirante a ser candidato a diputado local quien ha levantado su mano.
Es Arturo Soto Alemán (PAN).
Y eso, obviamente, le genera intranquilidad a las dirigencias partidistas opositoras, pues el capital político que el todavía Subsecretario de Ingresos del Gobierno estatal mantiene en la comarca (Victoria), supera en mucho al presumido por otros actores que codician jugar en esta lid.
Basta observar su comportamiento, esperando ‘línea’ centralista, antes de pronunciar abiertamente su aspiración, porque carecen de liderazgo y lo peor, de confianza en sí mismos y apoyo ciudadano.
Cierto es que la marca ‘Morena’ vende mucho, todavía, pero no le veo, en esta localidad, un representante original capaz de dar la pelea; y menos, al tricolor,
Así que Arturo cabalga en caballo de hacienda.
Y si acaso se concretara su postulación, lo más seguro es que ganaría la elección.
Lo digo porque en sus más recientes participaciones electorales Arturo ha dado muestra de su liderazgo.
Y eso, precisamente, influiría en la toma de decisiones partidistas.
Con él por el otro distrito correspondiente a Victoria el PAN jugaría a la actual subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Gloria Garza Jiménez (actual subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos).
En cuanto al PRI, se dice que Carlos Morris Torre se pronunciaría para ser reelecto –llevando de compañera a Guadalupe Perea–, y, por parte del grupo Morena, se menciona a José Ricardo Rodríguez Martínez y Eduardo Gattas Báez (ambos chapulines con cuestionable presencia partidista), por lo que advierto que Soto Alemán lleva una delantera profunda, al menos, si la oposición jugara a los actores figurados.
E-m@il
jusam_gg@hotmail.com
