Vuelvo a hablar del caso que mejor conozco: el 9 de diciembre de 2005, al lado de Florence Cassez, Israel Vallarta fue detenido en el espectacular -y falso- operativo policial transmitido por Televisa y TV Azteca para loar la eficiencia de la Agencia Federal de Investigaciones. Acusado de secuestro, crimen organizado -por pertenecer a una banda cuya existencia jamás ha sido probada- y portación ilegal de arma de fuego, Vallarta fue arraigado por 90 días -el término máximo introducido por Calderón- y luego sometido a proceso. Desde entonces permanece recluido en cárceles de máxima seguridad sin haber sido juzgado. 13 años sin sentencia. 13 años en prisión preventiva.
Como aún no se le juzga, a Vallarta aún debería protegerlo la presunción de inocencia. Ello significa que estos 13 años un inocente ha permanecido en la cárcel -después de haber sido torturado, de que se le sembraran armas y pruebas y de que las autoridades le negasen un juicio justo- primero, mientras se investigaba su caso y, luego, mientras se prolonga su interminable proceso. Que las leyes mexicanas permitan esta posibilidad -la de que alguien pueda permanecer tanto tiempo sin sentencia- contradice cualquier forma de justicia, que por definición debe ser rápida y expedita.
El caso de Israel no es, en medida alguna, único. Al contrario: en nuestro país, miles de personas permanecen arraigadas en lo que son investigadas o encarceladas mientras se les somete a juicio. El arraigo -una forma particularmente perversa de la prisión preventiva- ha sido denunciado una y otra vez como una violación al principio de la presunción de inocencia; lo mismo ocurre con la prisión como medida cautelar. Se trata de violaciones a los derechos humanos que, durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto, se volvieron moneda corriente en el combate al crimen organizado.
Ambas medidas son parte de una estrategia meramente punitiva que a la postre no ha arrojado ningún resultado positivo. Su fracaso, a lo largo de estos doce años, ha sido total. ¿Por qué entonces ahora los legisladores de Morena se han empeñado no sólo en mantener, sino en profundizar este yerro? En contra de lo que se imaginaba con el triunfo de López Obrador, quien prometió cambiar radicalmente la estrategia de combate al crimen, la iniciativa aprobada por Morena que aumenta los delitos sometidos a prisión preventiva oficiosa es un retroceso que, igual que la Guardia Nacional bajo mando militar, repite los peores lados del calderonismo.
Al leer el nuevo catálogo de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa -robo de combustible, abuso o violación sexual de menores, corrupción, desvío de programas sociales con motivos electorales, portación ilegal de arma y desaparición forzada y entre particulares- uno podría casi mostrarse de acuerdo. Pero sólo si se desconoce que nuestro sistema de justicia no funciona en ninguna medida y que la aprobación de esta medida no hará sino aumentar las acusaciones falsas.
Particularmente grave es la inclusión en el listado de la “portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército”. Cualquiera que conozca a nuestras policías sabe que una de sus
prácticas habituales es la siembra de armas a los sospechosos. Al asociar este delito con la prisión preventiva oficiosa, en la práctica se impulsa esta siniestra costumbre que mantendrá a miles de inocentes en la cárcel en lo que son investigados sólo porque las fuerzas de seguridad podrán encontrar así una justificación legal a sus prácticas.
Resulta gravísimo que Morena y el presidente López Obrador no cuenten con un plan de reforma integral de nuestro sistema de justicia y, en cambio, avalen iniciativas que no harán sino contribuir a la corrupción y a la vulneración de la presunción de inocencia. El nuevo listado de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, sin contemplar las circunstancias de cada caso, es un premio a la ineficiencia de nuestras policías y ministerios públicos y una forma de prolongar la injusticia que prevalece en México y que sobre todo perjudicará a quienes menos recursos tienen para defenderse.
@jvolpi