CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los recortes presupuestales anunciados por el Gobierno federal, especialmente al Ramo 23, pegarán a rubros como pavimentaciones, alumbrado y de manera particular al pago de pensiones en municipios, las cuales nunca se han reestructurado y se pagan con recursos fiscales netos.
La poca información disponible sobre el pasivo laboral de los municipios tamaulipecos, permite estimar que la cifra podría ascender hasta los 16 mil 500 millones de pesos.
El principal problema es que las pensiones de trabajadores del ayuntamiento, activos o jubilado, no cuentan con fondo alguno, ni un sistema formal de pensiones, por lo que deben hacer frente a este gasto de manera directa, lo cual representa una contingencia para sus finanzas, amenazadas por las bajas en las participaciones o aportaciones.
El gasto anual de pensiones en algunos municipios en Tamaulipas, representa hasta un 15 por ciento de la nómina de trabajadores activos y, municipios como Reynosa, llegan a pagar 10 millones de pesos mensuales de pensiones y jubilaciones, sin que se sepa a quién, por qué o cuándo.
Aunque la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, obliga a los gobiernos sub nacionales a presentar una valoración actuarial de sus pasivos pensionarios, para el presupuesto de egresos 2018, solamente Reynosa lo hizo.
En este caso, Reynosa revela un pasivo laboral de mil 500 millones de pesos, estimado para el total de los jubilados y pensionados actuales y de cuatro mil millones para los trabajadores aún en activo y futuros jubilados.
Además, en los presupuestos de egresos de cada año, los municipios no publican información detallada sobre el número de pensionados, montos de pensiones y el pasivo laboral y, en muchos casos, ni los montos destinados.
Todas las revisiones realizadas por calificadoras de riesgo financiero, detallan que los municipios tamaulipecos no cuentan con un sistema formal de pensiones y deben hacer frente a ese gasto de forma directa, lo que representa una contingencia que puede entrar en crisis, en cualquier momento.
Para 2019, el Presupuesto federal del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, prevé un recorte del 40 por ciento al llamado Ramo 23, que son Provisiones Salariales y Económicas y que se destina a pavimentaciones, reconstrucción de infraestructura municipal y obras de desarrollo regional.
Además, las aportaciones totales bajarán para Tamaulipas y sus municipios, en un tres por ciento en términos reales, pues el aumento nominal será menor al dos por ciento.
La obsolescencia administrativa de los municipios en Tamaulipas, la mayor parte de los cuales funcionan aún con estructuras del siglo XX basadas en papel y tinta, y no han digitalizado la mayor parte de sus procesos y servicios, hará crisis con una menor cantidad de dinero para el 2019, nóminas sobrecargadas.
Ayuntamientos como el capitalino y los de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo, Tampico y Victoria, tienen una gran cantidad de jubilados y pensionados y carecen de viabilidad financiera, fondos o ahorros presupuestales, que les permitan enfrentar una reducción significativa de sus ingresos.
La última reforma a pensiones estatales, tiene una vigencia hasta 2030, en el mejor de los casos, no tocó la situación de las pensiones municipales y cuando se legisló para limitar el monto de las nóminas, varios municipios de Tamaulipas iniciaron una controversia constitucional.
Con nóminas que distraen del 30 al 45 por ciento de los ingresos disponibles, a lo que se suma seguridad social y con adeudos de corto plazo, los ayuntamientos de Tamaulipas enfrentarán contingencias con el pago de pensiones, en 2019.
Las erogaciones por pensiones y las crecidas nóminas que promedian el 30 por ciento de los ingresos totales, ha presionado por largo tiempo las finanzas municipales y año con año aumenta el pasivo laboral, sin que los ayuntamientos en lo particular o el Congreso Estatal en los general, pongan una solución a este problema, que crece exponencialmente.
Las nóminas no solamente son altas, sino que se incrementan notoriamente del presupuesto de egresos de salida al egreso total, sin que sea fundado y motivado.
Por ejemplo, para 2018 Victoria presupuestó 380 millones para servicios personales y modificó el 9 de octubre pasado, a más de 420 millones, cuando autorizó un incremento del 30 por ciento al salario del presidente municipal (138 mil mensuales) y sus principales funcionarios.
En cuanto a las pensiones, el Presupuesto de Egresos inicial preveía 41.5 millones de pesos, pero al término del ejercicio cerrará en más de 52 millones.
De acuerdo con el cálculo promedio de lo que paga anualmente, el pasivo laboral de Victoria se sitúa entre los mil millones y los dos mil millones de pesos.