CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Con dos meses de retraso y un número menor de integrantes debido a la poca participación de la sociedad civil, se instalará el consejo ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Los diputados del Congreso de Tamaulipas votaron a favor de que siete mujeres y dos hombres integren el grupo honorífico que acompañará las labores del comisionado Jorge Ernesto Macías, designado el 13 de febrero pasado.
El consejo ciudadano se conforma con tres grupos internos: los familiares de personas desaparecidas, los especialistas en derechos humanos y los representantes de organizaciones de la sociedad civil expertas en búsqueda de personas. Dicho órgano acompaña y puede proponer formas de trabajo al comisionado.
La doctora en Ciencias Penales, Karla Villarreal Sotelo; el criminólogo Juan Manuel Chagoya Hernández y el abogado Geovanni Francesco Barrios Moreno son parte del cuerpo de especialistas. Tres aspirantes no fueron votados por los legisladores locales.
Las consejeras que pondrán la voz de las familias de las personas desaparecidas o no localizadas son Amelia Fabiola Toscano García, Ricarda Salazar Castillo y Adela Sandoval Soto. Solamente quedó fuera Alma Miriam Ruíz.
Graciela Pérez Rodríguez, María Josefin de León Mendoza y Myriam Lizeth Cabrera Vergara son las representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos elegidas con base en su experiencia probada en la atención del tema.
Las siete consejeras y los dos consejeros durarán tres años en el cargo honorífico, sin posibilidad de reelección, y durante este tiempo no podrán desempeñar cargo como servidor público. Por obligación, el consejo elaborará las reglas de organización y funcionamiento. Aunado tendrán que designar al secretario técnico y al coordinador de las sesiones bimestrales.
Las atribuciones del consejo son proponer acciones para acelerar o profundizar los trabajos de la Comisión, emitir recomendaciones, reportar irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de casos, dar seguimiento a recomendaciones de otras instancias y elaborar, aprobar y modificar la guía de procedimientos del comité para la evaluación y seguimiento de la comisión estatal.
“Las recomendaciones, propuestas y opiniones del consejo…deberán ser comunicadas a la comisión estatal y deberán ser consideradas para la toma de decisiones. Y en el caso de que la comisión… determine no adoptar las recomendaciones que formule el consejo…, deberá explicar las razones para ello”, indica el decreto.
