Denominación de origen
María Amparo Casar
Todos los gobernantes sienten la necesidad de dejar su sello personal. Lo que no ocurre en todos los países es que se quieran reinventar no sólo las políticas —aun las que funcionan—, sino las instituciones —aun las que funcionan—.
Como siempre, las cosas son de grado. En menos de cinco meses, la administración de AMLO se sitúa en un nivel superlativo de la reinvención de políticas e instituciones, a pesar de que prometió que, al menos en sus primeros tres años de gobierno, no haría cambios a la Constitución y que gobernaría con el marco jurídico vigente, salvo por el fuero presidencial. Pronto cambió de parecer. Él y su partido han propuesto el mayor número de cambios constitucionales y legales jamás visto. El Pacto por México (2012) incluía 55 iniciativas a lo largo del sexenio. Dejando fuera las importantes reformas constitucionales (Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio), la cantidad de cambios habla de la imperiosa necesidad de que todo lleve su sello personal. Como si se tratara del nombre comercial de los productos de una empresa; de obtener la denominación de origen, que es el signo distintivo que identifica un producto como originario de un país o localidad. En este caso la 4T. Aquí una lista nada exhaustiva de esos cambios que uno se pregunta ¿para qué? ¿Sirven para algún propósito, son una solución, se trata de una mera apropiación con fines políticos, están fundamentados en estudios que aseguren su utilidad a largo plazo, tienen posibilidad de prosperar y perdurar?
En ciertos casos, como los programas sociales, hay de todo. Algunos cambian de nombre como las becas de educación media superior que se rebautizaron como becas Benito Juárez o los créditos a los pequeños agricultores que ahora se llaman “tandas de bienestar”. En otros casos se modifica su naturaleza: las estancias infantiles se intercambiaron por la entrega de efectivo. En otros más hay novedad: Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero todos —preexistentes y nuevos— llevan su signo distintivo: el único intermediario es el Presidente.
El EMP pasa a ser la Ayudantía. El Cisen ahora será el Centro Nacional de Inteligencia, que dice ser un nuevo modelo porque “antes se usaba para espiar a los adversarios políticos y ahora será para la toma de decisiones”. El Seguro Popular cambia a Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Más allá de su propósito centralizador, no sabemos en qué consiste, pero se nos dice que “en tres años la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos para todos los mexicanos y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos”.
Los padrones de los programas se sustituyeron por el “censo del bienestar” y los encargados de levantarlos ahora serán “servidores de la nación” de origen morenista que cobran por honorarios en la renombrada Secretaría del Bienestar. El Inadem, que coordinaba los apoyos a emprendedores y pequeñas empresas, desaparece. Sus apoyos serán entregados directamente por la Secretaría de Economía.
Está en la agenda la idea de desaparecer el SNA y la Tercera Sección (encargada de las faltas de los servidores públicos) del TFJA para ser sustituidos por una tercera sala de la SCJN y cinco nuevos ministros para atender los delitos de corrupción. Peor, se planea sustituir la CNDH por la Defensoría del Pueblo con 32 representaciones. Su titular y los integrantes del consejo consultivo se nombrarían por consulta pública.
Ya existe el SESNSP encargado, entre otras tareas, de generar las estadísticas delictivas. Ahora se prepara un paquete de reformas para crear el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública que concentre todos los datos relacionados con el fenómeno criminal que será operado por el Centro Nacional de Información.
Lo último, existe el SAE, pero ahora se elabora una iniciativa de ley para crear un instituto que devuelva de manera pronta y expedita todo lo que se le confisque a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos para dárselo al pueblo. “Un instituto, un Robin Hood, un Chucho El Roto, pero contra los corruptos”. En fin, la tentación de reinventar el país puede ser una calamidad, una bendición o una simulación. Escoja usted.