Cumplido el tramo de la gestión interina para la que fue elegida, la dirigente estatal del PRI, Yahleel Abdala Carmona, entregará las riendas estatales del tricolor al que designe el alto mando nacional, esto después de que se haya elegido al sucesor de Claudia Ruiz Massieu, el próximo 11 de agosto.
Lamentablemente para los priístas, las cuentas de la elección legislativa estatal que le ha tocado entregar a la nativa de Nuevo Laredo no fueron buenas, el tricolor, como se auguraba, no logró una sola diputación de mayoría, tendrá que conformarse con tres curules de representación proporcional que le corresponden al diez por ciento de las votaciones logradas el 2 de junio.
Yahleel, como se sabe, fue llamada a dirigir al partido político por el lapso que le faltaba de cumplir a Sergio Guajardo Maldonado, ahijado político del ex gobernador Egidio Torre Cantú, de triste memoria, que concluirá en septiembre,
por lo que se deduce que, si no hay cambio de planes y el sucesor de la sobrina del
ex presidente Carlos Salinas le da el visto bueno, en septiembre se designará al nuevo jerarca priísta tamaulipeco.
La realidad es que, sea quien fuese
al final de cuentas el sucesor de Abdala Carmona en la cúpula del ex invencible, será poco lo que podrá hacer para recuperar la confianza de los propios militantes,
la mayoría decepcionados por la forma
en la que los dirigentes condujeron a la agrupación, a saber el compadrazgo, el amiguismo y la corrupción solapada, además del alejamiento de las bases populares.
Y en los procesos electorales recientes, trabajar abiertamente a favor de Acción Nacional, en algunos casos por dinero, en otros a cambio de impunidad y también por temor a que les saquen los trapos sucios al sol o no les aprueben las cuentas públicas, en el caso de los ex alcaldes.
¿Logrará convencer el futuro dirigente a los militantes que emigraron a Morena y al PAN para que regresen al PRI, porque ahora sí el ex partido de la Revolución Mexicana retomara los principios de democracia con justicia social con los que surgió a la vida pública de México que en más de ocho décadas no pasaron de retórica política? Lo dudamos.
Ahora una aclaración.
La comparación de la jerarca y ahora diputada plurinominal priísta de los votos obtenidos por el PRI en la elección de
2019, con las del 2018 y el 2016, resulta engañosa. La equiparación correcta del actual votación debe de contrastarse con la intermedia de diputados locales del 2013, cuando el PRI obtuvo 411 mil 930 sufragios, alrededor de 323 mil menos que el domingo pasado.
En esa contienda, por cierto, el tricolor, aliado con el Panal y el Verde Ecologista, consiguió, en el Distrito 21 norte, 29 mil 617 votos, y en el 22 sur, 28 mil 719, alrededor de unos 8 mil más que el PAN, cifras que dan una idea más precisa de la pérdida de simpatizantes sufrida por la ex aplanadora electoral en seis años.
Aclarado el punto, parece que al dirigente nacional del STPRM, Carlos Romero Deschamps, ha ignorado, ¿debido acaso a que no ha sido notificado oficialmente?, que sin la toma de nota de la Secretaría del Trabajo de su reelección de noviembre de 2018 habría dejado de ser el Secretario General del gremio de Pemex, pues ayer publicó un desplegado en diferentes medios impresos en el que expresa su respaldo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el caso de la aplicación de aranceles decretado por el presidente Donald Trump.
A propósito, el acuerdo logrado por
el gobierno de AMLO con los EE. UU.
en el caso aludido fue respaldado por empresarios, legisladores, líderes religiosos y 20 gobernadores, sólo Acción Nacional
le regateó el apoyo, el argumento, haber cedido ante los norteamericanos.
Es cierto, pero en las actuales circunstancias cualquiera que sea el Presidente de la República no queda de
otra que obedecer los designios del imperio estadounidense ó 120 millones de mexicanos pagarán las consecuencias.
Para concluir, resulta plausible, por
otra parte, el reconocimiento otorgado
por el Club de Periodistas de México al ciberactivista australiano Julián Assange, que tuvo la osadía de enfrentar al gobierno de los Estados Unidos, al que exhibió mundialmente como criminal y violador sistemático de los derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán, a costa de su carrera y de su propia integridad física, por defender la libertad de expresión.