CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Durante la presente administración estatal, alrededor de 70 elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, han sido sancionados o enfrentan procesos de investigación, derivado de denuncias ciudadanas, por probables actos de corrupción.
El caso más reciente es el de tres agentes de la policía investigadora, quienes fueron suspendidos, al ser vinculados a proceso por el delito de secuestro, según informó la dependencia.
De acuerdo con la Coordinación de Asuntos Internos, Leonardo Daniel “N”, Natividad “N” y Gerardo “N”, no cumplen con los requisitos de permanencia previstos en el Artículo 66 incisos A) Fracción II, B) Fracciones I y XI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
En este mismo año, un policía ministerial de la Coordinación Estatal Antisecuestros, fue detenido y acusado del homicidio de una agente del Ministerio Público, quien fue acribillada cuando salía de su casa a dejar a sus hijos, menores de edad a la escuela.
“El combate a la corrupción y la depuración de elementos que no cumplan con su deber de manera profesional, honesta y conforme al marco legal, dentro de la institución, son una prioridad y actividad constante para beneficio de la sociedad y el estado”, ha señalado el Fiscal de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica.
No sólo policías ministeriales han sido removidos, sancionados y vinculados a proceso por faltas o delitos, en la lista se encuentran peritos, agentes del Ministerio Público, policías investigadores, entre otros funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.
Algunos de los casos más sonados en 2018, fue la detención en el mes de mayo, de cuatro elementos de la Policía Ministerial, acusados del secuestro de un empresario en hechos ocurridos en el mes de febrero en Nuevo Laredo, y por el cual, la familia pagó un rescate de 5 millones de pesos.
En ese mismo mes, en Victoria, el Director de la Policía Ministerial del estado, fue destituido de su cargo, tras ser detenido por escandalizar en estado de ebriedad y además, estar armado.
En agosto de ese mismo año, un jefe de grupo y un elemento de la Policía Ministerial fueron aprehendidos, acusados de exigir 10 mil pesos a una persona acusada de robo, para dejarla en libertad.
Fue en 2017, cuando se activó el esquema de quejas y denuncias contra malos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, sumando 27 policías y ministerios públicos sancionados, algunos de ellos, enfrentaron proceso penales por delitos como extorsión, pero también por otros delitos graves, relacionados con la delincuecia organizada.