La circulación ilegal de autos americanos en Tamaulipas se convirtió en un gran negocio para diversas organizaciones que enarbolan banderas campesinas u obreras, pero cuya única tarea es la supuesta defensa de los propietarios de estos automóviles.
Desplegadas en toda la entidad, se disputan la afiliación de miles de vehículos “chocolates” que ya circulan -de manera ilegal- por los diferentes municipios del estado.
El botín que está en juego son los millones de pesos que resultan del supuesto emplacado de al menos 400 mil unidades.
La Unión Campesina Democrática (UCD) y la Organización Nacional De Protección Al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) son las dos más fuertes, pero conflictos internos han causado que a su vez, éstas se subdividan en muchas pequeñas oficinas que a cambio de cierta cantidad, ofrecen lo mismo: la afiliación a un padrón y la entrega de unas placas que los identifican como miembros de su organización.
Por ejemplo, en la organización Unión Campesina Democrática (UCD) y sus ramificaciones, por inscribirse cobran en promedio una cuota anual de mil 200 pesos por un vehículo. La placa que se otorga en teoría les permite circular por casi todo el territorio nacional, salvo los estados de Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Chiapas.
“Se le da su constancia donde se ponen los datos del vehículo y de la persona que solicita, se le da su placa y engomado para poner al vehículo y se le da el número de la coordinadora por si en algún momento se tiene un problema se comunica con ella o directamente con esta oficina”, detallan en una llamada para pedir informes.
Existen otras agrupaciones como la Organización Nacional De Protección Al Patrimonio Familiar (Onappafa), el Comité Nacional Pro Defensa de la Economía Familiar (Condefa) y la Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex).
El negocio es mayúsculo: si solo la mitad de los vehículos “chocolates” que circulan en Tamaulipas se emplacaran en estas organizaciones, esto generaría ganancias de 240 millones de pesos anuales, lo cual no parece muy alejado de la realidad si se considera la gran cantidad de placas de la UCD y ONAPPAFA que se observan en todos los municipios del estado.
Pero en realidad, la operación de estas organizaciones no tiene ningún cimiento legal, ni su programa de afiliación tiene validez alguna.
De sus ingresos no le rinden cuentas a nadie, y su operación es completamente ajena al fisco.
La existencia de estas organizaciones es cuestionable porque están respaldando la ilegalidad, el contrabando, generando caos y presionando al Gobierno federal para que se lleve a cabo la regularización de estos vehículos, considera por su parte la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la organización que más ha combatido el ingreso ilegal de vehículos americanos a México.
Recientemente, el presidente estatal de la AMDA, Mario Guerra Rodríguez, denunció que se ha disparado en los últimos años la circulación de este tipo de autos en Tamaulipas, sobre todo en la frontera y el centro de la entidad.
La razón, explica, es la corrupción y la colusión de autoridades federales que permiten el internamiento de los “chocolates”.
Los comercializadores de vehículos, afirma, están metiendo cada vez más unidades a Tamaulipas y vendiéndolas de manera ilegal sin que nadie los moleste.
Afirmó que esos autos lo que están haciendo es devaluar el precio de un carro usado nacional.
“Ese fenómeno es muy complejo, y muy antiguo, es de mucha importancia, el parque automotriz de la frontera siempre ha estado con autos con placas fronterizas, americanos sin placas; sin embargo, ahora en Ciudad Victoria están inundados de autos de contrabando, todo auto que fue internado demuestra la corrupción que hay en Estados Unidos y México para permitir el paso de estas unidades, hay quienes lucran con esto, y las autoridades que no hacen nada, cierran los ojos”.
A esta tendencia se suma otra que la AMDA califica como riesgosa: las organizaciones campesinas y obreras han difundido la versión de que muy pronto el Gobierno federal llevará a cabo una regularización masiva de autos americanos, lo cual, afirman es completamente falso.
“Lo que más nos preocupa es que quienes dicen que pronto habrá una regularización no es cierto y eso sería un golpe muy duro para los que tienen autos nacionales… “Hemos visito un crecimiento de autos americanos generado por la esperanza de quien piensa que habrá una regularización y le apuesta a un carro ilegal, aunque no hay nada que soporte el hecho de que vaya a haber una regularización de autos americanos”.
El temor de la AMDA está basado en declaraciones recientes de representantes de la ONAPPAFA.
Apenas la semana pasada, el dirigente nacional de este organismo, José Guadalupe Barrios Nuñez, vino a Tamaulipas y anunció que se prepara un programa de nacionalización de vehículos extranjeros que podría arrancar a partir del mes de agosto del presente año.
Barrios dijo que se tiene más de un 90 por ciento de avance en el trámite para que se apruebe ley que es impulsada desde el Senado de la República por legisladores de Morena.
Hasta adelantó que el cobro por el trámite para los propietarios sería de entre 5 mil y 8 mil pesos, una cantidad muy menos si se consideran los costos actuales para importar un vehículo de manera legal a través de las aduanas.
Para ello, se requiere un pedimento que incluye el pago del “impuesto general de importación”, que equivale al 10% del costo del vehículo; el IVA del 11% si el importador reside en la frontera; el impuesto sobre automóviles nuevos, lo que arroja cantidades muy altas por lo que actualmente, para miles de comercializadores, se considera inviable la nacionalización por la vía legal.
Además, una vez que el auto entró de manera ilegal a México, ya no es posible su regularización. La disputa histórica entre la ONAPPAFA y la UCD se escenificó en Tamaulipas hace unos cuantos días.
Después de la afirmación de que el programa de nacionalización ya está listo, el líder nacional de la UCD, Antonio Tirado Patiño (su rostro aparece en las placas que otorga esa organización) aseguró que no hay ningún acuerdo para que éste se lleva a cabo, por lo que pidió a los dueños de vehículos “chocolates” no dejarse engañar.
“Queremos que no se engañe a nadie, ya que existen más de 20 organizaciones que enlistan unidades extranjeras que son piratas o que no tienen representación”, dijo durante su comparecencia ante medios de comunicación de Ciudad Victoria.
Ahí mismo presumió que en Tamaulipas la UCD tiene presencia en la mayoría de los municipios del estado, mientras que otras como la ONAPPAFA, solo cuentan con una, y dijo que es falso que ya exista un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones, para sacar un decreto para nacionalizar vehículos, situación que no ocurre desde el 2006.
“Queremos que las organizaciones piratas o que no tienen representación dejen de engañar a la gente, al prometer cosas que no pueden cumplir como lo hace la ONAPPAFA que dirige José Guadalupe Barrios”.
Aseguró que también hay muchas oficinas que usan las siglas de su organización para hacer negocio: “Ya los tenemos detectados”.
Advirtió que en caso de que no regularicen su situación se actuará legalmente contra ellos.
Pero en realidad, tampoco la UCD tiene ninguna legitimidad ante la autoridad.
“(Las placas) no tienen ningún fundamento legal, están agremiados y gozan de cierta anuencia en algunos lugares de la República en donde estas organizaciones se han empoderado”, explica por ejemplo Balam Lammoglia, miembro de la comisión de comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México.
De hecho sí hay en el Senado una propuesta para regularizar la situación de millones de vehículos americanos que circulan en el país.
De acuerdo con la iniciativa, los beneficiados deberán atender la aplicación de la Ley del Registro Público Vehicular, y por parte de Hacienda emitir un documento que acredite al vehículo como “regulado”.
El documento plantea excluir a los vehículos que sean introducidos al territorio nacional después de la publicación y aplicación del citado artículo.
También contempla dejar fuera de la nacionalización a los vehículos que se encuentren embargados y que hayan pasado a propiedad del fisco, o vinculados con algún ilícito.
Esta iniciativa, no ha tenido mayor eco en la Cámara Alta, pero de cualquier forma la AMDA ya alertó sobre los riesgos en caso de que se llevara a cabo.
Aseguran que además de generar un problema de seguridad nacional, también costarían hasta 100 mil empleos a las empresas armadoras del país.