CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- San Fernando pagó un precio muy alto por lo ocurrido entre el 2010 y el 2011.
Además del éxodo masivo de habitantes de ese municipio que a la postre derivó en una caída de sus indicadores económicos, quizás lo más grave haya sido el estigma con el que tuvo que cargar por años.
Hoy, las heridas no se han borrado del todo porque su nombre estará ligado para siempre a la tragedia, pero todos los días sus habitantes libran una lucha para superar el drama que -insisten- fue causado por personajes ajenos a su municipio.
Y en los últimos años, las estadísticas revelan ciertos datos que pudieran tomarse de manera optimista.
En el 2010, en plena crisis de inseguridad, según el INEGI había 15,334 viviendas habitadas en el municipio y se contabilizaban 3,600 casas abandonadas; para el 2015, cuatro años después de que se destapó el hallazgo de cientos de cuerpos en fosas clandestinas, la cifra ya había subido a 16,343 casas habitadas.
La tendencia seguiría a la alza en los últimos años.
En todo caso, coinciden especialistas y observadores del fenómeno de la inseguridad, los episodios más crudos de la violencia que vivió San Fernando -la masacre de 72 migrantes en el 2010 y las fosas clandestinas del 2011- significaron un parteaguas para Tamaulipas.
A raíz de aquellos hechos, se sentaron las bases para crear una estructura gubernamental y ciudadana que hoy -aún con muchos rezagos y temas pendientes- busca por un lado proteger a los miles de migrantes que pese a todo siguen cruzando por Tamaulipas, y por el otro, buscar a miles de persona, que precisamente en esa época fueron reportadas como desaparecidas.
El 24 de mayo de 2011, poco más de un año después de la masacre, se creó el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes como un organismo público descentralizado de la administración estatal, bajo la coordinación de la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de “articular y ejecutar los esfuerzos, las acciones y las políticas públicas de las dependencias y entidades estatales hacia los migrantes, así como alentar la colaboración con la Federación, los Ayuntamientos y las organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito de los derechos de los migrantes”.
El nacimiento de este Instituto que hoy parece indispensable para acompañar la realidad del Tamaulipas actual fue en realidad la respuesta de un gobierno estatal cada vez más cuestionado por lo que en ese entonces pasaba en este territorio.
La presión internacional era abrumadora, más si se considera que para ese entonces 20 entidades ya tenían su propio instituto para atender a los migrantes. Era un sinsentido que Tamaulipas, el estado de los repatriados, los desaparecidos y las fosas, no contara con una institución que diera cobijo a este sector vulnerable de la población.
“Hay un antes y un después en el tema migratorio en el estado de Tamaulipas, y ese antes y después es el caso de San Fernando”, sentencia José Martín Carmona, fundador y director actual del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.
A la distancia, recuerda aquella dura época que, dice, no se merecían ni San Fernando ni el estado.
“Ya existían (institutos) en más de 20 estados del país, en los cuales se conjuntaban acciones, coordinaban tareas diferentes instituciones, sociedad civil y organizaciones religiosas para atender el fenómeno migratorio y a mí me dolía mucho que en Tamaulipas que estamos inmersos en este tema nos guste o no nos guste por la geografía, nos llamaba la atención que no tuviéramos una oficina formal de atención a migrantes”
Hoy, el Instituto tiene delegaciones en las principales ciudades del estado y atiende a los migrantes extranjeros que usan de paso su territorio para llegar a los Estados Unidos, pero también a miles de mexicanos que son repatriados todos los días por los puentes internacionales de la frontera (de los cuales apenas el 8% son tamaulipecos), e incluso a los paisanos que habitan del otro lado del río, sobre todo en Texas, donde se les brindan apoyos de todo tipo para hacer más sencilla su vida en el extranjero.
Hoy, inmersos en una severa crisis migratoria causada por una oleada de extranjeros que intentan llegar a Estados Unidos, las acciones del Instituto son prioritarias para evitar que la situación se desborde.
Así se explica la instalación de retenes en varios partes del territorio.
“Nos preocupa mucho que están usando las cajas de los tráileres, con las temperaturas que estamos teniendo nos da mucho miedo que vayan a llegar muertos o deshidratados o enfermos, por eso estamos trabajando en eso retenes con la Policía Federal, la Policía Estatal, para evitar que tengamos otro lamentable suceso como el caso de San Fernando”, expresa Carmona.
Basta comparar el tamaño que tenía el retén militar de La Coma, en la carretera VIctoria-Matamoros, antes del 2010 con sus dimensiones actuales, para apreciar cuánto ha cambiado la situación.
La Secretaría de la Defensa Nacional invirtió millones de pesos en su ampliación, y modernización. Hoy cuenta con equipo de alta tecnología e instalaciones para albergar a una gran cantidad de elementos militares que día y noche, los 365 días del año revisan las unidades que circulan del centro del estado hacia San Fernando o de regreso.
En el mismo contexto podría inscribirse la creación de la Policía de Vigilancia Carretera, perteneciente a la Policía Estatal que patrulla de manera permanente las rutas estatales, y la construcción en proceso de 30 estaciones seguras.
Si bien es cierto que la magnitud de la crisis que se vivió durante aquel 2010 se materializó en la creación de instituciones y el mejoramiento de la infraestructura, acaso el principal cambio sea más cultural que de otro tipo.
“El tema ya empieza a ser aceptado, empieza a ser un tema en nuestra sociedad, unos en contra otros en favor: unos pensando que la migración es una carga y otros pensando que la migración enriquece, pero ya empieza a ser un tema más pensado”, reflexiona el director del Instituto: “la sociedad, las instituciones, los gobiernos municipales y estatales, el Congreso y autoridades, están ahora prestos a colaborar y muchos de ellos ya abrieron oficinas, ventanillas para apoyar a familias, a jóvenes migrantes”.
San Fernando y su drama no solo puso sobre la mesa el tema de los migrantes; lo que ocurrió en el 2010 y más tarde en el 2011 fue también un parteaguas en la lucha de miles de familiares de personas desaparecidas.
Desde ahí, se articuló una red de colectivos que hoy superan la veintena y que operan en toda la entidad, en coordinación con autoridades estatales y federales.
En parte por su constante empuje, hoy, ocho años después de que en ese municipio se encontraran decenas de fosas clandestinas, Tamaulipas cuenta con una Fiscalía Especializada en Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su libertad, que cuenta con agencias del Ministerio Público Especializadas en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico y Victoria.
Dicho órgano de la Procuraduría General de Justicia, según sus bases de creación, tiene la función de “brindar a los ofendidos la debida atención, el seguimiento y supervisión de las denuncias presentadas, realizar acciones inmediatas en la búsqueda de personas no localizadas o privadas de su libertad, implementado operativos oportunos con el auxilio de otras autoridades,personal especializado, medios logísticos o cualquier apoyo tecnológico o científico que permita ubicar el paradero de personas no localizadas o privadas de su libertad o bien localizar vestigios o indicios que contribuyan para dicho fin”.
A la par, el año pasado se creó oficialmente la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que cuenta con un Consejo Estatal Ciudadano formado por familiares, especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, y tiene la función de proponer acciones para acelerar los trabajos en la técnica de búsqueda de personas.
Su creación no significa que la tarea de los colectivos, comisiones, Fiscales Especializados, y demás autoridades no sea titánica: en Tamaulipas hay registro de más de 6 mil personas no localizadas, cuya desaparición ocurrió sobre todo entre el 2009 y el 2011, cuando el tema era considerado un tabú y San Fernando era el epicentro del horror.