Este fin de año la discusión del
PEF, el presupuesto de egresos de
la federación, apunta a ser particularmente
álgida. La Secretaría de Hacienda
acaba de entregar el domingo pasado
a la Cámara de Diputados su propuesta
para el 2020. En ella se dará la
discusión central y deberá haber un presupuesto
aprobado por mayoría el 15 de
noviembre a más tardar.
No hay documento de política pública
más importante pues en él se señala el
monto a gastar y, más importante, como
se van a distribuir los dineros del gasto
público. Lo que incluye a los tres poderes
de la federación, ejecutivo, legislativo
y judicial, a las entidades autónomas
y a los gobiernos estatales y municipales.
El presupuesto se desgaja en múltiples
destinos que van del pago de los intereses
de la deuda acumulada a los costos
de la administración, lo destinado a proyectos
de inversión, programas sociales y
de impulso a la producción, pensiones y
demás. En conjunto el presupuesto es la
radiografía de las prioridades, y también
de las limitaciones gubernamentales.
Este presupuesto es ya el centro de
disputa entre grupos y entidades con intereses
legítimos pero que difícilmente
caben todos bajo la cobija de la austeridad.
El dinero no alcanza.
Las reacciones ante el presupuesto se
pueden ver en dos niveles, en primero lugar
el general y en segundo el de la multitud
de intereses particulares.
En el plano general la reacción de los
grandes capitales financieros y empresariales
es predominantemente buena
pero desconfiada. Representa bien esta
posición el licenciado Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana cuando
califica al paquete económico (ingresos
y egresos) como “conservador y ortodoxo”,
lo que viniendo de su parte es un
elogio. Aah, pero también dijo que era
“optimista y hasta soñador”. Una linda
manera de expresar su escepticismo.
Desde la perspectiva financiera el presupuesto
es ortodoxo porque es austero.
El gobierno va a gastar menos de lo que
recibirá de ingresos y el diferencial se destinará
al pago de los intereses de la deuda.
Con ello se contiene el incremento del
endeudamiento y se genera confianza en
la capacidad de pago gubernamental. Por
otra parte, es optimista y soñador porque
proyecta un ritmo de crecimiento y una
plataforma de producción petrolera, de
los que dependen buena parte de los ingresos
que podrían no ser alcanzados.
Si no se alcanza un crecimiento del
2 por ciento en 2020 se verían afectados
los ingresos y eso daría pie a todavía
menor gasto, o endeudamiento. Y la
mayoría de los analistas ubican el futuro
crecimiento de ese año en alrededor del
1.4 por ciento.
Viene al caso recordar que las cifras
de julio pasado señalan una baja de 10
por ciento en la captación del impuesto
sobre la renta respecto al mismo mes
del año anterior. También bajó la entrada
de IVA en un 7.9 por ciento. Lo que
daría pie a pensar que en lo que resta de
este año podría ocurrir un crecimiento
menor al previsto, incluso negativo. Para
el Banco de México, en desacuerdo con
AMLO, la perspectiva es de marcada incertidumbre.
El equilibrio fiscal y gastar menos de
lo que se recibe, para no incrementar la
deuda son bien vistos, todos opinan que
es lo mejor siempre y cuando y la austeridad
recaiga en los bueyes de mi compadre
y no en los propios.
La Confederación de Cámaras Industriales
se opone a la reducción de la inversión
física, desde construcción y
mantenimiento de carreteras, escuelas,
hospitales y demás. No solo tendría un
efecto negativo en la generación de empleo,
ellos dicen, sino en el número y
monto de contratos públicos, yo creo.
Es tal la preocupación que el presidente
presidente
del Consejo Coordinador Empresarial,
Carlos Salazar Lomelín, dijo que
puede haber un pequeño margen de maniobra
en la búsqueda del superávit primario;
es decir que para ellos el presupuesto
podría ser algo menos ortodoxo.
No son los únicos preocupados.
La Conago, que abarca a prácticamente
todos los gobernadores de todos
los partidos, ha programado reuniones
para armar un frente común y buscar
que se modifique el actual proyecto.
Van a pedir una reunión con el secretario
de Hacienda, Arturo Herrera y todo
su equipo para que no les reduzcan presupuestos,
el de infraestructura y los demás.
Desde más abajo en la escala socioeconómica
también surgen protestas. Si
no se modifica la propuesta presupuestal
los pueblos indígenas sufrirán un brutal
recorte en apoyos, dijo la Red Nacional
Indígena.
Por su parte el Consejo Agrario Permanente,
que abarca a diversas agrupaciones
de productores rurales, afirma
que la reducción del 29.3 por ciento
en los programas productivos de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural,
si no se corrige, provocará una “pronunciada
caída de la producción agropecuaria”,
un marcado desequilibrio en la
balanza comercial correspondiente, deteriorará
las condiciones de vida y la es –
tabilidad social del medio rural. Este
presupuesto contradice los compromisos
presidenciales y del Plan Nacional de
Desarrollo en favor del rescate del campo
y la autosuficiencia alimentaria.
Numerosas otras entidades y sectores
apuntan en la misma dirección: no
nos descobijen. Y este grito colectivo sobre
la insuficiencia presupuestal extiende
la percepción de que la solución de
fondo requiere incrementar los ingresos
públicos.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente
de la Comisión de Presupuesto de la Cámara
de Diputados, de Morena, acaba de
señalar que “el dinero no va a alcanzar”.
Considera que existe un potencial
recaudatorio no explotado
sin infringir la promesa de
AMLO de no subir impuestos
en sus primeros tres años de gobierno.
Para otros muchos, algunos inesperados,
es necesaria una reforma
fiscal. El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
también dijo que habrá necesidad
de discutir recursos adicionales
para el erario y que
no sean los más pobres los
que paguen esos impuestos.
Lo que indica cierta conciencia
del empresariado acerca de la
necesidad de fortalecer el gasto público,
el social y el que directamente los
favorece en un contexto en que el mayor
endeudamiento es inviable.
Concuerda con ellos el Fondo Monetario
Internacional que en noviembre pasado
le propuso al gobierno de México
elevar sus ingresos e impulsar la equidad
socioeconómica aumentando la progresividad
del impuesto sobre la renta, con
impuestos a los ingresos financieros y a
las grandes herencias y propiedades, entre
otros.
Cada día es más evidente que seguir
como paraíso fiscal para las grandes fortunas
es un obstáculo que tendremos que
saltar más pronto que tarde.