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Columnas: Amago Político

Amago Político

/ 29 de septiembre, 2019 / Juan Sánchez Mendoza

Aunque legalmente no
existen elementos
para fundamentar
la desaparición de poderes
en Veracruz, Guanajuato
y Tamaulipas –como lo ha
reconocido el jefe del Ejecutivo
federal–, el martes venidero
la Comisión (senatorial)
de Gobernación iniciará la
revisión de las solicitudes de
declaratoria.
Ahí mismo el presidente de
ésta, Cristóbal Arias Solís, propondrá
crear un grupo de trabajo
que viaje a las tres entidades para
analizar la situación, durante
cinco días –el plazo legal–, a fin
de, según ha dicho, ‘no dictaminar
sobre las rodillas’.
Pero es incongruente entre
lo que dice y hace, pues ha
asegurado que “en Guanajuato y
Tamaulipas está perdiéndose la
gobernabilidad –en base a notas
periodísticas–, y las autoridades
están rebasadas para enfrentar el
problema de seguridad pública”.
Obviamente su tarea
legislativa es tendenciosa –él
milita en Morena–, y esto me
lleva a suponer que la fracción
guinda de esa comisión –8
de 16 senadores–, coludida
con los legisladores del PRD
y PT, darían ‘luz verde’ al
procedimiento (en primera
instancia), aunque ya en el pleno
se deseche.
En cuanto al caso de
Veracruz, igual justifica al
gobernador Cuitláhuac García
Jiménez por haber destituido
al hoy ex fiscal Jorge Winckler
Ortiz. Y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) le
dio la razón al haberle negado su
restitución que, por ende, echa
abajo el reclamo albiceleste para
la desaparición de poderes en
aquel estado.
Sin embargo él como su
par Ricardo Monreal Ávila
insisten en llevar al cadalso a los
gobernadores de Tamaulipas y
Guanajuato –Francisco Javier
García Cabeza de Vaca y Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo–,
con argucias y elucubraciones
hasta el grado de inventar –lo
creo mientras no demuestren
lo contrario–, intimidaciones
contra los senadores Américo
Villarreal Anaya, María
Guadalupe Covarrubias
Cervantes y Martha Lucía
Micher Camarena (al menos),
quienes por cierto hasta hoy no
han exteriorizado queja alguna.
Y eso, precisamente, es un
indicativo de la perversidad de
Monreal, en su búsqueda de
diezmar la fortaleza albiceleste.
Sobre todo cuando sabe que
para justificar la desaparición de
poderes se requiere, al menos,
que las autoridades estatales:
1) Quebranten los principios
del régimen federal;
2) Abandonen el ejercicio de
sus funciones a no ser que medie
casusa de fuerza mayor; y
3) Que estén imposibilitados
para cumplir el ejercicio de
las funciones inherentes a sus
cargos con motivo de situaciones
o conflictos causados o
propiciados por ellos mismos,
que afecten la vida del estado,
impidiendo la plena vigencia del
orden jurídico.
En la discusión primaria
sobre la solicitud de desaparecer
los poderes en tres estados,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió cordura a
los legisladores, sugiriéndoles
dialogar antes de seguir
enfrascados en la pretensión
baladí que a nada bueno
conduce.
Los mandatarios estatales,
por su parte, recibieron de
inmediato apoyo poblacional
–aquí en Tamaulipas fue y es
harto notorio–, pues aparecen
en el escenario con calificaciones
aprobatorias.
Y al menos el gobernador
local bien ha atendido el rubro
por el que los morenos pretenden
‘derrocarlo’, como el propio
Presidente reconoció en su
visita más reciente al estado,
al reconocer que: los índices de
violencia han disminuido.
Pero las fracciones
parlamentarias de Morena
y Acción Nacional están
empeñadas en lastimarse, sin
entender que con su actitud
ponen en riesgo el Pacto Federal
y por consiguiente el desarrollo
del país.
Federalismo arcaico
El sistema político mexicano
ha hecho del federalismo su
razón de ser. Y cada uno de sus
32 integrantes está obligado a
respetar los acuerdos suscritos
cuando México se definió
constitucionalmente como
República; amén de los acuerdos
posteriores que se dieron en el
mismo sentido.
Sus representantes –o sea
los gobernadores–, saben bien
que este sistema de gobierno
es el resultado de grandes
confrontaciones armadas y
acalorados debates.
Un documento elaborado por
la misma Federación, refiere
que ‘desde su origen sistema
mexicano tuvo por objetivo unir
sin fusionar, y diferenciar sin
dividir”.
Pero el centralismo afecta
el desarrollo de las entidades,
por lo que ya es necesario
revisar el Pacto Federal para
adecuarlo a los nuevos tiempos y
circunstancias.
Coordinación fiscal
A lo largo de su historia
el federalismo había estado
cumpliendo con sus objetivos de
mantener la articulación de las
entidades federativas y conducir
al país hacia un modelo de
desarrollo.
Encuentra su mecanismo de
expresión a través del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal
(SNCF), que es el arreglo entre
los distintos órdenes de gobierno
para la administración, cobro
y recaudación de los ingresos
públicos (impuestos).
Su antecedente se encuentra
en las Convenciones Nacionales
Fiscales de 1927, 1933 y 1947;
ahí se estableció la mejor
manera de organizar los recursos
económicos del país.
Sobre el particular, un
análisis presentado ante los
gobernadores y el jefe del
Ejecutivo federal, confirma
que antes de la aparición de
los primeros antecedentes
claros de la coordinación
fiscal, la situación existente
en esta materia en México
se caracterizaba por la
multiplicidad de tributos
federales, estatales y
municipales; la complejidad
del sistema tributario; la
existencia de leyes fiscales a
menudo contradictorias, y las
exacciones desproporcionadas
e inequitativas en gravámenes
concurrentes.
“Para corregir esta situación
–agrega el documento–, se
realizaron inicialmente las
Convenciones Nacionales
Fiscales.
“Éstas constituyeron
un esfuerzo de unión, de
colaboración y de ordenamiento
de la concurrencia y las
potestades tributarias, orientado
a pactar acuerdos entre los
gobiernos de las entidades
federativas y el gobierno federal,
así como para compartir el
rendimiento de los impuestos.
“Así, a finales de 1953 se
crea la Ley de Coordinación
Fiscal que unió a algunos
estados mediante un convenio
que los obligaba a derogar
contribuciones locales a cambio
de recibir participaciones de la
Federación.
“Hasta 1973 todos los estados
fueron coordinados al reformarse
la Ley Federal sobre Ingresos
Mercantiles, que posteriormente
fue llamada Ley de Coordinación
Fiscal.
“En México la coordinación
fiscal se ha centrado
fundamentalmente en el aspecto
del ingreso. Sin embargo, en las
cuatro últimas décadas iniciaron
procesos de descentralización
del gasto federal en educación y
salud, transfiriéndose recursos
a los estados con facultades
limitadas, en un modelo
centralista e insuficiente que
no responde a las necesidades
actuales”.
Por tanto, el sistema se
encuentra prácticamente
agotado y debe ampliarse su
horizonte hacia una coordinación
integral del ingreso, el gasto y la
deuda entre los tres órdenes de
gobierno; todo ello encaminado
al urgente fortalecimiento del
federalismo mexicano que debe
ser, no sólo fiscal, sino también
hacendario.
¿Nuevo sistema?
Para algunos estudiosos del
tema, es necesario realizar una
serie de ajustes profundos que
permitan al país adaptarse a
una nueva realidad para así
lograr un desarrollo incluyente y
equitativo.
Al proyecto se le ha
denominado reforma del Estado.
Pero no es idea original del
actual Presidente.
En los últimos 40 años,
académicos, investigadores,
especialistas, luchadores
sociales, miembros de
organismos no gubernamentales
y funcionarios de gobierno
han investigado, denunciado,
cabildeado y luchado por la
redefinición de un federalismo
acorde a los tiempos modernos
que implique la revaloración
de los órdenes y estructuras de
gobierno, redefina su autonomía
y libertad, fomente la asociación
entre todos los órdenes de
gobierno y los tres Poderes de
la Unión, para que México se
convierta en una verdadera
República con poderes definidos
en el ámbito local, regional,
estatal y federal, y con una
personalidad que impulse el
desarrollo.
Esta lucha por un auténtico
federalismo otrora estuvo
encabezada por la Conferencia
Nacional de Gobernadores
(Conago), aun cuando desde su
nacimiento haya encontrado
serios obstáculos por parte del
gobierno federal; y esa batalla
hoy parece estar perdida (más
para mal que para bien), pues
al Presidente actual tampoco
le interesa sentar bases reales
para la redacción de una nueva
Carta Magna que conlleve a la
renovación del Pacto Federal.