La educación está sujeta a la colonización
por parte de intereses privados.
¿Quién manda? La política se trata, al
fin de cuentas, de “a quién le toca qué”. A
la CNTE le toca el pase automático para los
egresados de las normales, la eliminación de
la evaluación como criterio de ingreso, promoción
y permanencia, la inclusión de la representación
sindical en la asignación de
plazas y la creación de los consejos que recibirán
de manera directa los recursos para el
mantenimiento y construcción de escuelas.
De este tamaño es “el poder del poder fáctico”
llamado CNTE, que se apoderó de ese
espacio público llamado educación pública
y que aprovechará el SNTE.
Como cualquier otra esfera de lo público,
la educación está sujeta a la colonización
por parte de intereses privados. La nueva
administración no ha podido o no ha querido
reducir la posición e influencia de ese
poder fáctico; no ha querido o no ha podido
poner en su lugar a un grupo de interés
que claramente goza de privilegios y fueros
de los que no gozan otros grupos en su misma
categoría. Ni los médicos ni las enfermeras
ni los abogados, ni los ingenieros tienen
pases automáticos a sus trabajos.
En el terreno de la educación, México
sigue copado por el poder de grupos que
sin ninguna investidura, representación o
delegación democrática imponen o modifican
decisiones que afectan el interés público.
La CNTE no responde a la voluntad
de los ciudadanos ni de sus representantes,
pero los condiciona. La CNTE no es parte
formal del proceso legislativo, pero tiene
instrumentos para imponer las decisiones
reservadas a los poderes públicos. La
CNTE puede poner vetos a la acción pública.
La CNTE crece al amparo y con el beneplácito,
cuando no, con el contubernio de
las autoridades. La CNTE tiene una “renta”
extraordinaria de la que están excluidos
otros actores y por lo tanto pertenece a una
casta privilegiada.
No sólo eso, gracias al poder de jure –
el que otorga la Constitución a las instituciones
políticas– el Presidente y su partido
han decidido transformar esos privilegios
en ley. Eso es lo que han permitido o incluso
impulsado con las nuevas leyes educativas.
Ya lo dijo AMLO la semana pasada:
“No es que me hayan presionado los de
la CNTE, no me dejo intimidar. Ni siquiera
ellos me lo plantearon, sino que yo lo planteé,
el que salga de escuela Normal va a salir
con su plaza”.
Entre los grandes mensajes que ha querido
dar la nueva administración es que se
diferencia radicalmente de las anteriores.
Que no hay quien pueda afirmar que se gobierne
como antes, que los vicios del pasado
se acabaron, que hoy las iniciativas
no salen de la oficina de la Presidencia sino
del Congreso, que hoy manda el pueblo
porque por fin la representación es legítima
o porque así lo deciden las consultas populares,
aunque en éstas, el electorado sea un
pequeño segmento de votantes que la propia
autoridad define como “pueblo”.
Una de las supuestas diferenciaciones
que de manera machacona se ha difundido
es el fin “del poder de los poderes fácticos”.
Esto se traduce, según la narrativa
presidencial, en la autonomía de las decisiones
de los que fueron elegidos para gobernar
sin dejarse presionar por intereses
particulares que traen grandes beneficios
para ellos a costa del bienestar de interés
general.
Siempre se ha identificado a los grandes
empresarios como el prototipo del poder
fáctico. Error craso. Los poderes fácticos
no comienzan ni terminan con “los ricos”,
que a través del poder económico son
capaces de imponer su voluntad. El poder
de facto es el que surge de la acción colectiva
y del despliegue de recursos privados,
sean éstos el cabildeo, la intimidación, las
amenazas y la corrupción o el simple uso
de la fuerza. Pertenecen a los poderes fácticos,
todos aquellos que tienen “derechos
especiales” otorgados por la autoridad y/o
que derivan de su posición económica, social
o política. No importa si son empresarios,
sindicatos, cooperativas, paramilitares,
confederaciones o cárteles.
Los procesos de transformación aspiran
a reducir la influencia de los poderes fácticos
y devolverles a los ciudadanos o al gobierno
que los representa la capacidad de
actuar. Eso es lo que ha predicado desde
el púlpito de las conferencias matutinas el
presidente López Obrador. La realidad lo
contradice. Si la educación se le entrega a
un grupo privado, la educación se privatiza