Lo ocurrido este pasado jueves
en Culiacán cimbró al país.
La población local vivió horas
de terror encerrada en los lugares
donde estaban al iniciarse las
balaceras. Estas fueron desatadas
por el crimen organizado que se
enseñoreo de buena parte de la
ciudad; circulaban exhibiendo
armas de alto calibre, cerraron
los puntos de acceso a la ciudad,
el aeropuerto, y derrumbaron el
muro de un penal provocando una
fuga de reos. Fue su respuesta a la
detención de Ovidio Guzmán, un
hijo del Chapo, preso en los Estados
Unidos.
En el resto del país seguíamos
con alarma y desconcierto lo que
ocurría en la capital de uno de
los estados con mayor pujanza
económica. La situación era confusa
y hasta este momento muchos
detalles de lo ocurrido siguen
siendo inciertos o borrosos.
Lo que es seguro y sorprendente
es la capacidad de organización y
respuesta inmediata de estas bandas
que en un par de horas pusieron en
jaque no solo al gobierno local, sino
incluso al federal. La confrontación
de fuerzas fue totalmente favorable
a los seguidores y aliados del
Chapo en detrimento de las fuerzas
institucionales.
Finalmente, el gobierno
retrocedió en su intención de
detener y, posiblemente, extraditar
a Ovidio y, puesto que ya estaba
en sus manos, lo liberó. Fue una
decisión del gabinete de seguridad
federal, con la aprobación del
Presidente López Obrador de la que
se responsabiliza plenamente.
AMLO explica que era mucho
más importante preservar la vida de
los seres humanos que la detención
de un presunto delincuente. Decide
no enfrentar la violencia con la
violencia, y está por la paz, la
fraternidad y el amor. Menciona
en favor de esta actitud al nuevo
testamento. Es decir que se vuelve a
declarar cristiano.
No obstante, la decisión
presidencial es muy controvertida
y algunas de sus expresiones,
del fuchi guacala, al papel de las
madres y abuelas en el control
de los delincuentes son objeto de
franco pitorreo en las redes sociales.
Pero hacer chistes no le quita
seriedad al asunto, buena parte de
la población se siente insegura y
este es un tema mayor de la vida
nacional.
Los adversarios políticos del
Presidente hablan de una rendición
ante el crimen y de un estado
fallido.Argumentan que se debió dar
una fuerte demostración de poder
por parte de las fuerzas armadas
institucionales.
Pero si se hubiera seguido ese
camino el costo en vidas humanas
podría haber sido inmenso. Se
amenazó en particular a un
conjunto habitacional de militares,
es decir a sus familias, incluyendo
niños.
El presidente tomó la decisión
que en ese momento era la correcta.
Pero no deja de preocupar que,
más allá de su convicción cristiana,
exista en esta administración la
percepción de que en una guerra
contra el crimen organizado
saldríamos perdiendo.
Los que exigen someter al
crimen organizado por la fuerza
de las armas asumen que el
gobierno ganaría en corto tiempo y
a un bajo costo en sangre tanto de
militares como de civiles. Culiacán,
y Aguilillas, nos demuestran que
no es así. Y este es un diagnóstico
terrible, tenemos un estado débil
y eso no se remediaría mediante
enfrentamientos que más bien
podrían demostrar su debilidad y un
costo inaceptable en vidas.
El camino planteado por este
régimen es el del desarrollo,
la inclusión de los jóvenes con
educación y preparación para
el trabajo; elevar el bienestar de
los más vulnerables mediante
transferencias sociales; conseguir
la autosuficiencia alimentaria
sustentada en la producción
campesina e indígenas, entre otras
medidas.
Pero Culiacán es un parteaguas.
Demuestra la inaceptable debilidad
heredada del Estado y la convierte
en argumento político en contra de
toda la cuarta transformación. Abre
una herida que se irá ensanchando
y que se convierte en una de las
principales amenazas a la propuesta
de desarrollo del régimen.
Reconocer la debilidad obliga a
acciones de fortalecimiento rápido;
hay que acelerar el paso. Con una
captación fiscal de nivel paraíso no
hemos podido crecer. Urge elevar la
captación. Estoy convencido de que
si no se hace pronto y se traduce
en desarrollo social se perderá
la oportunidad de la actual alta
popularidad del régimen. Entre más
se tarde será más difícil.
El Fondo Monetario Internacional
sugiere fortalecer al sector privado.
Pero el problema de fondo de la
inversión privada es que el entorno
mundial es crecientemente hostil,
y al interior tenemos un mercado
empobrecido. El mejor impulso a
la inversión privada es una política
industrial que le abra vertientes
de producción en substitución de
importaciones chinas tanto para
el mercado interno como para
elevar el contenido nacional de las
exportaciones.
Lo principal es configurar un
fuerte sector social. Y el primer paso
es que las transferencias sociales se
amarren al consumo de productos
nacionales. No a un mecanismo
de transferencias que favorece la
globalización del consumo.
Acelerar la transformación
requiere promover a las
organizaciones sociales
independientes y democráticas y
dejar de verlas como adversarias.
Culiacán obliga a redoblar
el paso transformador; aún hay
tiempo y sustento social. Solo
acelerando el crecimiento de los
elementos sanos de la economía
y de la sociedad podrá irse
desplazando y debilitando el poder
del crimen organizado y también los
argumentos de aquellos que quieren
una confrontación que hundiría en
sangre la transformación de México.