CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Comité Directivo Estatal del PRI enfrenta una nueva crisis, luego de que se revocara una sentencia favoreciendo a la empresa HIPERCOLOR que le reclama al partido un pago por 16 millones de pesos.
La empresa que, se dedica a impresiones digitales en diversos materiales, reclamó en 2016 un pago por 16 millones de pesos por trabajos que se realizaron en las campañas electorales del 2010.
La misma Yahleel Abdala, encargada del despacho de la Presidencia del PRI, dijo que esta empresa tardó seis años en interponer un reclamo mercantil y aunque en 2017 el juicio salió a favor del PRI, la empresa se inconformó por lo que el fallo fue modificado y ahora el partido ha interpuesto un recurso para apelar el último acuerdo judicial.
“Hace dos o tres semanas revocan esa resolución y le dan la razón a Hipercolor, entonces nosotros metimos un amparo y estamos en ese proceso legal”, detalló Abdala ayer en el Congreso.
La diputada se dijo desconcertada con el fallo en contra del partido: “Me parece muy extraño, dos cosas, una que es un reclamo del 2010 y hasta el 2016 metieron la demanda, no puedes reclamar con tantos años que pasaron ya, entonces ahí hay algo de por medio que desconcierta, pero aunado a ello ya había salido la resolución a nuestro favor, y qué raro que ahora la estén revocando”
Fuentes del interior del PRI advirtieron que detrás de esta demanda, hay una maniobra de un par de personajes ligados al priísmo en otros sexenios.
El principal accionista de Hipercolor es Ricardo González, un empresario victorense que se convirtió en uno de los proveedores favoritos en el sexenio antepasado.
Además de los servicios de impresión de propaganda en todas sus formas, proveía hasta artículos y uniformes para las fuerzas policiacas, pues además está inmerso en el negocio de la seguridad privada.
González siempre estuvo ligado a Carlos Laurent, quien en la misma época fungió como un muy poderoso Secretario de Finanzas del PRI.
A él le tocó operar todos los recursos económicos durante la campaña de Rodolfo Torre Cantú y en esa época habría contratado los servicios de Hipercolor.
El problema que ahora señalan los priístas, es que durante seis largos años, desde el 2010 hasta el 2016 no hubo un solo reclamo de pago por los supuestos servicios prestado a la campaña.
Fue hasta después de terminado el sexenio de Egidio Torre Cantú, que se presentó la denuncia sustentada en el testimonio de Laurent reconociendo el adeudo por más de 16 millones de pesos.
Sin embargo, desde el interior del PRI señalan que no han encontrado un solo documento que compruebe ni la deuda, ni los trabajos realizados por Hipercolor, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de Ricardo González y Carlos Laurent para cobrar una suma millonaria.
En la actualidad existen temas legales que heredaron otras dirigencias, en las cuales se está trabajando entre ellos, el pago de multas que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE).
El PRI está arrastrando multas que vienen desde 2016, 2017, 2018 y 2019.
Abdala aseguró que el pago de esas multas no afecta las finanzas del partido.
Un informe del IETAM revela que el PRI ha enfrentado multas por más de 12 millones de pesos desde el 2016 (de forma individual y por coalición), pero sus prerrogativas no se han visto reducidas.
Entre 2016 a 2019, el financiamiento público para el PRI creció 10 millones 134 mil 799 pesos; es decir, pasó de 42 millones 703 mil 071 pesos a 52 millones 837 mil 870 pesos.
En 2019, las prerrogativas del PRI son de 52 millones 837 mil 870 pesos y mensualmente, el PRI recibe 4 millones 403 mil 155 pesos, sin considerar el descuento de la multa que está aplicando.