SANTIAGO.- Después de 24 días de crisis política y social, la mayor desde que finalizara la dictadura militar en 1990, el Gobierno chileno de Sebastián Piñera se ha abierto a cambiar la Constitución de 1980 heredada de Augusto Pinochet, un paso inédito para la derecha en los últimos 30 años. Lo anunció la noche del domingo el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, después de una reunión encabezada por el presidente y en la que participaron altos representantes del conglomerado oficialista. No existen mayores detalles sobre cómo será el mecanismo, aunque el Ejecutivo apuesta por un Congreso constituyente, una amplia participación ciudadana y un plebiscito ratificatorio. De hacerse realidad, será la primera vez en la historia que Chile tendrá una Constitución discutida en democracia.
“Es un hecho histórico. El fin de la transición a la democracia en lo que respecta al aspecto constitucional, una gran deuda. El reventón social que se vive en Chile desde el 18 de octubre la puso en evidencia”, indica Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales y catedrático de la Universidad de Utrecht. Para Tomás Jordán, que coordinó el proceso constituyente del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), “es la primera vez desde 1990 que la derecha se abre a una nueva Constitución, por lo que existe un consenso político desde la derecha y la izquierda por una nueva carta fundamental”. Se trata, a su juicio, de “un cambio en la línea de la historia chilena”, porque será discutida en democracia: “Todas las constituciones —la de 1833, 1925 y 1980— estuvieron precedidas por guerra civil, ruido de sables o golpes de Estado”.
Las protestas de 2011
El cambio de la Constitución comenzó poco a poco a tomar fuerza en la sociedad chilena desde las protestas estudiantiles de 2011. Fue entonces cuando quedaron en evidencia las dificultades para cambiar ciertas leyes por los altos quórum requeridos, como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). “Muchos de los derechos sociales que se han discutido en la esfera pública en los últimos años —el aborto, la salud, la titularidad sindical, los derechos de agua— se topan con la Constitución”, explica Claudio Fuentes, profesor de la Universidad Diego Portales.
Couso pone un ejemplo: “La Constitución de 1980 establece asuntos que serían considerados exagerados en otros países, como que la seguridad social debe ser prestada por instituciones públicas o privadas, con lo que se les da un estatus constitucional a las administradoras de fondos de pensiones (AFP)”. “Si una ley terminara con ese sistema [de capitalización individual vigente desde 1981, pionero en el mundo] y permitiera uno similar al de Inglaterra, Alemania o España, alguien podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC)”. Para al académico, el TC chileno actúa como una tercera Cámara y ha posibilitado durante 30 años la capacidad de veto de la derecha: “Es de los de mayor poder del planeta”, explica Couso.