Para el ejercicio 2020, a Tamaulipas le fue asignado un presupuesto de 56 mil 540 millones de pesos –un mil 850 millones más que en 2019–, pero el monto resultaría insuficiente para cubrir las necesidades de infraestructura, proyectos de desarrollo y programas asistenciales, tomando en cuenta que el gasto corriente absorberá entre el 80 y 90 %; y que la inflación se estima en tres puntos, según los pronósticos de expertos en economía.
Esto llevaría al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca a la reasignación local de recursos, para así evitar que la crisis golpee más a la entidad.
Mientras tanto, los legisladores federales y domésticos, bien harían en tramitar una revisión profunda al Pacto de Coordinación Fiscal, para que el año próximo no se den las mismas inequidades en la repartición.
Ya ve Usted que por el centralismo dominante, el Presidente es el que decide cómo distribuir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), aunque lo haga a través dela Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la fracción legislativa de Morena de la Cámara de Diputados.
Lo certifica el hecho de que las entidades que más recursos recaudan, como son los casos de la Ciudad de México y Tamaulipas, son, también de las más castigadas con la asignación de recursos.
Así que no esperemos milagros.
Y sí por el contrario, un ajuste en el gasto estatal, como quizá algunas medidas para procurar generar recursos propios.
CASTIGO PENDIENTE
Hace días, aduciendo ‘motivos personales’, Mario Soria Landeros renunció como auditor Superior del Estado.
Y aunque permanece en la estructura gubernamental, pero sin todavía revelarse en qué área presta ahora sus servicios, esta pregunta sigue en el aire:
¿Por qué vaciló para llevar a juicio a los exfuncionarios que saquearon las arcas públicas en beneficio personal?
Recuérdese que al principio del régirégimen algunos servidores públicos y representantes de la iniciativa privada señalaron, con índice de fuego, a los personajes que presumiblemente cometieron un cúmulo de ilícitos.
Igual hicieron los ex legisladores locales y federales que se mostraban dispuestos a llevar al patíbulo a tantos malhechores.
Sobre todo por el mar de documentos que aparecieron cotidianamente en todas las áreas para sustentar acusaciones –por prácticas contrarias al ejercicio público–, bajo un marco legal como esperaba la sociedad que con su voto contribuyó a la alternancia.
Ésa que de ningún modo planteó nunca una cacería de brujas, pero sí disposición a que la Auditoría Superior del Estado fuera congruente con su cometido, para llamar a cuentas a los saqueadores
Mucho se comenta sobre el latrocinio indiscriminado con: obras que no existen; una abultada nómina, al pagarle jugosos salarios a gente sin desquitar los emolumentos; desviación de recursos, mediante el rollo del sistema de viáticos y becas; la asignación vertical de contratos, siendo la ley muy clara en cuanto a las licitaciones para adquirir equipo, mobiliario y enseres de papelería y limpieza; la renta o venta de bienes inmuebles; así como en el mantenimiento de la infraestructura (léase oficinas), y del parque vehicular, entre otros ilícitos menos graves a los que serían:
a) El extravío de cientos o tal vez miles de millones de pesos;
b) La preferente asignación de los apoyos de programas sociales en beneficio exclusivo de amigos, compadres, caprichos y parentelas de los otrora influyentes ex jerarcas gubernamentales; y
c) El saqueo millonario mediante el pago de facturas a empresas sin haber brindado servicios –se les llama fantasmas–, que aparecieron con las auditorías practicadas.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas consiga la forma, el método y los procedimientos a seguir para requerir información sobre las finanzas y su consecuente aceptación u observaciones, antes, durante o posterior al análisis de la Auditoría Superior del Estado, apoyada por una comisión legislativa.
Ahí se establece claramente que, aún vencido el término de 60 días hábiles para que la administración saliente rinda cuentas claras a la entrante, de encontrarse irregularidades puede aún procederse vía penal por las infracciones cometidas.
A partir de la renuncia de Soria Landeros ¿ por fin empezarían a caer los peces gordos?
ALCALDÍAS QUEBRADAS
No sé, con precisión, cuántos alcaldes han solicitado ayuda al Gobierno del Estado para solventar el pago de salarios correspondiente a las tres quincenas que restan al año (y aguinaldos), pero, según me han dicho, la cifra acaricia las dos decenas.
En términos cuantitativos, el escenario no pasaría de ser una simple estadística –hasta el momento–, tomando en consideración que la cifra podría disminuir vía el otorgamiento de empréstitos y/o ‘adelantos’ –con cargo a los presupuestos municipales del 2020–, que, por cierto, aún no se han agendado para discutirse en el Congreso local.
Sin embargo hay que analizar, desde el punto de vista cualitativo, qué circunstancias pudieron provocar el quebranto financiero a cada uno de esos ayuntamientos que carecen de recursos económicos para cubrir en tiempo y forma sus obligaciones.
Ya no digamos en lo concerniente al pago de obras o proveedores –dado que los contratistas o abastecedores (de insumos) ya saben que la deuda prácticamente es incobrable, por este momento–, sino al aspecto laboral, pues la amenaza de conculcarles a los trabajadores los sueldos, honorarios y otras prestaciones de ley a las que tienen derecho, es tanto como jugar con el hambre del pueblo, aun cuando se tratare sólo de un amago.
Sobre todo cuando sabemos que a los presidentes municipales que hoy piden ayuda y también a los que no, puntualmente se les entregaron las remesas mensuales, por lo que no tendrían pretexto para retrasar el pago de las tres quincenas que restan al año, aguinaldos y honorarios, según sea el caso.
Por otra parte, cierto es que las recaudaciones municipales no han sido tan cuantiosas como esperaban los ediles; y que los ayuntamientos han enfrentado cualquier cantidad de obstáculos para acceder a otras prerrogativas de ley, pero también es una realidad que el Gobierno del Estado no asoma actitudes de abandono.
Sólo que analiza hasta dónde auxiliarlos, porque en algunos casos, es evidente, hay recursos para terminar bien el año.
Lo prueba el hecho de que una minoría de los ayuntamientos (con que cuenta la geografía tamaulipeca) sí tenga en sus arcas dinero para cubrir, al menos, los salarios de las próximas tres quincenas, el aguinaldo, las compensaciones y otros imprevistos del gasto corriente; pero también sé que hubo ediles derrochadores que no fueron capaces de prever en tiempo y forma el egreso –merced a su ineptitud para administrar el erario que su personal de mayor confianza, durante este año, manejó como si hubiera sido fortuna personal–, hasta el grado de que se habla de que suman millones de pesos los que han podido comprobar en qué se gastaron
En fin, ya habrá tiempo de profundizar en cuanto al manejo erróneo del erario municipal
Sobre todo en estos días, en que los ayuntamientos obligados están legalmente a enviar su proyecto de Ingresos al Congreso local, para ser adecuado y aprobado conforme lo permita el Presupuesto de Egresos, de donde saldrá el dinero para hacer frente al gasto del año venidero.