CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa calificó como una de las aberraciones jurídicas más grandes la exoneración que realizó la Secretaría de la Función Pública (SFP), del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz de las acusaciones de conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.
El político michoacano se refirió a la resolución presentada por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval y de nuevo se lanzó contra el Gobierno Federal, al considerar que es una de las muchas que se han visto en estos meses.
Calderón comentó que no encontrar en Bartlett Díaz un conflicto de interés como servidor público en la Comisión Federal de Electricidad es una esta aberración que «se lleva las palmas. Esta declaración es una joya».
Las expresiones del ex presidente obedecen a lo expuesto por Eréndira Sandoval en la que declara que Bartlett no puede ser investigado por las actividades que ha realizado desde el primero de diciembre de 2018, como funcionario público.
Entre las aberraciones jurídicas que menciona Calderón respecto a la investigación de Bartlett, destaca que la Secretaría de la Función Pública había recibido 33 denuncias, conformadas por 14 denuncias anónimas presentadas ante el SIDEC, 10 alertas ciudadanas en el portal de Alertadores de la Corrupción, 3 denuncias por políticos del PAN, una por integrantes del PRD y 5 por ciudadanos que se identificaron con nombre y apellido, todas reproduciendo la información de dos reportajes periodísticos y sin aportar información complementaria o adicional que aportara más datos o elementos de prueba.
Con base en la exhaustiva investigación, la SFP concluye que no se acreditaba la posible actuación bajo conflicto de interés, debido a que, según las constancias recabadas, en la temporalidad de los hechos denunciados y hasta la fecha, Manuel Bartlett Díaz no tiene ninguna injerencia en la administración o control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron, y tampoco ha intervenido en la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con dichas empresas.
Respecto al posible enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés, se buscó determinar si el servidor público faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales y de intereses con la finalidad de ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable.
De la revisión de sus declaraciones patrimoniales, se determinó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.
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