CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-El decreto de austeridad que empleó el Gobierno federal para ahorrar recursos y utilizarlos durante la contingencia por el Covid-19, mantiene en jaque a diversos organismos que participan en áreas tan diversas como la atención a víctimas y la protección de la naturaleza.
Las búsquedas de desaparecidos en Tamaulipas -detenidas desde hace al menos dos meses por la pandemia- sufrirían un nuevo revés, así como los apoyos para familiares y víctimas.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) alertó esta semana que el recorte de 75% estipulado por la Federación los deja en una situación de virtual parálisis.
Se perdería por ejemplo el alojamiento, y por ende el resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas.
También se perdería la oportunidad de apoyar con el pago de los traslados de víctimas y familiares para que realicen viajes para audiencias, acudir a la CNDH o incluso a los operativos de búsqueda.
El recorte también eliminaría a buena parte de los asesores jurídicos que apoyan los casos de las víctimas. En su lugar, trabajarían defensores de oficio brindados por el Gobierno, lo cual comprometería su imparcialidad.
Este golpe financiero a la CEAV forma parte de una tendencia a debilitarlo, advierte Graciela Pérez Rodríguez, fundadora del Colectivo Milynali Red.
“Entre la austeridad nos quieren dejar completamente desamparados y otra vez como iniciamos hace muchos años, por eso es que luchamos por una institución fuerte, que se hiciera una comisión fuerte, la Províctima que estaba así era, estaban apenas incursionando en una institución, que después se formó una gran estructura y que se ha mal manejado también es cierto”, señala en una entrevista vía telefónica, donde no duda en calificar el recorte como “una treta más para revictimizaarnos y volver a dejarnos completamente vulnerables aprovechando la coyuntura de la pandemia”.
En términos generales, igual que a tantas otras actividades, el Covid-19 pegó fuerte a las labores que realizan los colectivos de familiares de desaparecidos.
Desde que se decretó la emergencia sanitaria se frenaron las búsquedas: “Nosotros estamos en doble crisis por la falta de búsqueda que nos pararon, entendemos y hemos sido respetuosos, razonables y hemos aguantado”.
En el posicionamiento que presentó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se plantea un panorama sombrío para la institución.
Detallan que serían 7,200 víctimas mensuales las que no podrían ser atendidas en los 32 Centros de Atención Integral del país, donde reciben atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
Quedarían frenados los trabajos para obtener compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador.
Las víctimas no podrían acceder a compensaciones porque no habría abogados para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones.
Además, quedarían pendientes 1,100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, como recomendaciones de CNDH, CIDH, ONU y hasta atracciones de la SCJN sobre casos trascendentales como Ayotzinapa, San Fernando, y Tanhuato.
Luego de conocerse el pedido de auxilio de la CEAV, el presidente López Obrador aseguró que las víctimas no se quedarán sin recursos, pues el recorte sólo debe impactar al gasto operativo.
“Sobre ajustes de austeridad vuelvo a decir que nada que sea indispensable se va a quedar sin recursos, nada se va a suspender que sea prioritario, es una acción de la Secretaría de Hacienda para poner orden (…) En el supuesto de que se lleve a la práctica esta medida o cuando se lleve a la práctica esta medida, se está hablando de un 75 por ciento, o sea queda 25 por ciento, si hay un ejercicio de presupuesto eficiente, ese 25 por ciento alcanzaría para dos meses, o sea junio, julio, no habría problema”, dijo en su gira por el sureste mexicano.
Pero los activistas advierten que recortar el gasto operativo implica por fuerza afectar el funcionamiento de los programas de apoyo.
“¿Para qué queremos un presupuesto si no hay quién lo opere?, revira Graciela Pérez, quien busca a su hija Milynali desde el 2012 y que fue galardonada por el Gobierno de Holanda, con el premio Tulipán de los Derechos Humanos 2017.
Desde entonces ha atestiguado cómo ha evolucionado la lucha por los desaparecidos. Las víctimas de hoy, advierte, no son las mismas de diez años. Por eso, reclama: “Sí es un retroceso, parece que está todo regresando a como hace ocho años empezó, como estaba en el priísmo”.
Golpe al medio ambiente
El cuidado de las áreas naturales de Tamaulipas también está en riesgo con el recorte del 75% marcado en el decreto de austeridad para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que se suma al desmantelamiento de las dependencias encargadas del área desde el inicio del sexenio.
En la entidad, por ejemplo, peligran los programas de protección de las áreas naturales protegidas federales de Tamaulipas, entre las que se encuentran la Reserva de la Biosfera el Cielo, Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas, el área natural protegida de la Laguna Madre y Delta del Río Bravo.
En Tamaulipas la CONANP una de las tareas más importantes que realizan es la protección de la tortuga Lora, situación que han logrado con éxito a través del campo Tortuguero de Rancho Nuevo, en el municipio de Aldama, donde su personal además se encarga de vigilar zonas de anidación como en Barra del Tordo, Altamira y Miramar, logrando el año pasado proteger más de 4 mil nidos.
Con el recorte a los gastos operativos se estima que en el estado serían despedidos unos 20 empleados de este organismo.
Con ello también estaría en riesgo el cuidado de la tortuga lora, que ha logrado con éxito el campo Tortuguero de Rancho Nuevo, en el municipio de Aldama, donde su personal además se encarga de vigilar zonas de anidación como en Barra del Tordo, Altamira y Miramar, logrando el año pasado proteger más de 4 mil nidos.
También se vería afectado el monitoreo de especies como el jaguar, a cargo de la CONANP, que protege las casi 300 mil hectáreas que conforman su hábitat en la reserva de la biósfera El Cielo.
El último informe del organismo detalla la instalación de cámaras trampa, las cuales fueron colocadas en diversos puntos de esta reserva, así como en la zona conocida como el Cañón del Diablo.
En esa misma zona el organismo detectó también la presencia de otros felinos como el puma, el ocelote, el jaguarundi y el margay.
Tras conocerse los recortes, empleados de la Conanp de todo el país publicaron un posicionamiento en el que advirtieron de las graves consecuencias que tendría un recorte como el que se plantea.
Aseguran que la Comisión ya trabaja de por sí en la total precariedad y nuevas afectaciones a su plantilla laboral significarían poner aún más en riesgo el patrimonio natural de México.
En la misiva enviada al presidente López Obrador y Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, advierten que son ellos los encargados de proteger los recursos naturales de amenazas como “el crimen organizado, desarrollos inmobiliarios, cazadores furtivos, minería legal e ilegal, invasores, saqueadores de flora y fauna, así como talamontes”.
Por ello, exigen a las autoridades que no se despida a ningún empleado bajo pretexto del recorte presupuestal y que se respete el derecho al trabajo digno y bien remunerado, y la seguridad física del personal.
“La CONANP trabaja en conjunto con otras dependencias para unir esfuerzos por la conservación en estrategias de atención social, lo que la convierte en la institución con mayor impacto y alcance en el territorio nacional, es decir, uno de los vínculos más importantes entre el Estado Mexicano y las comunidades más pobres y marginadas de nuestro país”, señalaron.
Patrimonio histórico
Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también denunciaron que los recortes presupuestales por la pandemia de Covid-19 afecta las condiciones de investigadores, arquitectos, restauradores, empleados administrativos, técnicos y manuales, que tienen a su cargo la protección del patrimonio histórico del país.
En el caso de Tamaulipas, tiene a su cargo el cuidado y administración de por lo menos tres zonas arqueológicas: Las Flores, El Sabinito y El Balcón de Moctezuma, que de por sí ya enfrentan múltiples amenazas ante la falta de personal para protegerlas.
Además el INAH opera en Tamaulipas el Museo de la Cultura Huasteca, ubicado en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico.
“Tomando en cuenta que su gobierno a través de la SHyCP ha exentado de la aplicación del recorte presupuestal de otras instituciones de docencia e investigación de reconocido prestigio, entre las cuales también debiera estar el INAH, le solicitamos atender el caso de nuestro Instituto”, señala una carta enviada al presidente por trabajadores del Instituto.