La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del rey Juan Carlos en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca. El ministerio público ha decidido trasladar al alto tribunal esta investigación al afectar directamente a Juan Carlos I, que ya no es inimputable pero está aforado en el Supremo.
Según una nota pública difundida por la Fiscalía, la investigación se centra en “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. Según explica el ministerio público, el pasado 5 de junio la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos. “Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación”, apunta el ministerio público.
Fuentes fiscales señalan que Delgado tomó la decisión de dejar la investigación en manos de la Fiscalía del Supremo a petición de Anticorrupción, que tenía abierta unas diligencias por las posibles mordidas en las obras del AVE a la Meca. En esa investigación, indican estas fuentes, Anticorrupción ha constatado indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. De lo que se trata ahora es de confirmar esos indicios y ver si se extienden a la etapa posterior a la abdicación de Juan Carlos I. No se le podría atribuir el supuesto cobro de comisiones, porque la investigación lo sitúa en la etapa en la que don Juan Carlos todavía era el jefe de Estado, pero sí se podría investigar cómo se ha movido ese dinero desde la abdicación. Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan que este departamento no ha hecho ninguna tipificación de delitos y que la última palabra al respecto corresponderá a la Fiscalía del Supremo.
La investigación, explica la Fiscalía, se refiere a la segunda fase de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, conocido también como AVE del desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí. El cobro de posibles comisiones en esta obra que podrían implicar al rey Juan Carlos saltó en una de las investigaciones vinculadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien se reunió en 2015 en Londres con Corinna Larsen, antigua amiga de Juan Carlos I. A lo largo de la conversación, grabada por Villarejo, Larsen habló de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al Rey emérito, así como de cuentas en Suiza que habría tenido el Monarca y que eran manejadas por testaferros. También hizo referencia a comisiones que el entonces Rey de España presuntamente percibió por el contrato del AVE a La Meca, adjudicado en 2011 a un consorcio de 12 empresas españolas, entre ellas la constructora OHL.
Esas supuestas comisiones ascendieron, según Larsen, a 80 millones de euros, abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y este, a su vez le habría dado todo, o parte, a Juan Carlos I. El hallazgo de estos audios dio pie a la apertura de una de las primeras piezas del caso Villarejo, conocida como Carol, que se cerró en 2018, a petición de la Fiscalía, al concluir que los datos que aportaba en esa conversación se referían a hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, por lo que el Rey era entonces inviolable. No obstante, el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, el juez Diego de Egea, envió a la Fiscalía la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del AVE y, meses después, Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación, en cuyo marco, el fiscal Luis Pastor llegó a interrogar a Larsen en Londres, donde reside la empresaria alemana.
Casi a la vez que el juez archivaba el caso en España, la Fiscalía de Suiza, como adelantó EL PAÍS, abrió en el verano de 2018 una investigación sobre una donación multimillonaria que recibió Larsen desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña. Larsen atribuyó esa donación a Juan Carlos I y, en marzo pasado, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó a la Fiscalía suiza datos sobre el caso.
De momento, la investigación archivada en España no se ha reabierto en sede judicial, pero el paso dado ahora por la Fiscalía es determinante. El ministerio público cree necesario practicar “nuevas diligencias que afectan directamente al Rey emérito” y como este está aforado en el Supremo, la investigación tiene que trasladarse al alto tribunal. La clave será si ahora, al contrario de lo ocurrido en 2018 y que llevó a archivar el caso, existen nuevos indicios de delitos que sean posteriores a la abdicación del anterior Monarca, porque por los hechos cometidos mientras era jefe de Estado no se le puede imputar.
En marzo pasado, la Casa del Rey informó de que Juan Carlos I había contratado para su defensa al abogado Javier Sánchez-Junco, un antiguo fiscal anticorrupción. Este letrado será a partir de ahora “quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar [al Rey emérito] y se consideren procedentes”, según informó la Casa del Rey a través de un comunicado en el que Felipe VI anunció que renuncia a la herencia de su padre y le retira su asignación.
CON INFORMACIÓN DE EL PAÍS
