CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El ayuntamiento de Madero insiste en que el desalojo de una abuelita el pasado fin de semana fue un atropello y a decir del director jurídico, Alfredo Campos Martínez será afrontada cualquier demanda que sea interpuesta en contra del municipio.
En rueda de prensa destacó que el gobierno no cometió ninguna infracción a la ley, “pero si se va a demandar al municipio por defender los derechos de un ciudadano que fueron atropellados de manera infame, pues que nos demanden, si ese es el costo de defender los derechos de un ciudadano pues estamos dispuestos a que nos demanden, vamos afrontarlo e independiente que el municipio no cometió ninguna violación a la ley”.
Presuntamente el desalojo que sufrió Josefina Cabriales López de 87 años de edad en la colonia Miguel Hidalgo Oriente no se hizo a través de un mandamiento judicial, es decir que lanzaron a la calle las pertenencias de la señora sin la orden de algún juez.
“Se realizó un lanzamiento en atropello de sus derechos y sin juzgar sobre el fondo del problema sobre quién tiene razón y sin prejuzgar sobre si hay una sentencia favorable sobre una persona no podemos pasar por alto que un lanzamiento tiene que hacerse por medio de un juez y aquí se hizo sin la orden de un juez atropellando los derechos de un adulto mayor”.
“ABUELITA VENDIÓ VIVIENDA”
A través de mensajes enviados a La Razón, los propietarios de la casa localizada en calle Rivas Guillén denunciaron que la señora Josefina Cabriales de Aguirre y sus hijos han iniciado un plan conjunto para despojar de su legítima propiedad a los dueños a los que ella misma vendió y del cual recibió la justa suma de dinero que ella pidió.
“Abusando de su condición de ser una persona de la tercera edad para crear sentimentalismo en los medios de información y jugar con las audiencias, sus hijos se han puesto de acuerdo para no dejar que vivan ahí personas”.
Refieren que a la edad de 59 años, Josefina Cabriales vendió, cedió y traspasó la propiedad, cuyo proceso se encuentra estipulado en la escritura pública 27 mil 80 y en el que contiene el contrato de compra venta.
Agregan que el pasado 18 de julio, el abogado que contrataron con poder notarial intentó ingresar al domicilio, preguntó con vecinos y señalaron que la señora Josefina Cabriales y la señora Martha Sánchez empezaron a meter cosas para evitar la ocupación del domicilio, “cosa completamente ilegal, pues uno de los derechos de un legítimo propietario de un bien inmueble es gozar del uso, goce y usufructo de su propiedad”.