Llueve sobre mojado, son días de trueno y sin tregua, la pandemia del coronavirus, las afectaciones de Hanna, el trabajo a distancia, la economía a pique, secretos políticos, que todo mundo conocía pero ahora en boca de los testigos protegidos se vuelven más llamativos, todo entretiene, hasta el futbol que ya está de regreso en las canchas, y las misas de la iglesia en línea. Es la nueva normalidad.
Todo apremia y es igualmente importante, hasta dar con el paradero del dinero extraviado por los políticos, caídos ahora en desgracia y en manos de la justicia, sería bueno si consiguen recuperar lo robado distribuir de mejor manera el recurso escaso para programas de mujeres.
Pero, hablando de dinero y mujeres, el “hachazo” como dicen le llaman las legisladoras al moche que se le dio al presupuesto del INMUJERES, es la gota que colma la paciencia de las activistas que han llegado ya a incidir en el pleno, y que convencieron a las mismas diputadas de crear una proyecto legislativo para hacer comparecer ante el pleno a la Segob y Hacienda, exigen explicaciones al recorte a instituciones encargadas de procurar los derechos de niñas, jóvenes y mujeres en este país.
La diputada Martha Tagle, activista y feminista, ha dicho que lo etiquetado para la igualdad sustantiva no se puede reducir, “es un desmantelamiento” de los organismos creados para procurar una política pública justa, que coloque en el centro
de las decisiones los derechos humanos de las mujeres, que ahora están siendo afectados por no tener acceso a una vida libre de violencia.
Las legisladoras también se han puesto a trabajar junto a ONU Mujeres en campañas que animan a la denuncia, para la atención de víctimas de violencia en esta cuarentena. Como se ha sustentado en el confinamiento por el Covid 19,
se ha incrementado el registro de violencia intrafamiliar y para atender este problema se necesita a las instituciones y que estas tengan recursos para responder al llamado de auxilio.
Los estudios de la ONU en México confirman que 28 por ciento de los hogares los sostiene una mujer sola, y no están recibiendo apoyos extraordinarios por la pandemia, igualmente en el sector informal, donde 6 de cada 10 personas son mujeres, reciben protección social, lo que se ha agravado en esta contingencia.
“La violencia contra las mujeres sigue creciendo en plena pandemia. Mientras desde el gobierno se justifican recortes,
se descabezan instituciones, se desmantela política pública, las mujeres siguen en riesgo ante sus omisiones, negligencia e incapacidad” sostiene Tagle impulsora de la exigencia legislativa que busca que se le devuelva a las mujeres lo recortado.
Es encomiable que la política actual vaya contra los pillos de siempre, que se les detenga y sí es posible, se les encuentre el dinero y se le devuelva al pueblo lo robado, pero eso es utópico, mejor de lo perdido que se reponga lo que se quitó en este año y que ya estaba etiquetado a programas acciones de mujeres.
“Las mujeres estamos fuera del radar del Estado” acusa la diputada Lorena Villavicencio, correligionaria del presidente
en Morena. Mientras que para la diputada del PRD Guadalupe Almaguer, hay complicidad de la administración con el presidente machista, no es austeridad, es violar la ley al recortar recursos ya etiquetados.
Todos dicen que esta pandemia global cambió la forma de ver el mundo, que nosotros mismos no seremos iguales a partir de la nueva realidad, sin embargo
en México la cultura misógina incrustada en la política, no permite el progreso de su sector más vulnerable. Las diputadas tienen la oportunidad de hacer historia.