El movimiento antivacunas es una corriente originada en países europeos como Italia y Francia, pero que con el paso del tiempo ha cobrado fuerza y se ha expandido a Estados Unidos, incluso México.
Como su nombre lo dice, se trata de un fenómeno social generado por padres y madres, sobre todo jóvenes, los cuales están en contra de la aplicación de vacunas a sus hijos a partir de cierto tipo de creencias como las religiosas, personales, filosóficas, entre otras.
Aunque nuestro país se considera provacuna, no pasa desapercibido que sobre todo en ciudades grandes como CDMX, Guadalajara y Monterrey, se concentran seguidores de este movimiento social, no se tienen datos exactos del número de simpatizantes, pero lo cierto es que en los últimos años ha ido ganando adeptos.
Contrario a lo que se pudiera creer, este fenómeno es ocupado por personas de clase social alta y con un nivel intelectual y cultural elevado, pues muchos de sus seguidores tienen alto nivel de estudios, maestrías o doctorados para ser más específicos.
La persistencia del movimiento antivacunas en nuestra sociedad, representará sin duda el impulso en la evolución y aplicación del derecho; esto, ante la creación e inminente aplicación de vacunas contra enfermedades como el covid o la influenza.
La vacunación necesaria por existencia de enfermedades mortales y extremadamente transmisibles, supone que en algún momento se habrá de llevar
a la mesa del juzgador el movimiento antivacunas por covid, en el que seguramente se analizarán principios y valores jurídicos como el interés superior del menor, el derecho a la salud, la profesión religiosa e incluso el libre desarrollo de la personalidad, por decir algunos.
La contingencia sanitaria ha incidido en múltiples rubros del saber y la ciencia, y el derecho no es la excepción, acostumbrarnos a dicho virus es algo que cada día se vuelve más frecuente; sin embargo, el movimiento antivacunas en el contexto del covid es algo de lo que se ha dicho poco, y quizá deba estudiarse y analizarse con mayor intensidad para inhibir cualquier posibilidad de rebrotes.
Y aunque poco se ha dicho del tema, considero que, de presentarse un caso concreto de movimiento antivacunas relacionado con el covid, lo resuelto por los tribunales seguramente sería contundente, obligar a la vacunación de los menores sería el camino, privilegiando en todo momento el sano desarrollo del menor, con la única excepción de contraindicaciones médicas por circunstancias específicas del infante a partir de su propia condición u otro tipo de enfermedades que posea.