En 1994, el entonces subprocurador Mario Ruiz Massieu, encargado de la investigación sobre el asesinato de su hermano, el célebre priista José Francisco Ruiz Massieu, declaró que importantes integrantes del PRI bloqueaban las investigaciones que él realizaba. Tras su renuncia, enfático, declaró: “Los demonios andan sueltos, y han triunfado”.
Esa frase marcó, para la historia de México, el delicado contexto político y social en el que un cardenal, un candidato a la Presidencia de la República y un exgobernador fueron asesinados. Definió con una desgarradora contundencia la dimensión del desacuerdo que cimbró y que incluso llevó al país a una crisis financiera de dimensiones sin precedente. También dejó su huella en una generación completa de los problemas que se viven en una sociedad cuando la élite sea ésta lícita o ilícita se confronta y resuelve sus diferencias mediante la violencia.
Sirvan estas consideraciones para enmarcar el terrible suceso ocurrido la semana pasada, en el que el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado. Las autoridades informa- ron que en “un ataque directo”, y sin “haber recibido ningún tipo amenaza” previa, fue ultimado, junto con uno de los integrantes de su escolta personal.
El procurador de la entidad detalló también que el personal del establecimiento sería investigado, pues “manipuló completamente la escena de los hechos” antes de la llegada de los peritos, limpian- do manchas de sangre, huellas e incluso llevándose las cámaras de seguridad, “con el ánimo de entorpecer a la justicia”.
No existe una investigación concluyente aún, sin embargo, la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación está presente.
A lo largo de su mandato, Sandoval Díaz enfrentó a este grupo criminal. Tanto el procurador general del estado como él mismo recibieron amenazas de muerte. En el arranque de su gobierno asesinaron a su secretario de Turismo. Posteriormente hubo enfrentamientos en los que incluso un helicóptero militar fue derribado.
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), la estrategia del CJNG
de utilizar la violencia extrema para abrumar a las poblaciones locales le ha permitido dominar 24 de las 32 entidades de México.
El ataque realizado en pleno Paseo de la Reforma contra el secretario de Seguridad Pública en la CDMX, Omar García Harfuch, perpetrado por ese mismo grupo delictivo, da cuenta de la intención de irrumpir en la escena nacional con nuevas condiciones, imponer sus términos y generar nuevas dinámicas en la relación con la sociedad y el poder en el país.
Tras dos años en que se ha ejecutado la “nueva” estrategia de seguridad en el país, el saldo es negativo. Hemos vivido los dos años más violentos de la historia reciente. En un informe publicado por Causa en Común se documenta que de diciembre de 2018 a mayo de 2020 se registraron 71% más asesinatos que en el mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a mayo de 2014). Al compararlo con la administración de Felipe Calderón, los homicidios dolosos se han incrementado casi un 200 por ciento.
Más allá de la imperiosa necesidad de revisar las preocupantes fallas que hoy exhibe la estrategia de seguridad en el país, incluida la necesidad de tener una nueva política de drogas, es indispensable entender y enfrentar a profundidad la amenaza que hoy significan estos grupos criminales.
Las características del momento político que vivimos recuerdan circunstancias ya vividas en 1994, donde la centralización del poder, la confrontación entre los grupos dominantes y la incidencia creciente de los grupos criminales abrieron la puerta para una de las crisis más profundas que hemos vivido.
El rumbo nacional está en riesgo. Para corregirlo, impulsar la evolución de la #Sociedad- Horizontal y buscar que ésta se fortalezca en su relación con las instituciones es la única ruta para enjaular aquellos demonios que desde hace décadas siguen sueltos en el país.