La amenaza de cambiar la Constitución que lanzó el presidente López Obrador ante el bloqueo judicial a la ley de la industria eléctrica debiera ser el paso natural para consolidar sus reformas enfocadas hacia el objetivo de un proyecto posneoliberal.
El proyecto neoliberal del grupo De la Madrid-Salinas-Zedillo fue consolidado con reformas a la Constitución. Echeverría expandió al Estado como agente productivo y López Portillo negó el acceso de México al GAT y expropió la banca privada.
De la Madrid y Salinas realizaron las contrarreformas a la Constitución para disminuir la actividad del Estrado, privatizar la economía pública y constitucionalizar el neoliberalismo como proyecto nacional de desarrollo.
En enero de 1983 De la Madrid creó la reforma de rectoría del Estado, pero para disminuir las funciones estatales, privatizar en primera instancia empresas y meter a México al GATT. Salinas dio el siguiente paso con reformas para liquidar el proyecto de desarrollo de la Revolución Mexicana privatizando el ejido, la banca y vender a empresarios las principales empresas propiedad de la nación.
El proyecto neoliberal corrió de la reforma del Estado de 1983 a la aprobación del Tratado de Comercio Libre con EEUU en 1993; lo demás fue sólo consolidar con gobiernos del PRI, el PAN y el PRI otra vez la liquidación del Estado. En este contexto, la propuesta de López Obrador siempre ha sido la de reconstruir la vía económica del Estado, tal y como se percibe en la ley de la industria eléctrica. Los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo y Peña realizaron 354 reformas a la Constitución referidas al modelo neoliberal de desarrollo y el presidente López Obrador en dos años apenas ha realizado 55 reformas constitucionales y hasta ahora ninguna con el objetivo de revertir las reformas neoliberales anteriores.
Sin reformas constitucionales, el proyecto posneoliberal del presidente López Obrador nunca podrá consolidarse ni avanzar porque la estructura jurídica del neoliberalismo dificulta cualquier modificación.
A favor de las reformas de De la Madrid, Salinas, Zedillo y Peña Nieto estuvo la mayoría calificada del PRI y el PAN, en tanto que Morena de López Obrador tiene apenas 53% de los votos de diputados y a veces el 67%b con aliados, pero en el Senado es la primera minoría y sus alianzas no le dan para las dos terceras partes necesarias para modificar la Constitución.
En este sentido se explican los exabruptos del presidente López Obrador ante oposiciones legales a sus iniciativas. Sin embargo, la estructura legal será su principal obstáculo, De ahí la urgencia de Morena de avanzar en la construcción de una mayoría de 60% que le permite la Constitución como limite y dejar solo 7% de alianzas, para de ahí ir por la mayoría en el Senado en las elecciones de 2024. En la lógica del modelo neoliberal, Salinas como estratega necesitó de tres sexenios para fortalecer su proyecto, inclusive con Zedillo que no había sido su primera selección de candidato en 1993.
En este sentido, el conflicto neoliberalismo salinista-posneoliberalismo lopezobradorista estará asentado en la mayoría legislativa para deslizar los cambios constitucionales necesarios para hacer irreversibles las decisiones asistencialistas y de objetivos del desarrollo que ha delineado hasta ahora el presidente López Obrador.
Las reformas de De la Madrid y Salinas acotaron las funciones económicas del Estado y sus empresas y potenciaron el modelo productivo de mercado, dejando al Estado como como el vigilante del funcionamiento de la economía capitalista. En el fondo, la crisis en la ley eléctrica no radica en energías limpias o sucias sino el papel rector del sector que debe ser, en la propuesta lopezobradorista, el Estado. En este sentido, la reconfiguración del Estado sería el eje de las propuestas del presidente López Obrador para consolidar su propuesta posneoliberal. Como se ha visto con la ley de energía eléctrica, leyes secundarias carecen de viabilidad porque se necesita una gran reforma constitucional para redefinir el papel del Estado en la economía.
Sin esa reforma constitucional del Estado, el modelo posneoliberal del presidente López Portillo no podrá trascender el sexenio.
POR CARLOS RAMÍREZ
@carlosramirezh
