Biden de apretarle las tuercas a México y abrir mecanismos de presión sobre Palacio Nacional en materia de seguridad criminal, inversiones estadunidenses dentro de
los Tratados comerciales en materia de inversiones estadunidenses en energía y migración desde los intereses de la Casa Blanca.
2.- Los desafíos de la reactivación productiva más allá de los juegos detractores de las cifras del PIB y más centrados en los retos de la reconversión industrial a que ha obligado el frenón económico de -8.5% de PIB de 2020. Asimismo, lo importante se localiza en los escenarios de mediano y largo plazo (menos de 2% promedio del PIB en los próximos diez años), y no sólo en el rebote de 2021 que llegará –por lo demás– hasta el cuarto trimestre de este año.
3.- Los problemas alrededor de las vacunas, la disponibilidad, la cobertura y sus efectos de corto plazo siguen revelando la incomprensión de gobierno y oposición en torno al virus mismo, a sus derivaciones en la precaria política estatal de salud y al descuido de la disponibilidad de medicinas para otras enfermedades de la crisis social.
La oposición ha mostrado su pequeñez frente a los problemas de la crisis misma y al tema central de la actual coyuntura electoral: no se debe tratar de vencer al bloque político del presidente López Obrador en la disputa por el control de la Cámara de Diputados, sino debatir la crisis final del sistema/régimen/ Estado/Constitución y la necesidad de definir los tres objetivos de la poscrisis: un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo Estado y una nueva política económica.
En términos de coyuntura, las recientes presiones del gobierno de Biden están descolocando la estrategia de seguridad del gobierno lopezobradorista. La aparición de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada de la Agenda México representa la fase más grave de intervencionismo estadunidense en asuntos mexicanos desde los años de Ronald Reagan (1981-1989).
En materia de seguridad, EE. UU. carece de una propuesta integral y sólo se basa en dos puntos: desatender la criminalización
y la cartelización de las bandas delictivas dentro de EE. UU. y centrarse en adicciones y tratar de asumir el control de una estrategia internacional subordinando políticas nacionales a las estadunidenses.
Las informaciones soltadas en EE. UU. sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación en México quieren llevar a Palacio Nacional al regreso a la guerra contra los cárteles que
se aplicó en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto y que dieron resultados efectivos en la liquidación de algunas dirigencias de bandas delictivas, aunque con el alto costo de homicidios. En EE. UU. consideran que
la estrategia lopezobradorista no ha bajado los homicidios dolosos, ha permitido el fortalecimiento de las estructuras criminales y sólo ha logrado recuperar algunas partes territoriales de la república.
La Cámara de Diputados y el Senado tienen facultades legales y políticas para formar un frente común con el gobierno federal ante la ofensiva de alto nivel de la Casa Blanca contra políticas nacionales de seguridad, pero el congreso ha exhibido su pequeñez luchando por pequeñas parcelas de poder electoral y por posiciones legislativas que en estos años no han servido a los intereses de la república.
POR CARLOS RAMÍREZ
@carlosramirezh