TAMAULIPAS.- Un grupo de cooperativistas pesqueros del sur de Tamaulipas revelaron que habría más de 70 personas inscritas en programas de asistencia social de forma ilegal.
Los pescadores aseguran que intepusieron una demanda contra la delegada de Programas Federales.
Mario Marin, representante legal de la cooperativa «Muelle de San Blas» del sur de Tamaulipas, informó lo anterior y dijo que estarían recibiendo apoyos económicos por el orden de los 7 mil 200 pesos, durante el proceso de la veda del camarón.
» Es contra, titular, la sub delgada de Bienestar en el sur de Tamaulipas ; A quien ya también se denunció. Ella si podemos decirle con toda la libertad. Se denunció en la Fiscalía General, allá en la Ciudad de México y se denunció, igual en la Función Pública y Derechos Humanos por omisión en el desempeño de sus funciones «.
Explicó que fue interpuesta la denuncia porque detectaron que hay registro de personas que no son pescadores y que tienen acceso a recursos económicos generados a través de programas de asistencia social de la Federación.
» ¿Porque por omisión?, por qué hay muchas gentes que no son pescadores y están cobrando, usurpando un concepto que no les corresponde.».
El representante argumentó que se trata de familiares de la Subdelegada de Programas Federales.
«Familiares de Elizabeth Cruz, trabajadores… esposos de sus empleadas. Son muchas las anomalías. Ya se presentaron las pruebas allá» comento.
Marin, dijo que se tiene un registro de aproximadamente 70 personas que reciben asistencia económica durante la veda del camarón en la zona sur de Tamaulipas, sin pertenecer a un gremio debidamente registrado o dedicarse a la pesquería.
» Tenemos nosotros extraoficialmente, registro de alrededor de 70 personas , que estan ahí de ‘aviadores’, esa es la palabra.» agregó.
Estas personas, advierte que estarian cobrando 7 mil 200 pesos durante el tiempo en que se registra la veda del camarón en el Golfo de México
Incluso, expuso que habría empresarios del sector pesquero, involucrados en la obtención de recursos de carácter público.
Por Jose Luis Rodriguez Castro/ La Razón
