Dígase lo que se diga todas las mañanas, muchas son las similitudes de la presente administración con las del pasado que dice querer dejar atrás. Ahí están el uso político y clientelar de los programas sociales, el desvío de recursos, el hábito de cambiar discrecionalmente las partidas presupuestales aprobadas por la Cámara de Diputados, el abuso en las asignaciones directas para compras gubernamentales y obra pública, la compra directa del voto o la subordinación del partido en el Poder Legislativo a los caprichos presidenciales. Por mencionar algunas.
Entre ellas, las peores son el uso político de la justicia, la simulación en el combate a la corrupción y la impunidad y la de una Fiscalía supuestamente autónoma que sigue siendo una extensión del Poder Ejecutivo. Como a los gobiernos anteriores, a éste tampoco le ha interesado fortalecer las instancias de procuración y administración de justicia.
A la Fiscalía, pieza fundamental en el combate a la corrupción y la impunidad, no solamente le han disminuido los recursos presupuestales, sino que los que recibe no se gastan. En comparación con 2018, la FGR ha tenido un recorte del 8% en su presupuesto y, tan sólo en el primer semestre de este año, se registra un subejercicio de 33% o 2,740 millones (https://bit.ly/3DfjdW8).
En el uso político de la justicia, apenas esta semana la nueva administración, por no decir el Presidente, nos ha regalado una muestra más de su proceder y de la continuidad de los usos y costumbres de los gobiernos que tanto les gusta denostar. Esto, sin siquiera guardar las formas y eligiendo al mismo personaje que en su momento
escogió el expresidente Peña Nieto: Ricardo Anaya. Con un agravante, es el único personaje de la oposición que ha levantado la mano para ser candidato en 2024, lo cual recuerda el caso del desafuero del que fue objeto el propio López Obrador cuando era jefe de Gobierno.
Recomienda el Presidente a Anaya —que el pasado lunes le dedicó más de 30 minutos de su valioso tiempo— que encare la justicia, que declare, que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad, que no se ampare, que se presente al citatorio. Extraña recomendación de un Presidente que dice que el Poder Judicial “está podrido”.
Desde luego que hay que apoyar la apertura de carpetas de investigación si se presume la comisión de un delito.
Pero también hay que apoyar que la justicia no sea selectiva. Si, como dice el propio Presidente, el exdirector
de Pemex presentó una denuncia no de uno, sino de más de 60 presuntos delincuentes que recibieron sobornos, ¿dónde están el resto de las carpetas de investigación?, ¿dónde el resto de los citatorios?, ¿dónde los de las decenas de expresidentes, exgobernadores, gobernadores, legisladores, secretarios de Estado y empresarios que obran en la denuncia de Lozoya?, ¿dónde los de Pío y Martín López Obrador o los de David León y Felipa Obrador?, ¿dónde están los presuntos corruptos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? No sé si algunos o todos los que aparecen en la lista de Lozoya son inocentes o culpables, pero sí puedo hacer
la siguiente pregunta: ¿puede y debe uno seguir el consejo del Presidente y encarar la justicia, declarar, defenderse, no ampararse y presentarse al citatorio “de la Fiscalía o del juez”. Sí. Si viviéramos bajo un régimen de Estado de derecho.
¿Usted lo haría? Eso hizo Rosario Robles y así le fue. Fue encarcelada por un delito que no merecía prisión preventiva. Un juez la dictó por riesgo de fuga, dado que contaba con “los recursos suficientes para salir del país” y dado que “no acreditó vivir en el domicilio que ella reportó”.
La ley dice que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado y que si, cumplido este término, no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso. La fecha se cumplió el pasado 13 de agosto y ella sigue en la cárcel.
En realidad, la litis no es si Ricardo Anaya cometió un delito. La litis es que López Obrador sigue los pasos de sus antecesores. Si hay pruebas, que se exhiban. Si hay delito, que se castigue. Si hay juicio, que lo siga en libertad, porque los delitos supuestamente cometidos no merecen prisión preventiva oficiosa. En el sexenio de Peña Nieto no se pudieron probar los presuntos delitos imputados a Anaya. Pero al menos no lo aprehendieron ni le dictaron prisión preventiva. Eso sí, le echaron todo el peso del Estado y dañaron irremediablemente su campaña y su reputación. Está por verse si ahora los prueban. Lo que desgraciadamente no está por verse es que el Presidente falta a la verdad cuando dice que “Ya no es el tiempo de antes; puede haber políticos presos, pero no presos políticos”.
@noriko7009
