Como un tsunami corren las versiones sobre cambios importantes que se fraguan en el ejecutivo y legislativo para dar un giro a la política social en la mitad del camino sexenal, la 4T, antifeminista a todas luces, estaría a punto de desaparecer instituciones y programas con diseño de políticas de género.
Las primeras señales de alerta las envían las feministas Martha Tagle, exlegisladora y Patricia Olamendi, defensora de los derechos humanos de las mujeres.
“Con el pretexto de la austeridad, López Obrador planea asestar el golpe final para desmantelar la política pública para la igualdad, el Inmujeres dejaría su autonomía para incorporarse a Gobernación” escribe Tagle en un tuit para remitirnos a la columna de Martha Anaya del Heraldo de México, en esta se advierte de la reestructuración en Gobernación, “una Segob más fuerte en lo político, pero con menor peso en la protección de derecho humanos”.
Tras la salida de Olga Sánchez y con la llegada de Adán López, paisano, amigo y leal a López Obrador lo que viene es una serie de cambios administrativos en el área política más importante del gobierno, un golpe de timón, que, justificado en la austeridad, vendría a fusionar o eliminar de tajo varios organismos descentralizados, como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Conapo, Conapred y el Sipinna, entre otros.
Desde luego que para desmantelar o fusionar cualquiera de estos órganos desconcentrados del gobierno federal, se habrán de plantear iniciativas de reformas en el legislativo federal, con la participación de los funcionarios de hacienda y las áreas de interés a derrocar. Aunque Tagle sostiene que algunos de estos cambios no requieren siquiera una reforma constitucional.
El Inmujeres, que el mes pasado festejo 20 años, presumió que este gobierno estableció sus bases con la participación de todas las mexicanas, pero el primer año de este sexenio estuvo acéfalo, luego llego Nadine Gasman y le tomó un año recorrer el país con foros de opinión para reunirse con colectivas y recoger peticiones para así arrancar su operatividad y en esas estaba, cuando deberá enfrentar estos cambios radicales, y no es la primera vez que se intenta su cancelación, Peña también lo sugirió, pero no se concretó.
Adelantados a las reformas nacionales, Baja California Sur y Jalisco son dos entidades que ya reformaron sus códigos para la desaparición de los institutos municipales de la mujer. En otras entidades, las áreas destinadas a la política pública con visión de género son sólo elementos de ornato que se activan en campañas políticas o que se relegan para actividades sociales.
Apenas en el mes pasado Gasman prometió que como “feministas siempre queremos más” y convocó a todas las mujeres del país a sumar esfuerzos para una mayor presencia e influencia en la toma de decisiones, asegurando que para el Gobierno de México es fundamental “no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera” y esto incluye las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
Sin embargo y tras revelarse el plan federal para desaparecer instituciones, sin ton ni son, y con esto borrar del mapa programas y acciones de equidad de género, Gasman no ha salido en defensa de las mujeres. Son las activistas feministas las primeras en alzar la voz.
Al concretarse este plan, y como sabemos de la terquedad del presidente, así será, este sería el tiro de gracia para abandonar a las mexicanas a su suerte, el primero fue al descontar grandes sumas de dinero a los presupuestos de los órganos que deben atender a la población en situación de vulnerabilidad y quitar apoyos a las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en las mujeres.
POR GUADALUPE ESCOBEDO CONDE