ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El asesinato de Rosa Angélica y sus dos pequeños hijos de 8 y 5 años de edad sigue sin esclarecerse y aún no hay justicia para las víctimas.
La Colectiva Feminista mujer Manglar pidió a la Fiscalía General de Justicia que continúe con las investigaciones para saber quién o quiénes mataron a la joven y a sus dos pequeños hijos.
Tras la puesta en libertad de William Gabriel el cerrajero originario de Cosoloacaque Veracruz quién había sido detenido por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas como presunto responsable del triple crimen, hasta el momento sigue sin resolverse.
“Nosotros siempre hemos denunciado que la Fiscalía no integra bien las carpetas de feminicidio y desde un principio la propia familia había denunciado ciertas anomalías en la investigación” explicó Martha de la Cruz una de las integrantes.
Reiteró que se alegran qué William Gabriel haya quedado en libertad luego de demostrarse que no tuvo nada que ver en este triple crimen, pero insistieron en que es necesario que sigan las investigaciones para dar con los responsables.
“Queremos que Rosa Angélica y sus dos hijos tengan justicia, dicen que hay dos personas confesas pero no se ha transparentado bien el proceso y no sabemos si se le imputan cargos o no, además de que ni siquiera están en Tamaulipas” explicó.
Reiteró que en casos de feminicidio no hay un seguimiento formal y no se integran bien las carpetas de investigación y esto que sucedió en este este caso, donde habían detenido a una persona acusada del triple crimen y después lo dejaron libre es un ejemplo de ello.
“Nosotros pedimos que investiguen bien, que se esclarezca y que dicten una sentencia formal y seria para sentar precedente de que a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas si les interesan las vidas de las mujeres” señaló .
Familiares y amistades de la joven y sus dos pequeños hijos siguen llevando flores al pequeño altar que fue improvisado desde el segundo día en que fueron descubiertos sus cuerpos en la calle Navarra del fraccionamiento Haciendas lI en Altamira.
Por Silvia Mejía Elías / La Razón