TAMAULIPAS.- La política que el gobierno federal ha implementado desde el primer día de su gestión para enfrentar el grave problema de la inseguridad que afecta a millones de mexicanos, se ha convertido en el principal motivo por el cual el país está cubierto de sangre.
La violencia es hoy igual o peor que en los años del Priato, porque existe la ausencia de una estrategia oficial de la autollamada Cuatroté para combatir a los grupos delincuenciales y proteger a los ciudadanos. Eso, viendo con objetividad el asunto, no es otra cosa que indolencia y si se va más allá, complicidad del Estado con los criminales.
En el gobierno que prometió transformar a México, en el que por decreto se dice que la corrupción fue extinguida, que la impunidad se acabó y que la paz prevalece gracias a la doctrina de “abrazos, no balazos”, la realidad golpea brutalmente el rostro de quienes por incapacidad no han logrado avanzar siquiera un poco en el cumplimiento de las promesas realizadas a los ciudadanos.
Datos como los que la empresa especializada TResearch compila a diario para mostrarnos la terca realidad que se impone al discurso oficial, nos muestran el grado de descomposición que vivimos como nación y la indignante, absurda y desesperante ineficacia de los responsables de garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad y la integridad física y patrimonial de los mexicanos.
Leía ayer un reporte que TResearch difundió masivamente esta semana, en el que se precisa que superamos hace días la cifra de 104 mil muertos a causa de la violencia en el país. Más de 104 mil personas que se suman a las que han perdido la vida como consecuencia de la pandemia por Covid, que ha sido manejada pésimamente por las mismas autoridades federales.
Los homicidios dolosos en los tres años de gobierno de López Obrador ya son escandalosamente más, muchos más que los que se reportaron oficialmente en el mismo período de las administraciones del PAN y del PRI de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
En esos tiempos, la Federación tenía una política de combate frontal al crimen organizado -en el caso de Calderón- y de tolerancia soterrada, aunque con algunas acciones distractoras en la de Peña. Como fuera, en ambos gobiernos hubo más resultados en la aplicación de la ley al combatir a grupos delincuenciales, que lo que vemos ahora en una administración que se dice diferente, honesta y comprometida con los mexicanos.
Los números son fríos, ahí están y permiten comparar los resultados de “los corruptos” con los de los ineptos. Los abrazos provocan sangre, mucha de ella inocente. La renuncia del gobierno de la autollamada 4T a su atribución de aplicar la ley, enfrentar a los criminales y preferir la complicidad mediante la indolencia, le está costando al país hasta ahora, más de 104 mil vidas. Y la cifra va a seguir creciendo, lamentablemente.
No es el único aspecto en el que por donde se vea, el nuevo régimen que se autoproclama como transformador está resultando peor que lo que tanto criticó. Sin soslayar la tolerancia a los casos de corrupción de familiares y funcionarios favorecidos -sí, como con el PRIAN-, lo más escandaloso quizá sea la permisividad con la que se deja actuar a grupos al margen de la ley que operan impunemente, con la complacencia de las autoridades federales, cometiendo todo tipo de tropelías.
Apenas se cumplirán 3 años de gobierno en menos de un mes, pero el saldo hasta ahora es sangriento y peor, mucho peor, que en los gobiernos del PRI y del PAN que tanto se han criticado.
LOZOYA, HASTA AHÍ LLEGÓ LA LIGA
La decisión de un juez, de dictar ayer prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción mientras estuvo al frente de la empresa productiva del Estado, es el límite de la resistencia de la liga que estiró el exfuncionario.
Lozoya fue visto hace casi un mes cenando en un lujoso restaurante de la capital mexicana, a pesar de que según el gobierno federal estaba bajo arraigo domiciliario, debido al proceso que enfrenta en libertad.
Eso se deriva de acuerdos que el exdirector de Pemex hizo con el gobierno de la autollamada 4T, a través de la Fiscalía General de la República, para no pisar la cárcel a pesar de lo grave de los presuntos delitos que admitió haber cometido, a cambio de acusar a diversos personajes.
El caso Lozoya ya se había convertido para el Presidente López Obrador y para la autollamada 4T en un tema incómodo, molesto y motivo de fuertes cuestionamientos sobre los criterios para hacer tratos con presuntos delincuentes, mientras que a adversarios políticos se les persigue con todo el rigor de la ley y hasta con sesgos en la interpretación de la misma.
El exdirector de Pemex está asociado a acusaciones de presuntos actos de corrupción en los que intervino la empresa brasileña Odebrecht, durante el sexenio pasado
A BARLOVENTO / TOMÁS BRIONES
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021
