VICTORIA, TAM.- A pesar de las leyes electorales que obligan a la fiscalización de los ingresos y los gastos de los partidos políticos y candidatos, sigue existiendo un vacío legal que permite el manejo a discreción de dinero en efectivo, cuyo origen es muy difícil de determinar.
En las elecciones del 2016 para las gubernaturas por ejemplo, un estudio de Mexicanos contra la Corrupción arrojó que por cada peso gastado que se reportó en las campañas, en realidad se utilizaron 15 pesos.
Ante esta situación, las autoridades electorales piden a los partidos y los ciudadanos denunciar los actos que consideren que están fuera de la ley para poder intervenir y al mismo tiempo les hacen un llamado para que manejen sus finanzas dentro de lo permitido.
El problema es que a pesar de que cuentan con unidades de fiscalización, no se dan abasto para monitorear al 100 por ciento el gasto que pudiera detectarse en las actividades proselitistas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), argumentan que hacen lo que les corresponde para descartar cualquier irregularidad, pero no siempre es suficiente.
Para ampliar la fiscalización debe mediar la denuncia, no pueden basarse en supuestos, reitera la presidenta del INE en Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez: “Debemos llamar a la denuncia; cuando se presenta nos permite hacer una investigación y allegarnos de elementos, el instituto tiene la posibilidad de franquear el secreto bancario, ese es el gran problema, solamente se presume, se dice, trasciende pero no hay denuncias”. Advirtió que mientras no tengan elementos objetivos, no pueden iniciar una investigación de oficio, pero cuando se ha hecho una denuncia y el Instituto ha encontrado actividades no reportadas, “ha cancelado incluso candidaturas a gubernaturas”.
Sobre el financiamiento hay posturas en dos vertientes, una encaminada a limitar el financiamiento al recurso público y otros que apoyan el financiamiento público. “Es bueno que se estén advirtiendo estos riesgos… hay iniciativas para que se elimine el financiamiento público o se reduzca drásticamente, pero los partidos no tienen posibilidades de competir y hacer campaña sin recursos”.
Todo dinero público que entra a campañas o precampañas es rastreable, se sabe a dónde va, pero la ley permite complementar con financiamiento privado, este debe ser transparente, con emisión de recibos, porque cuando no se reportan esos ingresos no pasa por el sistema financiero electoral.
“En el INE sabemos que efectivamente no todo se hace con operaciones y por eso el instituto ha tomado iniciativas de llevar a cabo un monitoreo, sale a los eventos para detectar qué es lo que están gastando, en eventos casas de campaña e incluso el gasto de medios impresos, electrónicos e Internet para ver dónde están gastando”.
RECURSOS PRIVADOS A VIGILANCIA: IETAM
Los procesos electorales siempre tienen margen de mejora, como en el rubro de poder detectar en tiempo real operaciones inusuales que no estén siendo objeto de fiscalización, dijo José Ramos Charre.
El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), advirtió que “siempre se ha afirmado que el financiamiento público es virtuoso, la ley establece con claridad que el financiamiento a los partidos políticos como entes de interés público es predominante sobre otro tipo de financiamiento”.
Hay enfoques de orden académico que señalan, que en la medida en que se abandona el régimen de financiamiento público y se abre la posibilidad de que el financiamiento privado sea el único o el predominante, “la autoridad electoral y más en fiscalización tienen que estar muy al pendiente de que el origen de los recursos sean lícitos”.
En la estructura del Instituto opera la Unidad Técnica vinculada al INE para esos procesos de fiscalización, pero ofrecen apoyo operativo exclusivamente y en base a sus posibilidades presupuestales. Para evitar señalamientos de vínculos o recursos ilícitos en el proceso para la elección de gobernador en 2022, la fiscalización debe realizarse en tiempo real, advierte.
“Nuestra legislación establece con claridad la sanciones a las que se hacen acreedores los partidos políticos y las candidaturas… creo que los actores políticos tienen que conocer cuáles son sus obligaciones y estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos y que ellos mismos cierren las puertas a cualquier tipo de financiamiento que no tenga un origen lícito”. También se pronunció a favor de la denuncia cuando se detecten situaciones irregulares, aunque aceptó que son acciones que no se presentan de manera pública.
FISCALIZACIÓN DEBE SER OPORTUNA: PAN
Por su parte, representantes de partidos políticos piden lupa transparente para la revisión a recursos que entran a las precampañas y campañas políticas, la opacidad actual ha generado que ingrese dinero ilícito. Luis Tomas Vanoye representante del PAN ante las autoridades electorales, señaló que para una mayor transparencia y evitar que ingresen recursos de procedencia ilícita a las campañas es necesario que la fiscalización sea oportuna.
“Es un punto muy interesante, porque nos damos cuenta cómo el financiamiento ilícito o ilegal; que se da por fuera de la ley se da, hasta después de que sucede”. “Se debe detectar a tiempo, el INE debe contar con herramientas que permitan la fiscalización oportuna para detectar gasto excesivo o bien de origen desconocido o ilegal”.
Desde su punto de vista, será complicada la revisión para las campañas de gobernador que están en puerta en Tamaulipas, debido a que el IETAM está abriendo las chequeras privadas a los precandidatos y candidatos. “Va a ser complicado pero ojalá se cuente con mejores herramientas de fiscalización para evitar en lo sucesivo hechos como los que se acaban de salir a descubierto”, además se pronunció por la denuncia pública de estas irregularidades.
CAMPAÑAS SOLO CON DINERO PÚBLICO: PT
Alejandro Ceniceros Martínez del PT, dijo que es necesario ampliar la forma de fiscalizar los recursos que ingresan a las campañas políticas, en la actualidad la lupa es opaca.
El PT ha pugnado desde hace años por eliminar el financiamiento privado, si se trabaja únicamente con el financiamiento público es mucho más fácil fiscalizar, pero el IETAM aprueba gastos exagerados de 31 millones de pesos para precampaña. “Es algo exagerado y va a ser de puro recurso privado, eso hace que puedan entrar recursos no lícitos o aunque fueran lícitos quién le mete a una campaña esa cantidad de dinero es porque piensa recuperarla de alguna manera”.
Cuando se trabaja sólo con recursos públicos se garantiza que haya equidad, que todos tengan las mismas condiciones, por lo que consideró necesario reformas electorales en materia de financiamiento y fiscalización.
LO QUE DICE LA LEY
La Ley Electoral de Tamaulipas y la Ley General de Partidos establecen la manera en la que se financiarán las campañas políticas, que puede ser con recursos públicos y privados.
La primera norma indica que nunca el financiamiento particular podrá ser superior al público. De entrada, para las aportaciones de los candidatos, militantes y simpatizantes, pone un tope del 10% del tope de gastos de campaña de la elección anterior.
Como la última elección de gobernador -la del 2016- hubo un tope de 103 millones de pesos, para el 2022 se pondría un límite de 10.3 millones de pesos para las aportaciones privadas que podrían recibir los candidatos. Sin embargo, operadores políticos coinciden, en que esa cifra se queda muy por debajo de las cantidades que de verdad se manejan en una campaña para una gubernatura.
El problema, en el que coinciden las autoridades, es que buena parte de esos recursos se manejan en efectivo y por lo tanto evaden todos los controles y fiscalizaciones que obliga la ley.
El más importante, es que es casi imposible comprobar la licitud del origen del dinero. La Ley de Partidos los obliga a “expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante”.
En el caso de cheques o transferencias bancarias, la cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante. “Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento”.
Mientras que las aportaciones en especie “se harán constar en un contrato celebrado entre el partido político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar factura en la que se precise la forma de pago”.
Los partidos deberán entregar una relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación.
POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA
